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Son muchos. Sobre todo si se tiene en cuenta que Uruguay es un país de renta media-alta, que cuenta con un sistema de protección social amplio y que presenta niveles de informalidad y desigualdad comparativamente bajos.

Aun para quienes creen que la condición de ser pobre está muy ligada a la voluntad individual de las personas, es imposible sostener que niños, niñas y adolescentes que son pobres lo son por decisión propia. No es la falta de esfuerzo o la ausencia de hábitos lo que hace que un niño o niña sea pobre. Ellos no eligieron el hogar en el que nacieron. Por eso, cualquiera sea nuestra concepción de justicia, es imposible permanecer indiferentes ante la pobreza infantil.

Estamos obligados también a atacar este problema porque, como sabemos, los niños, las niñas y los adolescentes que crecen en la pobreza tienen menor acceso a alimentación, salud y educación adecuadas. Ello afecta su bienestar y desarrollo cognitivo, lo que condiciona severamente su vida adulta.

Enfrentar de forma decidida el problema de la pobreza infantil no es solo algo que está bien por razones de justicia, sino también porque es provechoso para la sociedad. La inversión para mitigar la pobreza tiene mayores retornos cuando se concentra en las edades más tempranas porque, al interrumpir su transmisión intergeneracional, se reducen gastos futuros.

En un mismo sentido, es posible sostener que un nivel elevado de pobreza afecta la tasa de crecimiento potencial de la economía e impone costos por la mayor necesidad de recursos destinados a transferencias monetarias, alimentación, salud, combate al delito y atención a la población en situación de calle.

En Uruguay, la pobreza infantil se explica porque los adultos que están a cargo de niños, niñas y adolescentes pobres son pobres. Y lo son porque tienen bajos niveles de capital humano y una inserción laboral frágil, que además está muy influida por el tiempo dedicado al cuidado de los menores. Lo anterior se ve agravado porque el 70% de los hogares con niños, niñas y adolescentes pobres tienen al frente mujeres. Ello es una limitación adicional para que el hogar acceda a un ingreso suficiente, dada la sobrerrepresentación de las mujeres en las tareas de cuidados.

Uruguay tiene un sistema de protección social potente, pero concebido para atender grupos de población que a lo largo de su vida han estado suficientemente integrados a actividades formales. En contraste, las personas que no tienen empleos formales o que tienen una integración intermitente a lo largo de su vida al mercado laboral no están cubiertas de forma adecuada por mecanismos de protección social como los seguros de desempleo y enfermedad o el sistema previsional contributivo. Esas personas son las que mayoritariamente están a cargo de hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes pobres de Uruguay.

Durante mucho tiempo se han desarrollado diversas herramientas para contener y ayudar a la población que no está comprendida por el sistema de protección social contributivo. La mayoría de ellas no tienen la potencia ni la capacidad (solas o combinadas) de dar una respuesta suficiente a la gravedad de los problemas que sufre la población destinataria.

Las dificultades que enfrentan los hogares en los que habitan niños, niñas y adolescentes pobres son a todas luces un fenómeno de naturaleza estructural. Ello exige que cualquier política que pretenda poner este tema en el centro de atención debe actuar en tres grandes frentes: el enfoque general del marco de políticas, el contenido específico de las iniciativas y la institucionalidad responsable de la agenda.

En relación con el enfoque, la clave es combinar herramientas generales y de amplio alcance, como las transferencias monetarias o los programas de empleo, con una mayor y mejor focalización de las políticas y los programas para atender situaciones extremas o que requieren ser priorizadas, como pueden ser, por ejemplo, adolescencia, salud mental, vivienda y espacios de convivencia ciudadana.

Sobre el contenido de las políticas para mejorar la situación de los hogares en los que habitan niños, niñas y adolescentes pobres, se requiere aumentar las transferencias monetarias, expandir la cobertura (personas y tiempo) del sistema de cuidados, promover oportunidades laborales de calidad para jefes de hogar e incentivar a los adultos a cargo de esos hogares a que transiten con éxito una educación formal accesible y adaptada a sus necesidades.

Finalmente, en el marco de la adecuación institucional necesaria para atender las prioridades de política para enfrentar la pobreza infantil, es fundamental fortalecer el rol del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) como articulador del universo de políticas y en algunos casos como ejecutor directo de las iniciativas.

Por supuesto que el abordaje de la pobreza infantil no es sencillo. Requiere afectar recursos, coordinar acciones, evaluar resultados y mucha flexibilidad para rectificar rumbos. Por eso, es injustificable desde todo punto de vista que no estemos dispuestos a ponerlo en el centro de nuestras prioridades. En primer lugar, por las personas que enfrentan condiciones de vida tan adversas e injustas. En segundo lugar, porque es vital para defender nuestro modelo de convivencia.

Aunque las estimaciones que se conocen al respecto difieren bastante todavía, es innegable que iniciativas como las resumidas aquí exigirán asignar más recursos para enfrentar el problema descrito (2). En un contexto de restricciones fiscales como el que seguirá imperando en Uruguay en los próximos años, la reasignación de recursos públicos, así como un mayor crecimiento económico al registrado en la última década, son vitales. Esa es la razón por la que la agenda de la pobreza infantil y la del aumento de la productividad de la economía deben ser las prioridades para el próximo período de gobierno.

(1) Primer semestre de 2023.

(2) Por ejemplo, el Fondo de Población de Naciones Unidas ha manejado un esfuerzo mínimo de 0,2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que Mauricio de Rosa, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, ha sostenido que la inversión requerida es de alrededor de un punto porcentual del PIB.

*El autor es economista, doctor en Historia Económica e integrante del centro de análisis Ágora.