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Dos acreedores de Pluna SA presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la ley 18.931, que fue aprobada por el oficialismo en el Parlamento, argumentando que la norma violenta los principios de igualdad, propiedad y seguridad jurídica, entre otros, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Judicial.
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El escrito presentado por los corredores de bolsa Renmax y Rospide señala que el claro propósito de la ley 18.931 es “defender los recursos del Estado” para lo que se creó un fideicomiso que adquiriera las aeronaves que componían el mayor activo de la empresa, “excluyéndose tales bienes de la garantía de los acreedores del concurso”.
“El objetivo de la ley cuya constitucionalidad se cuestiona es muy sencillo: salvaguardar única y exclusivamente los intereses del Estado. Se expropian bienes de la masa para pagar los créditos del Ente Autónomo”, argumentan.
“Ninguna garantía se brinda a los acreedores quirografarios que no solo quedan privados de los únicos activos de su deudora, sino que además hasta se les prohíbe por vía legal las acciones que en defensa de sus derechos podrían emprender”, agregan.
Según el escrito, los corredores de bolsa están legitimados para plantear la inconstitucionalidad ya que tienen un interés “directo, personal y legítimo” en la materia.
“Renmax y Rospide son dos sociedades corredoras de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de Montevideo reguladas para operar por el Banco Central del Uruguay, que cuentan con vastísima experiencia y reconocimiento en plaza, siendo su giro el proveer asistencia independiente a inversores individuales en nombre y por cuenta de los cuales actúan”, señalan.
“En el marco de esa actividad y basados en la información contable y financiera que fue con tal fin proporcionada y publicada por Pluna SA, contando con respaldo de auditoría de la renombrada empresa del rubro KPMG, a través de inversiones de clientes de Renmax y Rospide concedieron financiamiento a Pluna SA”, relata.
Según la demanda, ambos corredores de bolsa tienen en la actualidad créditos contra Pluna por U$S 13 millones “razón por la cual jamás podrá ser cuestionada la legitimación”, expresan.
A juicio de los corredores, la ley supuso una “verdadera expropiación” de las inversiones que se realizaron y un “verdadero vaciamiento del derecho de propiedad”.
“Siendo que la ley solo tutela el interés del Estado, toda expectativa de cobro de los demás acreedores se ve completamente frustrada con esta norma que sustrae del patrimonio de Pluna SA los principales activos”, argumentan.
Indican que si se hubieran aplicado los principios que regían en la materia, el Estado sería un acreedor cuyo crédito se encuentra postergado.
“El cometido de esta ley aquí cuestionada fue pues alterar tales reglas. Como las soluciones concursales (que el Estado dictó hace no mucho) le eran desfavorables, pues se avanzó en el veloz dictado de la ley cuestionada”, señalaron.
