Alan García, el estafador

Los cazadores conocen esas artimañas y utilizan maniobras que llaman “marear la perdiz”. La hostigan, la obligan a volar y la cazan. Más tarde o más temprano es lo que hará la Justicia peruana con el expresidente de 69 años.

Planificó una estafa contra Uruguay al amparo de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Un cuento del tío. De entrada tuvo el respaldo del canciller Rodolfo Nin Novoa, a quien avaló el presidente Tabaré Vázquez. Derraparon y pisaron el freno. Según la Convención, la decisión final la toma el presidente. El mismo que aseguró que a quien meta la mano en la lata hay que cortársela.

Dice el Código Penal que estafador es quien induce en error para obtener un provecho. Este asunto no es penal sino moral, pero vale la definición. Según García, la Justicia peruana no tiene independencia porque los magistrados responden a sus opositores y lo iba a someter a una arbitraria prisión preventiva. Todo falso.

La Convención es terminante: “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político”. En caso contrario, las personas que no sean perseguidas políticas “deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local que no podrá juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega”.

Veamos: el fiscal José Domingo Pérez le solicitó al juez especializado en Corrupción Juan Carlos Sánchez que le prohibiera la salida de Perú durante 18 meses para evitar que evadiera a la Justicia. Lo investigan por tráfico de influencia por haberle adjudicado en 2009 a la empresa Odebrecht la construcción del Metro de Lima mediante una coima de decenas de miles de dólares, y el consiguiente lavado de activos. Marcelo Odebrecht, titular de la constructora, admitió ese flujo de dinero hacia el segundo gobierno de García.

Los últimos presidentes peruanos están en la misma bolsa corrupta. En 2016 Jorge Barata, exdelegado de Odebrecht en Perú, confesó haber pagado US$ 29 millones en sobornos durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pablo Kuczynski (2016-2018), todos sometidos a proceso judicial.

Las mentiras las desnuda un pronunciamiento (SPDI Nº 007) de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, organismo técnico ajeno al gobierno y al Poder Judicial. Remarca que en Perú rige la separación de poderes: “Existe un pleno Estado de Derecho, donde no hay persecuciones ni políticas ni religiosas de ningún tipo”. Los juristas hacen notar que la Convención establece que el asilo solo se concede a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, “que no es el caso del expresidente García”.

Llegó a Perú porque se creyó impune. Cuando al día siguiente el juez le prohibió abandonar el país por 18 meses, asumió que su fin estaba cerca. Se comunicó con el embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros, y este con Nin Novoa, que facilitó el diálogo con el presidente Vázquez. Se refugió en la embajada.

En algunos círculos de la cancillería circula un razonamiento: García, Barros y Vázquez son masones, como lo es desde su origen el partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), por el cual García fue electo. Otros replican que la masonería nada tiene que ver, pero las referencias son indesmentibles.

¿Cómo saldrá el gobierno uruguayo de este berenjenal ante lo terminante del texto de la Convención? Cuando los involucrados son políticos de peso la ley importa menos. Pero siempre existen cuchipandas para encontrar una salida. “Amigos son los amigos y hermanos son los hermanos”, ironizó un diplomático cuando lo consulté.

Una ronda de consultas conduce hacia lo que puede ocurrir: se debe considerar la generosa tradición de Uruguay para conceder asilo y al mismo tiempo evitar que Perú quede en falsa escuadra. Vázquez debe sacarse de encima esta cuestión sin avalar la condición de perseguido político. Luego de las declaraciones iniciales quedó atrapado y peor que el estafador es el bobo que posa de vivo y conscientemente se deja estafar.

Las alternativas a negociar entre los gobiernos son dos con variaciones: a) García no podrá salir de Perú dentro de los 18 meses establecidos por la Justicia. Esto supone que la Justicia peruana no pida una nueva interdicción o b) que el gobierno peruano otorgue un salvoconducto informal que permita el traslado de García a Uruguay. En ese caso Uruguay se comprometería a que el expresidente no salga de su territorio y esté a disposición de la Justicia peruana. Veremos qué ocurre pero la decisión de Vázquez va para largo.

Sea cual fuere la salida, más tarde o más temprano la perdiz corrupta terminará en la olla.