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Alur presentará todos los documentos sobre el llamado para construir la planta de etanol en Paysandú si lo pide “el juzgado competente”, que sería el del Crimen Organizado, dijo a Búsqueda la abogada Hebe Martínez Burlé. Esa profesional representa a la sociedad anónima estatal en la demanda por difamación contra los empresarios Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa, que denunciaron “sobrefacturación”.
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“Yo no puedo salir a decir que alguien roba sin tener pruebas. Ellos no solo no tenían sino que aceptaron que no tenían. Y nos piden a nosotros probar lo que ellos están diciendo. Se invierte absolutamente la carga de la prueba”, dijo Martínez Burlé.
Explicó que Alur no presentó cierta información porque “escapa al objeto del proceso, la difamación”, que a su juicio “está más que probada”.
Martínez Burlé sostuvo que esos documentos “implican contratos con terceros” y serán presentados “ante la sede competente”, que es “el juzgado de Crimen Organizado”, donde hay una denuncia presentada por el abogado Gustavo Salle.
“Toda la documentación que se presentó ya la dieron vuelta, la malinterpretaron en un artículo de Búsqueda, y de ahí la ampliación de la denuncia. Están tergiversando los hechos, pero esos elementos surgen de los documentos que nosotros trajimos, que no prueban nada, porque si hubieran probado algo ya estábamos derivados a Crimen Organizado”, agregó.
Los representantes legales del presidente de Alur, Leonardo De León, le aconsejaron no responder algunas preguntas en la Justicia porque “no es pertinente presentar esos documentos en ese juzgado, no porque se quiera esconder nada”.
“Están tergiversando la verdad, que está documentada, difamando sin lugar a dudas y encima los que estamos quedando como que ocultamos información somos nosotros”.