Nº 2089 - 17 al 23 de Setiembre de 2020
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáA diferencia de otros criminales, no utilizan pistolas ni metralletas ni ocultan sus rostros con capuchas. Sus armas son las pantallas y el teclado. Transitan por la vida como respetables ciudadanos. Algunos lanzan a sus alumnos parrafadas apologéticas sobre moral y honestidad. Otros han desempeñado cargos políticos. Varios son empresarios, y un exjuez, un abogado, un médico, un psicólogo y un ingeniero, entre otros profesionales universitarios, completan el grupo de corruptos.
Cuando cometían abusos sexuales desaparecía el adusto Dr. Jeckyll y emergía el depravado Sr. Hyde, personalidades contrapuestas de la ficción de Stevenson: el bien y el mal. Dada la formación cultural media y alta de los criminales, cuyas edades oscilan entre 40 y 70 años, tienen clara, además de lo moral, la diferencia entre lo lícito y lo delictivo. Tienen hijas, nietas, sobrinas y vecinas de similar edad que la de sus víctimas. Asqueante.
Como resultado de un trabajo sostenido de la fiscal de delitos sexuales, Darviña Viera, la mayoría de los 31 hombres ha sido imputada por violar la Ley Nº 17.815 de 2004, que sanciona la violencia sexual comercial y no comercial contra niños, niñas, adolescentes o incapaces. Es la primera norma específica destinada a proteger a esos sectores.
En 2012, para evitar resquicios, otra ley le hizo un añadido que condena también la contribución a la explotación sexual. Se castiga con penas de entre dos y 12 años de penitenciaría.
Este caso, conocido como Operación Océano, representa el mayor número de personas investigadas por ese delito. Como la fiscal, la jueza penal Adriana de los Santos pasará a la historia por haber tenido que conducir complejas audiencias con un número de asistentes sin precedentes entre víctimas, imputados y abogados.
En Uruguay los antecedentes de este tipo de explotación sexual oscilan en 300 casos cada año y las edades de las víctimas entre los 14 y 17 años.
Luis Purtscher, presidente del comité nacional para la erradicación de estas acciones, advirtió que los hechos confirman que estos delitos se cometen debido a la desigualdad de poder entre imputados y víctimas. Remarcó que lo que hasta ahora ocurría en forma personal se trasladó al mundo virtual de las tecnologías, básicamente celulares y plataformas. Incontenible.
Me comentan fuentes de la investigación que el maremoto que se abatió sobre los criminales en Montevideo, Canelones y Punta del Este no ha terminado. La fiscal continúa hurgando entre la podredumbre para identificar a otros responsables a partir de los datos que le proporcionó la víctima inicial. La dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol intentan ubicarlos. Difícilmente podrán escapar.
Con la excepción de un imputado, para el que dispuso prisión preventiva, Viera decidió que el resto permanezca en libertad a la espera de la condena o de una improbable absolución. Aunque lícita, una decisión generosa para quienes abusaron de su poder social y económico para obtener sexo de menores. Les impuso medidas restrictivas como la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas.
Todos los imputados son económicamente solventes y eso les permitió contratar a tres docenas de calificados abogados penalistas. Los juristas intentarán demostrar que sus clientes ignoraban la minoridad de las víctimas o que les mintieron sobre su edad. No la tendrán fácil.
El detonante fue la muerte de una menor de 17 años, y esa investigación alentó a la madre de otra menor a revelar y denunciar que la muerta —cuyo celular se incautó y sirvió como prueba— y otras chicas ejercían la prostitución mediante una página de encuentros íntimos, explicó Eduardo Barreneche en El País. Así la investigación pasó al control de mensajes en teléfonos celulares y a varios chats. La lujuria y el presunto anonimato de las redes hicieron que los criminales bajaran las barreras y se descubriera su actividad.
Los hechos también evidenciaron el casi nulo reproche de lo ocurrido por parte del sistema político. Como ellos, todos tenemos hijas, nietas, sobrinas y vecinas de la misma edad que las víctimas. Son delitos lo suficientemente graves como para que, sin distinción de partidos, se agite la conciencia de los ciudadanos. Ellos saben —porque lo han vivido— que estos hechos son objeto de bromas y comentarios machistas y que muchos festejan esas “hazañas” y les trasladan la responsabilidad a las víctimas. Cambiarlo es tarea de titanes.
Una excepción es la columna de la semana pasada en Búsqueda de Pau Delgado Iglesias, Jueces, periodistas y camioneros, porque se ubicó en centro de la cuestión.
Cuando se comprueben los avances de la Justicia alguien podría imaginar que algo cambiará. Difícil. Esto tiene una historia centenaria, pero también complicidades, conscientes e inconscientes.
Un trabajo de la psiquiatra argentina Isabel Monzón (Abuso sexual y psicoanálisis) recuerda que “la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco”. Cita al francés Lloyd Demause (Historia de la infancia), quien relata las aberrantes violencias cometidas por los adultos a través del tiempo. Habría que distribuir estos trabajos entre docentes de primaria, secundaria y las universidades.
Ambos coinciden en que en la sociedad existe una especie de adormecimiento mediante el cual se descree de la existencia del abuso. “Para salir de esa pesadilla tenemos que adentrarnos en ella conociendo su horror”, remarca Monzón.
Mientras se continúen priorizando otros temas para captar votos o no perderlos, o porque el imperio del machismo está prendido como una lapa, esta pesadilla nunca terminará.