No parece importar si los compadres exhiben, impúdicamente, su talante autoritario, animan negocios de amigos y se benefician o hacen la vista gorda ante distintas formas de corrupción. Populismos que se proclaman antiimperialistas, a los que se les justifica todo, y con los que se construye un entramado de alianzas, negocios y relaciones personales.
Son sus socios en el Foro de San Pablo. Los Chávez y Maduro, Daniel Ortega, Cristina Fernández, Evo Morales, Rafael Correa, Lula y Dilma Rouseff. La veneración que tienen hacia Fidel y Raúl Castro, los dictadores más longevos del continente.
Ahora mismo, tras el “mensalão” que derivó en el encarcelamiento de prominentes figuras del PT y del gobierno de Lula, la justicia brasileña investiga el “lava jato”, trama más oscura y compleja, basada en un acuerdo para pagar sobre costos en concesiones de obra pública y lavado de dinero para el financiamiento ilegal de partidos y campañas políticas. “Construcción de hegemonía” política para afincarse en el poder, según definió el ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
En la investigación del “lava jato”, por la que ya han sido condenados ejecutivos de poderosas empresas constructoras, ex directivos de Petrobras, cambistas, publicistas, son indagados políticos de varios partidos. Y al ex presidente, a quien se acusa de fraude, lavado de dinero, sobornos a cambio de favores políticos, ventajas fiscales a contratos con el Estado y financiamiento ilegal de campañas electorales. La Fiscalía de San Pablo ha pedido su prisión preventiva.
En paralelo, la presidenta Dilma Rousseff arriesga un juicio político promovido por la oposición que la acusa de haber adulterado las cuentas públicas para esconder el déficit público y lograr su reelección.
La difusión de estos hechos, que se asegura han causado a Petrobras un perjuicio de varios miles de millones de dólares, generó una fuerte indignación popular. Que se suma a la preocupación por la marcha de la economía. Tras varios años sin crecimiento económico, el año pasado el PBI se redujo 3,8% y se espera un resultado similar en 2016.
Ya en 2014, en las vísperas de la disputa del campeonato mundial de fútbol y meses antes de la elección presidencial, miles de brasileños protestaron por los “deficientes” servicios públicos. El malestar volvió a manifestarse, incentivado por las noticias de corrupción, solo unos meses después de la reelección de Dilma, cuya popularidad cayó en picada. En varias ciudades multitudes exigieron su dimisión.
La situación de Lula y de Rousseff se agravó en noviembre, cuando el ex jefe de la bancada del PT en el Senado, Delcídio Amaral, fue detenido y acusado de tratar de comprar el silencio de un ex jerarca de Petrobras.
Amaral, quien renunció al PT y acordó colaborar en la investigación para aliviar su situación procesal, responsabilizó a Lula de planear la trama corrupta. Aseguró, además, que junto con la presidenta operaban para interferir la acción de la Justicia.
Lula y Dilma niegan todas las acusaciones, pero el episodio ocupa el centro de la agenda política y noticiosa de Brasil, donde se recuerda que en el libro “Una oveja negra al poder”, de Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, el ex presidente uruguayo José Mujica reveló una confidencia que le hizo Lula: que en el ejercicio de la Presidencia (2003-2011) tuvo que “lidiar con muchas cosas inmorales y chantajes”.
Ante la presión judicial, la ofensiva opositora y las revelaciones de la prensa, Dilma y Lula intentan neutralizar las acciones en su contra. En su defensa alegan que hay un intento de golpe de Estado que involucra a jueces, políticos ambiciosos y poderosos medios de comunicación. Han convocado a sus partidarios a recuperar las calles y resistir. Sus críticos los acusan de “embarrar” la cancha.
La presidenta cuestiona la grabación, que considera ilegal, de una conversación que mantuvo con Lula y que fue filtrada a la prensa por el juez a cargo de la causa “lava jato”. El Supremo Tribunal emplazó al juez del caso a explicar su conducta.
En tanto se debilita el apoyo legislativo a la presidenta y el Congreso pone en marcha el trámite previo al juicio político, la designación de Lula como ministro de la Presidencia, objetada por varios magistrados, sigue en tinieblas y depende del Tribunal Supremo.
Mientras, la Orden de Abogados de Brasil (OAB) se pronunció a favor del juicio político. Su presidente, Claudio Lamachia, refutó que esté en marcha un golpe de Estado y destacó que “el impeachment figura en nuestra Constitución, como remedio jurídico de nuestra democracia”.
Como se ve, el caso presenta sus complejidades. Pero como “amigos son los amigos”, el Plenario Nacional del Frente Amplio hizo causa común con Dilma y Lula, acusó al juez de la causa de violar los principios constitucionales, refrendó la tesis del golpe de Estado y, faltaba más, acusó a los medios de desestabilizar las instituciones democráticas. Declaraciones del MPP, del Partido Socialista y otros grupos frentistas fueron más lanzadas en respaldo a los amigos gobernantes de Brasil.
La izquierda, que supo celebrar la operación “mani pulite” (manos limpias) llevada a cabo por la magistratura italiana en los años 90 que puso fin a medio siglo de gobiernos controlados por la Democracia Cristiana, se alegró de la renuncia de Fernando Collor de Mello sometido en 1992 a un juicio político por episodios de corrupción. Y no le disgustó en 2001 la caída del presidente Fernando de la Rúa debido a la cruenta represión de protestas tras la pesificación de los depósitos bancarios y el “corralito” financiero. No le preocupó la institucionalidad democrática. Ni Collor ni De la Rúa eran de los suyos.
En 2009 calificó de golpe de Estado la destitución del presidente hondureño Manuel Zelaya, dispuesta por el Congreso para impedir el intento de reelección contra lo dispuesto expresamente por la Constitución del país. Tres años después calificó también de golpe de Estado la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, tras el juicio político que le hizo el Congreso dominado por la oposición.
Estos antecedentes confirman que, al final del día, para la dirección frenteamplista lo político está por encima de lo jurídico. Porque el fin sigue justificando los medios.
Si preocupante es la declaración de la Mesa Política y de grupos del Frente Amplio sobre Brasil, es grave que el presidente Tabaré Vázquez y el canciller Rodolfo Nin Novoa hayan decidido entrometerse en el pleito brasileño, tomando partido por Rousseff. Lo hicieron al proponer a los miembros de la Unasur una declaración de respaldo a la presidenta que describía la crisis como un “enfrentamiento de la Justicia contra el Poder Ejecutivo”. Ante lo cual, “preocupados” por la situación, “ofrecemos nuestro total respaldo a la presidenta, (…) elegida democráticamente por la mayoría de los brasileños para ejercer su cargo hasta el 1º de enero de 2019”. Hacía un llamado “a las fuerzas del orden” y “a todas las instituciones constitucionales” de Brasil “a respaldar al gobierno legítimo” y “la voluntad popular expresada en las urnas”.
El texto propuesto, un verdadero desbarranque diplomático, echa por la borda uno de los principios cardinales de la política exterior uruguaya: la no intervención en los asuntos internos de otra nación. Principio que garantiza el respeto a la soberanía de naciones pequeñas, como Uruguay.
La soberbia gaffe diplomática, apenas atenuada por una declaración más equilibrada de la Cancillería un día más tarde, quedó en evidencia cuando la vicepresidenta y la canciller argentinas pusieron las cosas en su lugar, al reclamar que la crisis sea resuelta con “respeto a las instituciones de la democracia”. La lápida la puso el vicecanciller paraguayo Oscar Cabello, quien anunció que su país no firmaría la declaración porque “no cree conveniente (…) ningún tipo de pronunciamiento ni a favor ni en contra de nadie”. Nos ajustamos, agregó, “al respeto de la soberanía de los países”.
