Nº 2133 - 29 de Julio al 4 de Agosto de 2021
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáVivimos apabullados por etiquetas que se despliegan con liviandad y arbitrariedad. La Real Academia las identifica como “calificación estereotipada y simplificadora”. Es la vía que habitualmente se utiliza para menoscabar y cuestionar a quien se ubica en la vereda opuesta mediante machacantes vocablos agitados para atribuir mala intención casi delictiva.
Sucede con la palabra presión, un estereotipo que repiten hasta la saciedad tirios y troyanos. Incluso sectores con calificación cultural como la Asociación de Fiscales, que la utilizó para cuestionar opiniones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y de la senadora blanca Graciela Bianchi.
En el terreno partidario también lo hizo el intendente frenteamplista de Canelones, Yamandú Orsi. Armó un melodrama y acusó al gobierno de ejercer presiones sobre ediles blancos y colorados para que no votaran el fideicomiso destinado a obras en ese departamento. Hace años que no ejerce, pero como profesor de Historia bien sabe que desde el nacimiento de la democracia las presiones a políticos y entre ellos son habituales e inevitables en las negociaciones partidarias. En eso se basa la actividad política: iguales reglas de juego democráticas para unos y otros e inevitables lobbies a derecha e izquierda.
Esopo, el incomparable fabulista, estableció que “las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada”, son etiquetas vacías de contenido que la realidad termina por desvirtuar. Resulta obvio que los argumentos de esta columna nada cambiarán y seguirán en sus trece utilizando ese cliché (muletilla, lugar común o trivialidad, como prefiera) para aparecer como víctimas. Quienes adhieran tampoco razonarán mucho sobre el fondo porque los domina la emocionalidad partidaria. La cuestión militante es “pegarle” al rival.
Lo de Canelones va por un carril diferente al de Heber y Bianchi, que transita en el ámbito legal. Ambos cuestionaron el pedido de procesamiento de dos policías que en Durazno persiguieron a un motonetista que desoyó la reiterada orden de detenerse. Al fugar se estrelló contra un árbol y murió. La fiscal Bárbara Zapatero pidió imputarles homicidio en reiteración y abuso de funciones porque sus actos fueron arbitrarios, “reñidos con las potestades que establecen la Constitución y la ley a los funcionarios policiales. En el ejercicio de esos actos, ocasionaron un perjuicio a una persona que la llevó a la muerte y también un perjuicio al buen funcionamiento de la actividad profesional y policial”.
Para Heber eso “ata de pies y manos a la Policía”. Añadió: “¿Dónde vamos a quedar entonces? ¿No podemos perseguir a alguien que es sospechoso? Incluso para pararlo y pedirle documentos”. La muerte parece responsabilidad (o irresponsabilidad) del motonetista, pero la fiscal argumenta que fue forzado a acelerar su vehículo porque lo perseguían.
Sin explicarlo Bianchi señaló que Zapatero trabajó como secretaria de la senadora Lucía Topolanski. Entre 1971 y 2014 la ahora senadora blanca militó en el Frente Amplio y conoce el entorno. No lo dijo, pero la referencia parece apuntar sobre las facultades que la Ley de Urgente Consideración (LUC) les otorga a los policías.
El gremio de fiscales que preside William Rosa les salió al cruce. Admitió que las decisiones “puedan ser objeto de distintas opiniones”, pero le reclamó a políticos y gobernantes “ser cautos en sus expresiones”. ¿Implica para los juristas falta de cautela que alguien se exprese libremente sin violar la ley y amparado por la Constitución?
Los fiscales advirtieron que “no deberían existir presiones de ninguna clase sobre aquellos que recae la responsabilidad de ejercer la acción penal” y reclamaron “respeto por la carrera funcional y la independencia técnica de ejercer la acción penal”. ¡Qué corno tienen que ver la independencia y la carrera de los fiscales con la libertad de expresión de los gobernantes o de cualquier ciudadano!
Sobre un asunto similar un colega español reflexionaba: “En la tormenta de posverdad que arrecia sobre la sociedad y con los nubarrones de activistas en redes con múltiples perfiles abiertos para encumbrar o desprestigiar, la propagación de etiquetas resulta más sencilla. Ya no hace falta que las orqueste el sanedrín de un grupo político; basta con que surjan de una agrupación para que su efecto pueda multiplicarse”. Tal cual.
Seguramente, alguien opinará diferente, por eso vale recordar el uso de presiones a través de habituales hechos cotidianos.
Desde que el mundo es mundo hijos y padres se ejercen presiones. Lo mismo hacen maestros y profesores sobre sus alumnos. Presión desarrollan los sindicatos sobre los gobiernos. Los gremios presionan para defender a sus afiliados. También presionan las organizaciones sociales para obtener cambios. La presión se aplica sobre los políticos para aprobar o derogar leyes. Las empresas ejercen presión sobre el Estado para reducir costos. Presión se ejerció para juntar firmas contra la LUC y presionan el fiscal de Corte y el gremio de fiscales para reclamar más recursos en la Rendición de Cuentas.
Esas y más presiones están en el orden del día en los cuatro puntos cardinales de la sociedad. Está bien que ocurran porque son fundamentales para negociar y mantener equilibrios. Todos tenemos derecho a presionar y el mismo derecho tienen los presionados de rechazarlas. O de admitirlas, si los convencen. Reglas de juego de la democracia.
La Academia describe la presión como la “fuerza moral o influencia ejercida sobre una persona para condicionar su comportamiento”. Es posible resistirlas como las represas bien construidas que contienen la fuerte presión del agua. Pero hay que tener convicción, firmeza y dignidad. Quien no las tenga que se dedique a otra cosa.
Y no me vengan con la muletilla de que hay presiones debidas e indebidas. Las únicas indebidas son las que se ejercen con insultos o violencia material. No existieron en Canelones y tampoco las pronunciaron Heber y Bianchi.