N° 1852 - 28 de Enero al 03 de Febrero de 2016
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Los juicios ciudadanos sobre las gestiones de sus gobernantes suelen depender naturalmente de simpatías o antipatías políticas. Del carisma de cada gobernante, de las decisiones y acciones ejecutadas y del impacto que han tenido o tienen sobre la vida de la gente. Pero esos juicios, contemporáneos a la gestión, quedan sometidos a revisiones posteriores en función no solo de la perspectiva que da el paso del tiempo, de una valoración más adecuada del cuadro de realizaciones, omisiones y materias que quedaron pendientes. También del conocimiento de hechos nuevos que, habiendo sido mantenidos bajo un manto de reserva durante cierto tiempo, terminan tomando estado público cuando se produce el alejamiento del poder. Un proceso de “maduración” de los juicios ciudadanos.
En una nación democrática, la formación de la opinión pública es un proceso dinámico, en constante evolución. Es parte de la vida política. Ni siquiera en términos históricos hay un juicio absoluto, definitivo. Al fin y al cabo todo juicio depende de una mirada, una valoración siempre subjetiva, personal, irrepetible a partir de la información disponible.
A menos de un año del cambio de gobierno —para el caso un simple relevo entre políticos de un mismo partido— han ido emergiendo, a la vez que desprolijidades varias de la administración saliente, decisiones cuestionables y una situación económica y política que dista mucho del cuadro que pintó el oficialismo durante la campaña electoral.
Las nuevas autoridades han tomado distancia de decisiones promovidas con bombos y platillos por el anterior gobierno o han enlentecido la aplicación o la instrumentación de algunas de esas medidas.
Estos hechos, además de las constantes diferencias y choques dialécticos en las filas oficialistas, así como del locuaz protagonismo de Mujica, ahora sin el peso y la autoridad que le otorgaba la investidura, han llevado a muchos ciudadanos a revisar sus juicios sobre el anterior gobierno, sobre la gestión y la personalidad del ex presidente.
Las primeras señales de este cambio, que supone la pérdida de influencia política, fueron apreciables en las pasadas elecciones departamentales, cuando candidaturas como las de Lucía Topolansky en Montevideo y de Luis Fratti en Cerro Largo, fracasaron rotundamente pese a haber sido endosadas abiertamente por el ex presidente, lo cual ocurrió a solo tres meses de haber entregado el mando (y asumido como senador).
El deterioro de la situación fiscal heredada por el gobierno de Tabaré Vázquez, las cuantiosas pérdidas acumuladas durante su mandato por una empresa monopólica como Ancap, y los penosos pretextos con que el ex presidente pretendió minimizar y justificar la mala administración, o las no menos cuestionables excusas a las que apeló para tratar de deslindar responsabilidades, son solo mojones que se suman a una larga lista de episodios y manifestaciones públicas desoídas, disculpadas o perdonadas en su momento en función de presuntas “buenas intenciones”.
El “caso Ancap” no es un caso aislado de mala administración —y de pérdidas que se trasladan a los contribuyentes— o de intentar lavarse las manos. Le precede el “caso Pluna”, cuyo cierre, presentado como un esfuerzo por evitar costos adicionales sobre las finanzas públicas, determinó pérdidas mayores que aún hoy, tres años y medio después, se desconoce a cuánto ascienden. Tampoco está claro por qué después del cierre de la aerolínea, en el afán de restablecer la conectividad del país, lo que se le denegó a Campiani le fue ofrecido y concedido a otras transportistas.
Ejercer funciones de gobierno implica tomar decisiones no siempre fáciles, asumir riesgos, y eventualmente incurrir en errores. Pero implica también asumir las responsabilidades cuando los resultados son, por ejemplo, como los de Pluna y Ancap.
Más allá de algunos garaganteos para la tribuna, Mujica ha esquivado su responsabilidad sobre estos y otros errores. Aun votantes del Frente Amplio, acostumbrados a escucharle responder una y otra vez durante años que “así como te digo una cosa te digo la otra”, expresión tan ambigua y cínica como sostener que en ocasiones “lo político está por sobre lo jurídico”, no pueden pasar por alto hoy que la verborragia envolvente del ex presidente resulta cada día menos convincente. Sobre todo porque su discurso interfiere o choca con los planes del nuevo gobierno.
Es imposible no reconocer la capacidad de seducción que ha ejercido Mujica sobre decenas de miles de compatriotas con un hablar llano, ajeno a la retórica política tradicional. Un decir entrador que ha cautivado a públicos poco informados y a un periodismo local e internacional que reverencia —y se posterna— a un político que vive modestamente, desprendido de bienes materiales, tiene una historia de vida interesante y aborda los grandes problemas y desafíos de la humanidad desde un enfoque simplista, que expresa lo que sabe que el público quiere oír en un mundo sacudido por la extensión de prácticas corruptas y engañosas.
Pero con el paso del tiempo el palabrerío envolvente cede paso a un reflexión más serena y madura. Un juicio que otorga a la palabra el valor del decir, pero que se atiene y fundamenta en los hechos, las realizaciones.
La lectura del discurso que Mujica pronunció ante la Asamblea General el 1º de marzo de 2005, en el que fijó los objetivos de su gestión es un buen punto de partida para contrastar los dichos con los hechos.
“Educación, educación y educación… Y más educación”, prometió entonces. Los estudios y evaluaciones oficiales describen hoy los desastrosos resultados educativos: repetición, deserción, pérdida de horas de clase, pobre comprensión lectora aun en jóvenes que acceden a estudios terciarios, etc. Como única excusa el ex presidente alega: “no me llevaron” los modestos cambios que propuso.
La principal obstrucción a los cambios no provino de una inefectiva oposición, sino de sus propios correligionarios frenteamplistas y sus amigos del corporativismo sindical.
Prometió resolver los problemas de inseguridad pública, mejorar la prestación del servicio público de la salud, acordar políticas de Estado con todos los partidos, que al final de su mandato los trenes volverían a correr a 45 kilómetros… Y pudo apoyarse para ello en la mayor bonanza económica que vivió el país en más de medio siglo.
Cuando se le interpela por las pérdidas de Ancap le traslada la responsabilidad al equipo económico que no accedió a aumentar las tarifas. Un día responde que él no quería la creación de la comisión investigadora (como si ese fuere el problema), otro se queja de tanto barullo por “un asiento contable” y un tercero que fue una “chambonada” financiera.
Impropio de alguien a quien la ciudadanía le confió la máxima responsabilidad para conducir el país y custodiar el cumplimiento de la ley y el empleo de los recursos públicos. Los ciudadanos esperan respuestas más serias.
Pero no puede sorprender de quien, en la conmemoración oficial del 60º aniversario del asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 2013 en Santiago de Cuba, aludió a “las chambonadas que hemos cometido” en el pasado para referirse a la decisión de seguir el camino revolucionario y tomar las armas para asaltar las instituciones democráticas. Chambonada y pico.
¡Vaya chambonadas las del Pepe! ¡Y hay quien lo compara con José Batlle y Ordóñez!
