Una de esas resoluciones refiere a la eventual utilización de armamento por parte de los militares que operarán los vehículos. Dado que se trata de equipamiento nuevo, donado al Ejército Nacional en 2024, y que requiere capacitación específica para su manejo, hasta el momento solo efectivos militares han recibido instrucción para operarlo, y no personal policial.
En total, se prevé desplegar hasta 12 de estos transportes en Montevideo, aunque no de forma simultánea, sino en distintas ocasiones y según las necesidades operativas que se definan. La medida prevé que cada vehículo sea operado por dos militares —un conductor y un auxiliar— bajo las órdenes y la supervisión de la Policía Nacional. Sin embargo, aún no se ha resuelto si los efectivos militares que los conduzcan portarán armas.
Otro de los mandos que mantiene contacto con el Comando General del Ejército es Jorge González, director de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) de la Policía Nacional, creada durante la pasada administración y consolidada como la nueva unidad de élite de la institución. Con competencia en todo el territorio nacional y dependencia directa de Azambuya, la Digoe tiene un perfil más especializado y una estructura más reducida que la Guardia Republicana.
Entre sus principales cometidos se encuentran la intervención en situaciones críticas vinculadas a fenómenos de violencia organizada, planificada o de alto impacto social e institucional; la protección de personas especialmente expuestas; la coordinación de la gestión de crisis de muy alto riesgo; el desarrollo de la doctrina nacional en materia de operaciones especiales; y la conducción técnica de las unidades encargadas de actuar en escenarios complejos.
La Digoe es una de las unidades que participa en la Operación Dominio, una estrategia de intervención territorial del Ministerio del Interior lanzada en junio con el objetivo de intensificar los operativos policiales focalizados en distintos puntos de Montevideo, como Cerro Norte y Marconi, mediante patrullajes, controles y despliegues coordinados de distintas unidades operativas. Los vehículos del Ejército se utilizarán en este procedimiento y en la Operación Atenea, un dispositivo complementario con un enfoque más orientado al análisis de información e inteligencia para la prevención de delitos de alto impacto.
De Estados Unidos para la ONU
Los vehículos militares que la Policía prevé emplear son los Mamba MK7, diseñados originalmente en Sudáfrica y fabricados por la empresa estadounidense Osprea Logistics. Fueron donados en 2024 por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, en el marco de un acuerdo de US$ 13,9 millones que incluyó la entrega de 14 unidades destinadas a integrar una Compañía de Infantería Mecanizada de Respuesta Rápida (QRF, por sus siglas en inglés) para misiones operativas de paz que Uruguay pueda desarrollar bajo mandato de las Naciones Unidas (ONU).
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La exembajadora Heide Fulton durante la entrega de los Mamba MK7 al Ejército Nacional de Uruguay.
Embajada de Estados Unidos en Uruguay
Durante la administración anterior, Uruguay se comprometió ante la ONU a desarrollar una unidad militar de vanguardia, equipada con nuevo material y entrenamiento internacional, capaz de desplegarse de manera inmediata en países en conflicto donde sea necesaria la protección de población civil e infraestructura crítica o la contención de enfrentamientos armados entre distintos bandos. Esta QRF está concebida para ingresar con rapidez a un escenario de crisis y actuar de inmediato ante situaciones en desarrollo, generalmente en apoyo a contingentes de cascos azules que requieren asistencia operativa.
Los Mamba MK7 fueron financiados a través de la Iniciativa de Operaciones Globales de Mantenimiento de la Paz del Departamento de Estado de Estados Unidos. El acuerdo incluyó, además, un paquete de repuestos para dos años y cuatro cursos de capacitación para instructores.
“Estos vehículos permitirán a Uruguay proporcionar una fuerza de reacción rápida, una capacidad que permitirá a nuestros socios uruguayos continuar con su larga historia de contribución a la paz y seguridad internacionales”, señaló la exembajadora estadounidense en el país Heide Fulton durante el acto de entrega del equipamiento, realizado en julio de 2024.
Desde entonces, los Mamba MK7 permanecen en Uruguay a la espera de un eventual despliegue dispuesto por las Naciones Unidas. En mayo, durante la conmemoración de un nuevo aniversario del Ejército Nacional, Stevenazzi se refirió al posible uso de los vehículos ante escenarios de misiones de paz que “aumentan su complejidad” y exigen un mejor equipamiento para las Fuerzas Armadas uruguayas.
“Hoy tenemos una compañía mecanizada lista para ser desplegada en cualquier parte del mundo, en el marco de una misión de paz, lógicamente con la autorización parlamentaria que corresponde, con equipamiento de primer nivel, lo que da mayores garantías a nuestro personal”, afirmó Stevenazzi en su discurso oficial, en referencia, entre otros recursos, a los Mamba MK7.
La advertencia de Manini Ríos por el rol del Ejército
Ayer lunes el presidente Yamandú Orsi se pronunció brevemente sobre la nueva medida que habilita el uso de vehículos militares por parte de la Policía Nacional, informada horas antes por Búsqueda.
"A partir de un encuentro con los ministros del Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior y Ministerio de Economía y Finanzas, resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin”, expresó el presidente a través de su cuenta de X.
La participación del Ministerio de Economía responde a la necesidad de instrumentar los mecanismos de pago que se espera que Ministerio del Interior efectúe al Ministerio de Defensa por la utilización de los vehículos militares y la asignación de personal en los operativos. Ese esquema contempla la compensación por el uso del equipamiento, así como por las horas de servicio cumplidas por los efectivos del Ejército que participarán en las tareas de apoyo a los despliegues policiales.
El despliegue de vehículos militares fue aprobado personalmente por Orsi, tras mantener conversaciones con el ministro del Interior y con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. La iniciativa busca dotar al personal policial de medios de transporte más seguros para el ingreso a las zonas de mayor violencia, dado que el Mamba MK7 ofrece mayores niveles de protección balística y contra explosivos.
Lazo señaló que en el Poder Ejecutivo existe una “preocupación permanente” por ciertos problemas de seguridad pública, particularmente aquellos vinculados a altos índices de criminalidad en algunos barrios de Montevideo.
“En ese sentido, estamos todos los ministerios preocupados y ocupados en ver cómo se puede colaborar de forma proactiva en esta situación”, afirmó este martes en rueda de prensa. Asimismo, la ministra aclaró que se trata del despliegue de equipamiento militar en tareas de apoyo logístico, y no de la participación de soldados del Ejército en operativos de seguridad pública, en respuesta a inquietudes planteadas pública e internamente por dirigentes del Frente Amplio.
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Un oficial de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo, de la Policía Nacional, durante uno de los procedimientos de la Operación Dominio, a la que en los próximos días se sumará el transporte del Ejército Nacional.
Ministerio del Interior
“Es la cooperación con vehículos para que la Policía cumpla con su rol en la seguridad pública en aquellos lugares donde es más complejo ingresar”, sostuvo.
Mientras en el oficialismo primó la cautela y se realizaron precisiones sobre el alcance de la medida, en la oposición el anuncio fue valorado positivamente, al entender que responde a un reclamo de mayor firmeza en materia de seguridad y al uso de recursos militares para el control de la seguridad pública.
“Lo venimos pidiendo hace tiempo”, sostuvo en rueda de prensa el senador nacionalista Sebastián Da Silva. Por su parte, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, afirmó que “está bien” que en un “momento de crisis de la seguridad pública, los recursos del Estado se pongan a disposición del Ministerio del Interior”.
Entrevistado en radio Monte Carlo, Manini Ríos advirtió que la represión del delito debe seguir bajo la órbita de la Policía Nacional, al plantear reparos sobre cualquier responsabilidad legal que afronte el personal militar en caso de uso de la fuerza.
“Lo que no podemos hacer es dar órdenes determinadas a las Fuerzas Armadas y que, después, ante el primer problema que surja, termine pagando con cárcel un soldado o un oficial. Ya hemos visto esa película”, dijo, en alusión a las consecuencias penales sobre los militares tras la última dictadura (1973-1985). Una visión similar había planteado recientemente el coronel retirado del Ejército, Eduardo Ferro, quien cumple condena por delitos vinculados al terrorismo de Estado.
