Acusaciones cruzadas en torno a manejos irregulares enfrentan a gobierno y oposición
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La epidemia de Covid-19, aparentemente controlada, salió del eje de la discusión política. En su lugar se ubican cuestionamientos a la gestión pasada del Frente Amplio, que se defiende y replica con acusaciones al actual oficialismo.
Refieren, de uno y otro lado, a manejos de dineros públicos presuntamente irregulares.
Anticipando la primavera, la temperatura política había empezado a subir en las últimas semanas por la situación que se produjo en el Ministerio de Turismo tras la renuncia de su titular, el colorado Germán Cardoso, envuelto en denuncias de contrataciones supuestamente ilegales. Pero también hubo novedades en torno a otros casos.
Un dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) divulgado el martes 21 señaló, en relación con la construcción del Antel Arena, que es posible “sostener razonable y objetivamente que la gestión general del proyecto ha sido deficiente, habiéndose vulnerado las normas de conducta ética”. El informe será agregado a la denuncia penal que ya presentaron las actuales autoridades de Antel.
El miércoles 22, en conferencia de prensa, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien fue presidenta de la telefónica estatal e impulsora del Antel Arena, afirmó que la “pseudoauditoría” sobre la que se basa el informe de la Jutep responde al “reporte de un militante herrerista”.
Pocas horas después el Directorio de Antel aseguró que la selección del auditor se hizo mediante un proceso competitivo. La consultora realizó similar defensa.
“Es una atrevida, ¿no?”, dijo en rueda de prensa el senador blanco Jorge Gandini, refiriéndose a los comentarios de Cosse. Agregó que en el dictamen de la Jutep hay “acusaciones muy pero muy fuertes” que el Parlamento debe discutir. Para ello pretende convocar al ministro de Industria, Omar Paganini, y al presidente de Antel, Gabriel Gurménez, para que informen más detalles en torno al Antel Arena.
Otro pronunciamiento de la Jutep que salpica a la anterior gestión frenteamplista refiere a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). En el centro del caso está una escribana que llegó al ente en 2013 como cargo de confianza en la secretaría del entonces presidente, Jorge Setelich, y que, entre 2015-2020, simultáneamente a su tarea en AFE facturó servicios profesionales a Servicios Logísticos Ferroviarios, una sociedad en la que esa empresa estatal es accionista principal.
Antel Arena. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Turismo, aviones y puerto
El caso de Cardoso, quien después de dejar Turismo pasó a ocupar una banca en Diputados, va dando más elementos al debate político. A partir de su propia iniciativa y gracias al respaldo de los legisladores de la coalición de gobierno, él será también uno de los denunciantes en la comisión investigadora recién instalada.
Esta semana Cardoso amplió el alcance de los temas que quiere que la comisión indague, aunque sin detallar presuntas irregularidades del período anterior. Entre otras cosas, el exministro incluyó las compras directas realizadas entre 2010 y 2020 que fueron observadas por el Tribunal de Cuentas y también todas las que había firmado el entonces viceministro, Benjamín Liberoff.
Por su lado, el Frente Amplio anunció la interpelación al ministro de Defensa Nacional, Javier García, por la adquisición el año pasado de dos aviones Hércules “jubilados, costosos y sin garantías. Una mala compra en medio de recortes a la inversión en Defensa Nacional y en políticas sociales”, afirmó en Twitter el diputado comunista Gerardo Núñez. Según supo Búsqueda, la interpelación se realizará el próximo jueves 30 a las 10.
“Es buena cosa que al Parlamento se le informe. En Uruguay la oposición puede interpelar y llamar a ministros”, valoró García en rueda de prensa.
Los Hércules C130 H, fabricados en 1975 y 1976, fueron comprados por 21 millones de euros a España en el marco de la renovación del equipamiento de la Fuerza Aérea. Según el gobierno, mejoraron las capacidades operacionales del país y lograron una mayor cobertura de defensa aérea.
A su vez, mientras autoridades de la Administración Nacional de Puertos preparan una misión a España en busca de un interesado en la concesión del futuro Puerto Capurro, la directora frenteamplista, Alejandra Koch, cuestionó que se entregue “a manos privadas”, “incluyendo áreas y muelle”, por un “valor irrisorio”.
Otro cruce se produjo en Lavalleja. El intendente blanco Mario García es cuestionado desde el Frente Amplio por presunto “nepotismo” al haber aprobado compensaciones salariales a un hermano suyo, jerarca comunal.
karen@magnolio.uy
Pablo de María 1015
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