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La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) relativo a la asistencia obligatoria del Estado a personas en situación de calle. El oficialismo procura darle un tratamiento urgente y la oposición —aunque con algunas dudas— también lo considera un tema prioritario, por lo que en los últimos días se intensificó el trabajo en torno a la iniciativa.
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El pasado miércoles 11 de mayo concurrió a la comisión el ministro Martín Lema junto con parte de su equipo a dar explicaciones a los legisladores. El miércoles 18 comparecieron otras dos delegaciones a dar sus opiniones: una de la Unión de Trabajadores del Mides y otra de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay.
El proyecto, según su exposición de motivos, apunta a “las personas que se encuentran en situación de intemperie completa y que presentan su capacidad de juicio afectada por el consumo de sustancias psicoactivas u otro problema de salud mental, representando un riesgo inminente para sí o para terceros”.
El texto tiene un artículo único que modifica el también artículo único de la Ley No 18.787, del 27 de julio de 2011. “Las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un me´dico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposicio´n y sin que ello implique la privacio´n correccional de su libertad”, dice en el comienzo.
Más adelante establece que debe mediar previamente el informe de “un me´dico psiquiatra” que asegure que “las personas sujetas a hospitalización presentan un riesgo inminente para si´ o para terceros o que el hecho de no hospitalizarlas pueda determinar un deterioro considerable de su salud o impedir que se le proporcione un tratamiento me´dico adecuado”.
En la sesión del miércoles 11 representantes frenteamplistas plantearon algunas dudas acerca de eventuales contradicciones con la ley de salud mental, que establecía como criterio la hospitalización restringida como último recurso terapéutico. También con eventuales confusiones de “rectoría” en la materia entre el Ministerio de Desarrollo Social y el de Salud Pública.