Amnesia de su propia moral

El 20 de abril en la sección Lectores corresponsales el diario publicó la extensa nota Brutal derrape de la Covid en Uruguay, con la firma de Silvia Alvariza. Está escrita con un tono opositor y corporativista y apunta a descalificar al presidente Luis Lacalle Pou no solo por su política frente al Covid, sino también por decisiones personales. Sus opiniones forman parte del derecho a la libertad de expresión, pero es necesario advertir que utiliza mentiras y ocultamientos para cuestionar la moral política del presidente. Hacia allí iremos.

Mete una cuña sectaria: la pandemia comenzó cuando una uruguaya llegó de Madrid y contagió “al barrio más coqueto de la capital”, Carrasco. Lo de “coqueto” es una perversión populista para sembrar confrontación y llevar agua al molino opositor.

Expresa que “el presidente invoca ‘la libertad responsable’. Como si transfiriera la responsabilidad del Estado sobre la salud pública a los ciudadanos. Va de desentenderse. Que el que se quede detrás, se arregle como pueda…”.

Y remata: “Este abril, mientras moría un joven panadero con dificultades respiratorias sin ser atendido ni internado por la emergencia, por saturación del sistema, el presidente practica surf en un sofisticado balneario”. Sectarismo para mediocres resentidos.

El 25 de abril Montevideo Portal explica que la nota generó controversia en las redes sociales y que algunos se preguntaron quién es Alvariza. La respuesta no es sencilla. Tampoco saber quiénes la utilizan con su consentimiento.

Hay dos circunstancias destacadas: la tergiversación partidaria de hechos y la “amnesia” voluntaria sobre su propia moral. En un breve currículum en La Vanguardia esconde hechos centrales. Dice que es abogada, que fue jueza de paz y que escribe sobre violencia de género. Poco más.

La cuestión es que esta mujer que dicta cátedra sobre moral política y personal como si fuera una impoluta monja trampea y esconde antecedentes. Sabía que de exponerlos terminaría descalificada y como centro de burlas y memes.

Vamos a ver dos que están documentados.

El 18 de enero de 2012 la presidencia de la República, con la firma del expresidente José Mujica, realizó un contrato de arrendamiento de obra con una sociedad de hecho integrada por Alvariza y Daniel Gatti (quien a diferencia de Alvariza es periodista profesional) para editar la revista Políticas destinada a promocionar las actividades del gobierno. Ese contrato no fija plazo de ejecución. El pago fue del equivalente a US$ 13.836.71 al cambio de 2012. Pero el 28 de mayo Presidencia renovó el contrato por seis ejemplares más y pagó el mismo monto (sumados ambos US$ 27.673,42) con dinero de los contribuyentes, el suyo y el mío. Abismal diferencia con “los medios de comunicación dominantes” descalificados por Alvariza, empresas de capitales privados que pelean para pagarle el salario a sus trabajadores.

Es verdad que es abogada y que fue jueza de paz de 6º turno de Montevideo, cargo que agita en su currículum para ensalzar su pasado. Pero oculta que el 27 de setiembre de 1993 fue destituida por la Suprema Corte de Justicia por haber viajado sin autorización a un congreso de jueces, más festivo que académico, en el balneario brasileño de Torres1. La Corte le negó la licencia e igual se fue hacia la arena brasileña y el jacuzzi hotelero. Para defenderse sostuvo que según la Ley Orgánica de la Judicatura los jueces no tienen la obligación de concurrencia diaria a sus oficinas y pueden organizar el trabajo como consideren. Ignora la superintendencia de la Corte sobre los jueces que es de base constitucional. Nada menos.

Insistió con una demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Ficha: 1513/93). En la sentencia (Nº 36) de febrero de 1996 el tribunal confirmó su destitución por ineptitud funcional. Argumentó que “no se trata de un acto de ausentismo espontáneo, súbito, no meditado, sino de una acción premeditada para superar la prohibición (de viajar), un acto de desobediencia…”. No solo dejó plantados a los abogados y citados en Paz 6º, sino también a los de Paz 7º, del cual había sido encargada por la Corte.

No es todo. El tribunal advierte que de la investigación administrativa surge que maltrataba a sus funcionarios, que desautorizaba a la actuaria y paralizaba el trabajo judicial para ver televisión en su despacho. Algunas excusas con las que se justificó “son deleznables en algunos casos e inadmisibles en otros…”, dice el fallo.

Para terminar, voy a Benedetti con un aserto diferente al que citó Alvariza pero más adecuado: “El que hace trampa es porque no tiene coraje para ser honesto”.

1) Segundo Encuentro Judicial Brasileño-Uruguayo, organizado por las asociaciones de magistrados de dichos países, celebrado en la ciudad de Torres RS, Brasil, en marzo de 1993.