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Durante el año 2018, el Estado uruguayo hizo varios llamados para cubrir 952 puestos de empleados públicos, entre becarios, pasantes y personal permanente. Para tales llamados se recibieron 360.879 postulaciones. Nada menos que 380 aspirantes por puesto. Un despropósito.
Este dato es escalofriante. Es la demostración más cabal del fracaso del socialismo, del fracaso de las “políticas sociales”, del fracaso del sistema impositivo, del fracaso de los consejos de salarios, del fracaso de la “cultura del trabajo”, y también del emprendedurismo y del deseo de superación individual. Luego de una década de bonanza, no han logrado sentar las bases para que la actividad privada despegue definitivamente.
Aspirar a un empleo público es bastante triste. Todos saben que se enfrentarán a burocracia, “burrocracia”, amiguismo y politiquerías varias. Pero aún así, siguen percibiéndose como los mejores empleos que ofrece el mercado: seguridad, inamovilidad, no se funden nunca (aún cuando gestionen espantosamente), poco esfuerzo, ventajas y privilegios por doquier.
En el año 2010 pasó algo similar. Para ocupar un cargo de ujier en el Parlamento (una mezcla de mozo, cadete y portero) se presentaron unos 170.000 postulantes. Ese mismo año, el Banco Santander lanzó el “primer concurso para emprendedores universitarios”, donde se recibieron solamente 53 proyectos, de los cuales, apenas quince, cumplían con todos los requisitos. Quince emprendedores contra 170.000 depredadores. Una batalla absolutamente perdida.
De acuerdo a la información publicada la semana pasada en Búsqueda, se estima que “los vínculos laborales con el Estado” al cierre del 2017, eran de unos 310.000 empleados públicos, pero como durante el año 2018 siguieron contratando gente, ahora deben ser unos 320.000.
Esto coloca a Uruguay entre los países con más empleados públicos de la región, con el 17,3% de la fuerza laboral trabajando para el Estado. Somos solamente superados por el nefasto régimen socialista-comunista de Venezuela, donde el 49,2% de los empleados son estatales, y la peronista Argentina, con el 19,10%. Chile, país más liberal del hemisferio, tiene apenas 2% de su fuerza laboral en la planilla estatal, lo cual los hace más competitivos que el resto.
Tenemos que entender que el Estado no es un genuino empleador sino un repartidor de favores. Utiliza las contrataciones públicas con fines políticos y tergiversa la realidad laboral, haciendo al empleo público más apetecible que el privado. Además, con estos “vínculos laborales”, disfrazan los números de una desocupación real en el sector privado, único y genuino generador de mano de obra productiva.
Este triste clientelismo fue lo que mantuvo al Partido Colorado en el poder durante casi 100 años, y —se suponía— que el Frente Amplio venía a terminar con tales malas prácticas. Pero las ha exponenciado.
Mientras estos 360.000 jóvenes aspiren a ser empleados públicos en vez de emprendedores, profesionales independientes, técnicos o comerciantes, estaremos anclados; no con una, sino con 360.000 anclas que nos impedirán avanzar hacia el futuro.
