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Casi un año después de su anterior operación de gestión de deuda en los mercados internacionales, el gobierno inició el lunes 10 los preparativos para una nueva emisión. Tres bancos —Bank of America Merrill Lynch, HSBC y Santander, asesores habituales en estas cuestiones— comenzaron consultas formales con los potenciales inversores y las autoridades uruguayas inscribieron información actualizada ante la comisión de valores estadounidense (SEC, por su sigla en inglés).
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Ya antes de que se pusiera en marcha este proceso —que seguiría hoy, jueves 13, con la concreción de la emisión y canje—, algunos agentes de bolsa visualizaban un ambiente propicio para que Uruguay saliera al mercado (Búsqueda N° 2.121). Algunos volvieron a reafirmar eso esta semana, con un panorama un poco más claro de las intenciones del Ministerio de Economía (MEF): es un momento en el que las tasas de interés en el mundo están “muy bajas”, hay “mucha liquidez” y los inversores están “ávidos de rentabilidad y productos”, dijo el director de Mercado Institucional de la corredora Gletir, Carlos Tolve.
El lunes, el MEF informó en un comunicado sobre el mandato dado a los tres bancos para “coordinar llamadas con inversores locales e internacionales” a fin de sondear el interés en adquirir bonos globales en pesos a tasa fija nominal y dólares, de madurez “intermedia”. La operación está sujeta a si son propicias las “condiciones de mercado”.
El MEF, a través del reporte trimestral de la Unidad de Gestión de Deuda publicado el jueves 6, adelantó que el gobierno precisará en 2021 más dinero del que había previsto. Sus necesidades totales de fondeo serán de US$ 4.468 millones, en lugar de US$ 4.335 millones, para cubrir el déficit fiscal (resultado primario más pago de intereses) y acumular activos. La emisión de bonos —en el mercado doméstico e internacional— debería cubrir US$ 3.860 millones; el resto (unos US$ 600 millones) provendrá de desembolsos de préstamos con organismos multilaterales. Dadas estas proyecciones de deuda, el gobierno cree que precisará invocar la cláusula que, ante situaciones de “emergencia” o “desastre” nacional, le permite ampliar en hasta un 30% adicional del monto base de endeudamiento neto autorizado para el año (el tope aumentado es equivalente a US$ 2.990 millones para 2021).
El reporte destacó, entre otras cosas, que en lo que resta del año las estrategias de financiamiento y de gestión de deuda se enfocarán en “acceder a los mercados de deuda internacionales, tanto en moneda local como extranjera, con el objetivo de continuar expandiendo la base de inversores”.
Ante la SEC, el MEF presentó un informe donde actualiza la evolución reciente de la economía uruguaya y se explaya en los efectos de la epidemia de Covid-19, el origen de parte de las necesidades adicionales de fondeo. Anticipa que las medidas de restricción a la movilidad dispuestas en marzo pasado ante la aceleración de contagios llevarían a corregir algunas de sus estimaciones macroeconómicas. “Si bien el gobierno cree que sus supuestos y objetivos para la economía uruguaya son razonables cuando se formulan, los resultados reales, incluso como resultado del impacto de la pandemia Covid-19, están más allá de su control o influencia significativa, y dependerán de eventos futuros. Además, los supuestos y objetivos macroeconómicos para 2021 se están revisando actualmente tras las nuevas medidas para abordar el brote de Covid-19 anunciadas por el gobierno el 20 de abril de 2021. En consecuencia, no se puede garantizar que los resultados económicos (incluido el PIB y la inflación) y el desempeño (fiscal) del gobierno en 2021 y en adelante no diferirán materialmente de los supuestos, objetivos y estimaciones establecidos anteriormente”. Agregó que, incluso, durante el transcurso del año podría “ajustar aún más los supuestos macroeconómicos para reflejar el impacto adverso continuo de la pandemia” sobre el país.
“Bien recibido”
Salir a los mercados de deuda en tiempos de alta incertidumbre por las consecuencias económicas que está teniendo el Covid-19 es una opción con cierto riesgo para gobiernos de la región, aunque los casos son distintos. Chile emitió recientemente. Uruguay es el único de los calificados como investment grade de América Latina que no coloca bonos internacionales. “Por esto, creo que va a ser muy bien recibido por el mercado”, opinó Tolve.
Una emisión en pesos le permitiría al gobierno “reemplazar” deuda en dólares con organismos multilaterales por endeudamiento en moneda local a mayor plazo, destacó. Una posibilidad, según él, es que se habilite la recompra del Bono Global que vence en 2022, que lograría reducir el “tamaño” del papel a corto plazo y “tentar” a los inversores. A su vez, una reapertura de un bono ya existente en dólares, con vencimiento a 2031, aseguraría una “muy buena liquidez”.
Otro agente consultado por Búsqueda fue más cauto. Si el nuevo bono “sale con una inflación implícita del 6%” los inversores la verían como una alternativa que les “puede rendir” en dólares, pero no en “términos reales”, por invertir en pesos nominales.
