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    jueves 13 de junio de 2024

    Acoso a la independencia fiscal

    Nº 2237 - 10 al 16 de Agosto de 2023

    Sacudones institucionales, violaciones éticas y, especialmente, pérdida del respeto por la independencia técnica de los fiscales se han acrecentado en los últimos tiempos. Ocurren por las embestidas que causan tanto las pasiones profesionales como las partidarias. Hacen caso omiso a la ley orgánica de la fiscalía general y olvidan el peso negativo de la historia sobre los abusos que se pueden cometer. Todo mezclado como en un cambalache.

    El suceso más escandaloso ocurrió el 24 de junio en una investigación de abuso sexual al enfrentarse los abogados de los denunciados, Pablo Barreiro, Laura Robatto y Homero Guerrero, con Diego Camaño, abogado de los denunciantes. Barreiro le reprochó duramente a Camaño que presionó al fiscal de Corte Juan Gómez en favor de sus clientes, consignó Eduardo Barreneche en El País. Esa situación la denunció la fiscal de ese caso, Alicia Ghione, ante la jueza Blanca Rieiro, para remarcar su independencia técnica.

    En esa audiencia los enfrentamientos adquirieron tonos de batallas de campito, con sugerencias de coimas y la intervención policial. Rieiro, siempre enérgica, fue terminante: “Este caso es una aberración (…), aquí no se ha actuado con lealtad profesional y probidad (…), algunos profesionales están perdiendo el decoro”.

    Hace poco se produjo otro hecho similar debido a un reclamo que le formularon a Gómez los senadores del oficialismo Graciela Bianchi, Guillermo Domenech, Jorge Gandini, Amin Niffouri y Adrián Peña. Le pidieron mayor celeridad de la fiscal penal Silvia Porteiro en investigar denuncias contra el senador frenteamplista Charles Carrera por utilizar recursos del Estado para atenciones médicas irregulares en el Hospital Policial. Ocurrió mientras se desempeñó como director general de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017. Durante ese lapso, mediante acciones “con apariencia delictiva”, fueron atendidos, entre otros, un parapléjico presuntamente herido por balas policiales, la exesposa de Carrera y la senadora Susana Pereyra, cónyuge del entonces ministro del Interior Eduardo Bonomi. Todo eso lo avaló Carrera. Las denuncias parecen tener suficiente solidez por los documentos hospitalarios y varios testimonios.

    El desvío de ese dinero augura también sanciones civiles. El Ministerio del Interior le exige a Carrera que reintegre US$ 300.000 que invirtió en perjuicio de los contribuyentes y de los funcionarios policiales, a quienes cada mes se le hacen descuentos de su salario destinados a mantener el hospital para su exclusiva atención.

    La denuncia se presentó en julio del año pasado y desde entonces poco o nada se ha avanzado, pese a que primero el fiscal Ricardo Lackner y ahora Porteiro dispusieron de testimonios y documentos de prueba, argumentan los senadores.

    Le solicitaron a Gómez que durante la reunión estuviera presente Porteiro, pero el jerarca se negó. Valoró que la fiscal podía tomarlo como una presión sobre la independencia de su función. Las presiones —vocablo por lo general utilizado con sentido peyorativo— forman parte de las relaciones sociales desde el nacimiento y cualquiera puede rechazarlas.

    Ignoro la intimidad de la reunión pero, si Gómez hubiera sido amenazado por los senadores, lo habría denunciado. Gandini le dijo a El País que le solicitaron “toda la rapidez que fuera posible”. En la coalición se opta por la cautela de tratar el tema para evitar que se politice. “No queremos estar discutiendo en año electoral de esta manera”, afirmó Gandini. Sin embargo, el objetivo del oficialismo es que Carrera pierda sus fueros y sea citado, y eso también es politizar.

    ¿Qué quieren decir los senadores con que la fiscal Porteiro debe actuar con mayor rapidez? ¿Creen que es omisa y que Gómez puede ordenarle apurarse? ¿Por qué no suponen que si no tiene la celeridad que a ellos les interesa es debido a dificultades del trámite o por exceso de trabajo? Todo lo contrario es atribuirle implícitamente a la fiscal mala intención.

    Para reunirse con Gómez los senadores se saltearon el artículo 5º de la Ley 19.483, orgánica de la fiscalía general. Lo mismo hizo Camaño en el otro caso y en ningún caso ignoran lo que establece la ley: “Los fiscales gozarán de independencia técnica en el ejercicio de sus funciones, la que consiste en el derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución ni autoridad ajena a la misma para proceder de una determinada manera en caso concreto”.

    Alguien podrá argumentar que la independencia técnica no se refiere al trámite para investigar sino al fondo del asunto. Falso. La independencia no es solo para procesar, condenar, archivar o absolver, es también para decidir cuándo y cómo desarrollar el proceso. La ley no tiene dos lecturas.

    Gómez también se salteó esa norma porque conocía de antemano el objetivo de la reunión. Debió decirles a los senadores que debido a ese artículo 5º no podía reunirse con ellos o, luego de un saludo protocolar, indicarles la puerta de salida de su despacho.

    Cuando ocurren estas cosas, para evitarlas, es bueno recordar el escándalo producido por el fiscal de Corte Oscar Peri Valdez durante su gestión a partir de 1997. Con un tono altamente político se enfrentó con los ministros de Educación, Yamandú Fau, Antonio Mercader y Leonardo Guzmán. Fue precisamente durante la presidencia de Jorge Batlle que Guzmán puso las cosas en su lugar luego de que Peri Valdez recibió duros cuestionamientos de la Asociación de la Prensa y la Sociedad Interamericana de Prensa.

    El 10 de febrero de 2004 el Poder Ejecutivo le inició un sumario administrativo con separación del cargo por “exceso de poder” y “extralimitarse” en su función. Dos años después, el 24 de enero de 2006, renunció.