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Alfonso Lereté, el representante del Partido Nacional en la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), se fue “preocupado” de la sesión de Directorio del miércoles 5 de abril. Ese día se votó el borrador de un contrato por el que CAF - Banco de Desarrollo de América Latina le prestará U$S 25 millones a Servicios Logísticos Ferroviarios (SLF), la sociedad anónima estatal creada en el gobierno de José Mujica con el objetivo de dar dinámica a la operación de trenes de carga.
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El intercambio con sus compañeros oficialistas del Directorio —el presidente, Wilfredo Rodríguez, y el vicepresidente, Luis Rivero— volvió a marcarle a Lereté la poca injerencia que tiene en SLF. Pese a que planteó diversas inquietudes y sugerencias sobre el contenido del contrato, recibió como respuesta que el texto “no admitía modificaciones”.
“Esto fue a tapa cerrada. No tuvimos capacidad de incidencia en lo más mínimo. No se podía modificar el contrato. Se había aprobado en SLF, se había aprobado en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y vino a AFE como un mero trámite. Esto podrá salir muy bien o no, pero controles hay cero”, dijo a Búsqueda.
SLF es una sociedad anónima de capital 100% estatal; sus propietarios son AFE con el 51% de las acciones y la CND con el restante 49%. El sindicato de trabajadores ferroviarios se opuso a que los servicios de carga pasaran a cumplirse bajo el Derecho Privado, pero finalmente, en julio de 2015, la empresa logró ponerse en marcha.
El decreto que creó a SLF en 2011 establecía que el Directorio estaría integrado por los tres directores de AFE y dos representantes de CND. En 2015 se redujo la integración a dos representantes de AFE y uno de la CND. De esa manera, la oposición quedó afuera de la nueva sociedad anónima operadora.
El préstamo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina tiene como principal destino “la compra y el reacondicionamiento” de material rodante y equipamiento. Con ese crédito millonario por delante, Lereté planteó en más de una oportunidad la necesidad de que la oposición tenga mecanismos de control sobre los procedimientos de compra.
En el borrador del contrato que le entregaron para la votación en el Directorio de AFE, el director se encontró con algunas “irregularidades”. Como ejemplo, señaló que faltaban varios documentos que debían aparecer como anexos.
Lereté contó que el texto del contrato decía que en el anexo “J” debían estar “los estados financieros auditados de los últimos dos ejercicios anuales, con la opinión respectiva de los auditores”. Sin embargo, se encontró con una página vacía. Lo mismo le pasó cuando revisó el anexo “E”, donde debían estar el listado de bienes y propiedades que SLF entregaba como “garantía de las obligaciones crediticias”.
También, como condición previa al primer desembolso, CAF - Banco de Desarrollo de América Latina le exige a SLF la presentación de un informe inicial con información como la estructura del organismo, el perfil de los funcionarios, el prepuesto del proyecto, un cronograma de ejecución física y financiera del proyecto, un cronograma de hitos administrativos y operativos, un inventario del material rodante y los talleres, y un cronograma de incorporación de personal. Lereté no encontró ese documento en el borrador que recibió.
Tampoco estaba allí otro informe que debía contener los planes de SLF de compra y reacondicionamiento de material rodante.
“Me piden que apruebe esto, ¿y dónde está toda esta información? ¿Dónde están estos documentos?”, dijo.
Para intentar tener un mayor control sobre lo que sucede en SLF, Lereté les planteó una moción a sus compañeros de Directorio. Apoyado en un punto del contrato que exige “transparencia” y “competencia” en los procesos de compras, el director propuso que se requiera la aprobación de los Directorios de AFE y CND para las adquisiciones derivadas del contrato con CAF - Banco de Desarrollo de América Latina.
Ahí fue cuando Lereté se dio cuenta de que no tendría posibilidad de cambiar “ni una coma del contrato”. Según su relato, Rodríguez y Rivero aceptaron enviarlo como sugerencia pero no incluirlo dentro del contrato “porque ya estaba aprobado y no admitía modificaciones”.
Préstamo.
En noviembre de 2016, Búsqueda informó que el préstamo de U$S 45 millones que CAF - Banco de Desarrollo de América Latina tenía previsto otorgarle a SLF había bajado a U$S 25 millones. El documento titulado “Financiamiento para el proyecto de inicio y puesta en marcha de la operadora ferroviaria” detallaba el destino del dinero que debería devolverse en un plazo de 12 años.
A los U$S 25 millones aportados por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina se suman otros U$S 6,2 millones que el Estado uruguayo debe poner como contrapartida, lo que hace un total de U$S 31,2 millones para el proyecto. El préstamo tiene tres destinos: la “compra y el reacondicionamiento de material rodante” y “obras civiles para reparación de talleres ferroviarios” (U$S 28,6 millones); el “fortalecimiento institucional de SLF” (2,2 millones) y la gestión del proyecto (U$S 497.500).
Lereté explicó a Búsqueda que CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, además de los bienes y propiedades que SLF pone en garantía, exige “fianzas solidarias” de AFE y CND. Por último, para terminar de asegurarse la devolución del préstamo, pide que el Poder Ejecutivo a través de una resolución u otro instrumento legal se comprometa a garantizar las obligaciones de AFE y CND.