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La propiedad de las mal llamadas “empresas” públicas no es de los ciudadanos, sino de los políticos, los empleados públicos y los empresarios prebendarios que se sirven de ellas. Hay que permitir que los uruguayos seamos accionistas de las empresas públicas. Con esto tendremos un mejor control sobre su gestión, para evitar que las usen para cobrarnos impuestos ocultos vía tarifas caras o que sean un carísimo trampolín político para sus directores.
El presidente del Banco de Seguros del Estado, Mario Castro (con 48 años de trabajo en ese organismo), puso el tema nuevamente sobre la mesa, sugiriendo “que se abra parte del capital de las empresas públicas a pequeños ahorristas o funcionarios, pero manteniendo entre el 60% o 70% de las acciones en poder del Estado” (Búsqueda, jueves 2 de enero 2020).
Si las empresas públicas cotizaran en la Bolsa de Valores y sus propietarios fueran miles de personas a quienes les impacta directamente el resultado financiero y operativo de tales empresas, seguramente sucederían cosas muy buenas, a saber:
- Los directores y gerentes serían elegidos por capacidades, idoneidad y experiencia y no por amiguismo o cuota política.
- La información sería mucho más transparente, como lo es la de cualquier empresa que cotiza en bolsa o recurre al ahorro público vía emisión de obligaciones negociables y no como ahora donde ni siquiera el Parlamento, a través de las Comisiones Investigadoras, logra saber de sus negocios y sus negociados.
- Se evitarían los abusos que hacen de su situación monopólica o su posición dominante en el mercado, para establecer tarifas y precios caros por sus productos y servicios, siendo utilizadas como un mecanismo tangencial para recaudar más impuestos, sin pasar por la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, ni que sean aprobados por el Parlamento.
- Nos ahorraríamos pérdidas millonarias en proyectos fracasados y, en caso de que se realicen, serían los directores y los accionistas los que sufran las consecuencias, no Juan Pueblo (quien siempre paga los platos rotos y casi nunca disfruta la comida).
Quienes se oponen a esta iniciativa utilizan argumentos equivocados. Ideológicamente se oponen a cualquier tipo de “privatización”, aun cuando esas acciones estén en manos de miles de uruguayos. Otros ven a las empresas públicas como un “brazo ejecutor de las políticas del gobierno”, con lo cual ven con buenos ojos que se cobren tarifas caras o que se hagan inversiones no rentables, donde ven un “objetivo social”.
Otros hablan del “interés público” o del “bien común” que persiguen las empresas públicas, aunque casi nunca lo logran, porque no puede afirmarse que Ancap, con sus pérdidas de 2.000 millones de dólares y vendiendo uno de los combustibles más caros del mundo, contribuya al bien común.
La idea original de don José Batlle y Ordóñez (allá por el 1900) era que, si las empresas públicas ganaban dinero, no sería necesario cobrar altos impuestos, lo que ha sido una gran ilusión.
Las empresas (sean públicas o privadas) para ganar dinero tienen que, dar un buen servicio, estar bien gestionadas, competir e innovar. Casi nada de esto han hecho nuestras empresas públicas, amparadas en regímenes monopólicos.
Si a los uruguayos les gusta que el Estado sea propietario de empresas, al menos pidamos que invierta bien y gestione mejor. Así lo hacen en Noruega, donde un fondo de inversión público invierte en empresas nacionales y extranjeras, aplicando esas ganancias para mejorar las jubilaciones. O como en Nueva Zelanda, donde la refinería estatal es gestionada por verdaderos profesionales, tienen de socios a varias multinacionales y el Estado no tiene el control mayoritario. Pero venden buenas naftas, baratas y sin dar pérdidas millonarias.
Abrir el capital de las empresas públicas al público, ganar en profesionalismo y transparencia, debería ser un tema a incluir en la agenda para el próximo quinqueño.
