Luego de casi medio siglo de quemar trillones de dólares en la guerra contra las drogas, de cientos de miles de víctimas sacrificadas en el altar del prohibicionismo, de generaciones perdidas en intoxicaciones por sustancias cada vez más baratas, accesibles y potentes, de la generación de Estados fallidos a manos de la corrupción y la creación de las mafias más poderosas que la historia haya conocido, se difundió en estos días una noticia, una más, que confirma el fracaso del paradigma en materia del combate al narcotráfico: “Los cultivos de hoja de coca aumentaron sustancialmente en Colombia en 2021 y llegaron al nivel histórico de 204.000 hectáreas sembradas, rompiendo todos los récords”.
Y esto ocurre por estos lares; Afganistán sigue consolidando su supremacía en la producción cada vez mayor de opio, y México lo corre de atrás, lejos en toneladas, pero superándolo en la calidad de la heroína producida. Esa heroína es una pieza fundamental, sumada a la “crisis de las recetas”, en la consolidación de otra cifra histórica y nefasta que sufre Estados Unidos (EE.UU.), el líder del prohibicionismo: 110.000 muertos por sobredosis en un año, un fallecido cada cinco minutos.
Pero si hay algo que hace del fenómeno de las drogas una lucha que parece no tener fin y sume a toda la sociedad en un drama cotidiano y creciente, es la existencia de la demanda. Para que haya oferta tiene que haber demanda, como lo marca la sociedad de mercado. Pero la potencia del negocio de las drogas narcotiza incluso las leyes básicas del capitalismo y la sociedad de consumo.
Un artículo de Político.com indicó que “la estrategia esencial de la guerra contra las drogas es que, si no hay drogas, no hay problemas, por tanto, casi todos los esfuerzos de las últimas décadas se han centrado en erradicar el suministro de drogas y encarcelar a los traficantes. Pero así se ignoran las más elementales fuerzas del mercado: la oferta y la demanda. Si reduces la oferta de algo sin reducir primero la demanda, el precio sube. Aunque con otros productos esto puede disminuir las ventas, no sucede con las drogas. Al mercado de las drogas no le influye el precio, siguen consumiéndose con independencia de su costo, de modo que el efecto es promover la producción de más drogas y reclutar más traficantes, lo que aumenta su disponibilidad”.
Cita como ejemplo la metanfetamina: EE.UU. intentó parar su producción regulando la venta de las sustancias empleadas en la elaboración, forzando a que los grandes productores dejaran de fabricarla, pero no contaban con que se iniciarían miles de operaciones a pequeña escala en comunidades rurales, con sustancias que no estaban reguladas.
“Ante ello”, dice el artículo, “algunos Estados intentaron disminuir el suministro de meta casera limitando la venta de más sustancias, lo que redujo drásticamente su producción a pequeña escala, pero el suministro de meta siguió igual. Los cárteles mexicanos se hicieron cargo y empezaron a producir a gran escala. Su meta era mejor y tenían mucha experiencia del contrabando”. La guerra a la meta logró que la producción fuera más profesional y la droga más potente sin que el suministro disminuyera en lo más mínimo.
“Es imposible ganar esta guerra atacando el tráfico, no es solo que las drogas sean muy accesibles y que la demanda no caiga. Pese a un presupuesto de unos US$ 30.000 millones, la eficacia de EE.UU. para evitar la importación y tráfico interno de drogas es inferior al 1%”. O sea, por la vía de la guerra, no hay respuesta correcta. Incluso, si se supone que se va ganando, lo cuál no queda claro que así sería, se pierde. Es como intentar agarrar un pez con las manos en el agua, y si lo pescas, no sabes qué hacer con él.
Estamos ante esos casos en que un error estratégico mundial se ha convertido ya hace décadas en una tragedia que pagan los más débiles.
Los traficantes se ganan los titulares y los consumidores no cuentan ni como suplentes. México gastó unos US$ 40.000 millones en seis años, el 90% en tareas represivas, en combatir la oferta. ¿Y en la demanda? No hay datos claros.
Los consumidores, esos en los que no se suele poner la atención, terminan siendo doblemente víctimas cuando viven en países donde el consumo se pena, incluso con la muerte, o aun en aquellos en los que no se sanciona pero donde se ven envueltos por su adicción en una casuística infinita.
En Uruguay, que está primero en la región en consumo de cocaína en relación con su población, el narcotráfico aumentó los homicidios, su impunidad y violencia y multiplicó la cantidad de presos, la mayoría de ellos, adictos. Pero, además, muchos cayeron como traficantes solo porque vendían para financiar su consumo. Son adictos, no traficantes, pero la ley los trata como tal.
El aumento del consumo también jugó un papel en el ingreso de la mujer al ámbito delictivo, a veces en situaciones de una enorme injusticia. La cantidad de mujeres presas en Uruguay se multiplicó por tres en 15 años, rondando hoy el millar, la mayoría por drogas.
Esta semana otra mujer fue a la cárcel luego de intentar ingresar para su marido preso algunas dosis de pasta base escondidas en sus zapatos. Convertidas en esclavas de sus maridos presos (traficantes o adictos) terminan muchas veces en prisión y con ellas sus hijos, en una situación tan aberrante que no debería haber ni un caso, como opina el comisionado para las prisiones, Juan Petit. Quince mil niños tienen a sus dos padres en prisión y 52 viven con sus madres adentro de las cárceles, en su mayoría arrastrados allí por el negocio de las drogas.
La percepción del riesgo sobre el consumo de drogas cae entre los jóvenes y se estima que unos 300 millones de personas de entre 15 y 64 años consumen cada año algún tipo de droga, según la ONU.
Un 13,6% de los consumidores sufrían en 2020 de trastornos derivados de las drogas, hasta el punto de ser dependientes o requerir tratamiento.
Los últimos datos señalan que en 2019 se registraron casi 500.000 muertes relacionadas con las drogas, un aumento del 17,5% en una década, con los opioides como la droga más mortífera, con el 77% del total.
Uruguay no escapa a este desigual debate y atención de la oferta sobre la demanda.
Nos alarmamos si se encuentran dos toneladas de cocaína en el puerto, pero parece no importar mucho que solo en la salud pública se estime que hay un déficit de 800 camas para aquellos que reclaman atención, un 10% de quienes tienen un consumo problemático, que son a su vez un 10% del total de usuarios, según estimó el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, quien anunció que intentará convertir el hospital Saint Bois en una clínica de rehabilitación con 500 camas. Si lo logra, el déficit de camas será aún de 300, y eso solo en salud pública. Es muy probable que en el sector privado las cifras no varíen mucho, ya que quien paga una mutualista a través de sus aportes laborales difícilmente pueda costear una clínica privada en caso de necesitar una rehabilitación.
La falta de psiquiatras para atender los problemas de salud mental se suma a esta carencia en el enfoque de la rehabilitación.
Aumentan las madres jefas de hogar y miles de adolescentes desertores del sistema educativo carecen de una contención y son presa fácil del consumo de cualquier sustancia. El Estado, que no estuvo allí para dar esa contención, no lo estará luego para sacarlos de la trampa de la adicción.
Y los insuficientes planes del gobierno no tienen en cuenta que la centralidad en la prestación de servicios atenta contra su uso. Casavalle, con sus 80.000 vecinos, tiene más habitantes que algunas capitales departamentales, pero no hay en el barrio ninguna clínica de rehabilitación.
Entonces, el joven adicto necesita pagar su deuda con la “boca”, que lo contrata como mano esclava; y algunos se convierten en sicarios; y corre la sangre; y el adicto se transforma en delincuente; y otra vez todos hablando de la represión. Es, como casi siempre ocurre con la droga, un laberinto sin salida.
