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En la página web del Poder Judicial un calendario lleva la cuenta regresiva de los días, horas, minutos y segundos que faltan para que se ponga en marcha el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Hoy jueves son 65 días los que restan para implementar una reforma que cambiará de manera radical cómo se investigan y procesan los delitos en el país, que hasta ahora mantiene un sistema inquisitivo considerado obsoleto y poco garantista de los derechos humanos.
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Cuando el año pasado la Suprema Corte de Justicia asumió ante el sistema político el compromiso de acelerar los preparativos para poner en marcha la reforma en julio de 2017, la cuenta regresiva se publicó en la web a modo de dar una señal clara a todos los integrantes del Poder Judicial: había que trabajar a contrarreloj para cumplir la meta. Quizás por eso los ministros de la Corte mostraron cierto fastidio ante el anuncio de que la entrada en vigencia del CPP se postergaría unos meses.
El viernes 5 en la mañana, durante una recorrida por Melo, Cerro Largo, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que la reforma se atrasaría hasta noviembre. Días antes el jerarca había dicho en el Parlamento que valía la pena postergarla si eso implicaba que pudieran realizarse ciertos ajustes necesarios en la legislación.
Ese viernes en la noche el ministro de la Corte Ricardo Pérez Manrique participó en una jornada organizada por la Asociación de Magistrados y se refirió al tema. “Ahora parece que no sabemos cuándo va a empezar a regir el CPP, y esa es una de las preocupaciones de la Corte, en qué momento cerramos el escenario de un modelo legislativo en materia de proceso penal, que tengamos la certeza de que se va a aplicar, porque si se siguen proponiendo proyectos de reforma, nunca podemos dar un cierre. Nosotros pensamos que hay que aplicar el código tal como está aprobado y después de eso empezar a hacer los ajustes necesarios”, sostuvo.
“Nuestra posición es trabajar para empezar en julio. Pero según anunció la Fiscalía parecería que hay un acuerdo con el Poder Ejecutivo para postergarlo, y nosotros nos vamos a atener a lo que se resuelva”, dijo Pérez Manrique a Búsqueda.
Fuentes de Presidencia consultadas por Búsqueda aseguraron que lo “más probable” es que se proponga al Parlamento que la implementación se postergue unos meses, aunque aclararon que aún no hay una resolución formal del Poder Ejecutivo y que la última palabra la tiene el Legislativo.
El martes 9 los legisladores analizaron el tema en la Comisión de Constitución del Senado y expresaron que la idea es mantener la fecha de entrada en vigencia del nuevo código.
“Le voy a trasladar al fiscal nuestra preocupación y la preferencia que tienen los miembros de la comisión por mantener la entrada en vigencia para el día 16 de julio”, dijo la presidenta de la Comisión, Constanza Moreira (Frente Amplio).
Rafael Michelini (Frente Amplio) afirmó que “sería un gran fracaso” para los legisladores si el código “no entrara en vigencia este año” y sostuvo que hay que hacer un “gran esfuerzo para que eso no ocurra”.
El blanco Luis Alberto Heber aclaró que el Partido Nacional no dio su aprobación para que se postergue la reforma. “Esto fue acordado en la Torre Ejecutiva, incluso a pedido del fiscal; la fecha la puso él mismo. Y ha habido manifestaciones públicas de miembros de la Suprema Corte de Justicia en contra de que se prorrogue. Nosotros no queremos hacer ningún lío ni ningún planteo de ninguna clase, simplemente quiero decir que como partido no dimos nuestra aprobación y no lo vamos a hacer a menos que haya un entendimiento entre todos los partidos que nos den poderosas razones que justifiquen una situación de este tipo”, afirmó.
Según fuentes legislativas y del Poder Ejecutivo, entre todos los involucrados hay consenso en que si la reforma se posterga, no podrá ser más allá de 2017, ya que de lo contrario se daría una señal negativa.
Reformas.
La discusión sobre postergar la entrada en vigencia del código se debe a que el texto requiere un conjunto de reformas, y tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior consideran que sería conveniente tener más tiempo para implementarlas.
Las modificaciones al CPP fueron analizadas en el marco de una Comisión Interinstitucional que se creó para coordinar la implementación de la reforma, y que está integrada por la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. La Comisión cuenta con el asesoramiento del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), un organismo de la Organización de Estados Americanos contratado por Interior para apoyar el proceso de reforma.
El CEJA analizó la legislación y sugirió varias modificaciones al Código. La Comisión tomó esas propuestas y elaboró un proyecto de reforma que contiene unos 40 artículos. Algunas de las modificaciones que se proponen son la reforma del proceso penal juvenil para acompasarlo al sistema más moderno y garantista que se implementará para los adultos (Búsqueda Nº 1.901). El proyecto también incluye la eliminación de la libertad condicional, un beneficio que podría generar “impunidad” ya que habilitaría que muchos condenados no vayan a prisión (Búsqueda Nº 1.909).
Ese proyecto de reforma tiene el respaldo del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, pero no del Poder Judicial, que considera que no deberían hacerse reformas profundas en esta etapa, sino solo ajustes de funcionamiento.
De todas formas, el proyecto con las modificaciones propuestas ya fue presentado al Poder Ejecutivo, que lo enviará al Parlamento en los próximos días, indicaron las fuentes. A su vez, el Ejecutivo definirá si añade la propuesta para que se atrase por unos meses la entrada en vigencia del CPP.
Razonable.
“Todo lo que ayude a que comience bien la reforma nos parece razonable, siempre y cuando no se postergue de forma indefinida y haya un programa de trabajo concreto”, dijo a Búsqueda el director ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, que la semana pasada estuvo en Uruguay trabajando en la capacitación de los operadores.
“No nos parece inconveniente que se postergue”, opinó por su parte el presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, consultado por Búsqueda. “Ha habido varias leyes que retocaron el texto original, y para que esté todo ensamblado no parece desacertado que se espere un poco”, añadió. Las modificaciones, agregó, “podrían dar solución a lagunas de dudas interpretativas” que hay respecto a la legislación actual.
A su juicio, “no parece ser una de esas situaciones en que se prorroga indefinidamente, por lo que atrasarlo unos meses parece razonable”.
