Los representantes del Poder Legislativo cuentan con varios mecanismos de control sobre el proceder del gobierno. Una de las herramientas más comunes son los pedidos de informes, que están previstos en la Constitución de la República. Tanto diputados como senadores tienen derecho a solicitar datos e información a los ministerios, la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral, el Tribunal de la Contencioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas y recibir una respuesta oficial en un plazo máximo de 45 días.
Según un relevamiento realizado en las dos cámaras del Parlamento, en el actual período de gobierno hubo una reducción de las contestaciones. Mientras se respondieron durante el gobierno de José Mujica el 64% de 2.596 pedidos de informes y en el último de Tabaré Vázquez el 66% de un total de 6.484 solicitudes, en lo que va de la gestión de la coalición el porcentaje disminuyó a un 55% en 3.375.
En el caso específico de los senadores, esta diferencia se acentúa y los pedidos de información no respondidos superan a los que tuvieron una contestación. Desde el 1º de marzo de 2020 tuvieron una respuesta el 40% del total y el 60% de las solicitudes, seis de cada 10 no fueron contestadas.
Como consecuencia, esta “fuerte merma” provocó una judicialización de los pedidos de informes por parte de los legisladores de la oposición, una problemática que fue señalada en un documento elaborado por el despacho del senador del Frente Amplio Charles Carrera y presentado por el abogado Luis Fleitas de León en el X Encuentro Ibero-Italoamericano de Derecho Parlamentario, que se realizó el 28 de abril de 2023 en Argentina.
En el escrito, al que accedió Búsqueda, se señala que la falta de respuestas a los pedidos de informes de los senadores “merma uno de los insumos para el control que tiene el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo”. Esto afecta en particular, se señala, a los legisladores opositores que suelen usar la información surgida de estas solicitudes para resolver llamados a sala a autoridades, en régimen de comisión general o interpelaciones de ministros.
Según se informa en la página web del Parlamento, en el caso de la Cámara Alta desde 2020 el Ministerio del Interior fue la cartera que contestó un menor porcentaje de pedidos de informes (43%), seguido del de Transporte (54%) y, en tercer lugar, el Ministerio de Defensa (57%). En cambio, el Ministerio de Relaciones Exteriores (97%), el Ministerio de Turismo (82%) y el Ministerio de Salud Pública (79%) fueron los de mejor nivel de respuesta.
En el Ministerio del Interior, los 31 pedidos de informes no respondidos durante este gobierno refieren a temáticas como los suicidios de funcionarios policiales, los sistemas de interceptación legal, las vacantes en la cartera, el listado de inmuebles, la licencia de autoridades y el servicio de seguridad presidencial.
En el caso de la Cámara Baja, los organismos que menos respondieron pedidos de informes durante este gobierno fueron el Ministerio de Ambiente (42%), el Ministerio del Interior (46%), el Ministerio de Ganadería (55%) y el Ministerio de Desarrollo Social (62%). En tanto, los que tuvieron mayor porcentaje de respuesta fueron el Ministerio de Relaciones Exteriores (98%), el Ministerio de Economía (83%) y el Ministerio de Salud Pública (81%), a pesar de haber sido la cartera que más recibió pedidos de informes de legisladores.
El documento presentado en el Encuentro de Derecho Parlamentario plantea que “desde el punto de vista político” la “relevancia o incidencia” de la Cámara de Senadores es “cualitativamente mayor” a la de Representantes, porque allí se encuentran los “legisladores opositores que el gobierno percibe como sus mayores rivales políticos” y donde se tratan venias de destitución de funcionarios públicos, para la designación del fiscal de Corte y de miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Otro procedimiento
A pesar de que la legislación prevé la posibilidad de presentar una acción de amparo ante el Poder Judicial frente a la omisión de respuesta una vez vencido el plazo, en reclamo del cumplimiento del derecho constitucional, la “mayoría” de los legisladores prefieren optar por otro procedimiento: el establecido en la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, promulgada en 2008. Este mecanismo puede ser utilizado por cualquier ciudadano para acceder a datos que se encuentran en poder de organismos públicos, sean o no estatales, salvo que hayan sido declarados reservados, confidenciales o secretos.
En este procedimiento, la primera instancia es administrativa, y se cuenta con un plazo de 20 días hábiles, prorrogables por 20 días hábiles más, para que se efectivice la respuesta. Luego, en la segunda instancia la persona que solicita la información puede accionar la tutela judicial de su derecho ante los juzgados letrados de lo Contencioso Administrativo, con la presentación de una demanda.
El hecho de que los legisladores prefieran utilizar el pedido de acceso a información pública frente al pedido de informes, para el presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Fabián Werner, es una “buena señal” que implica una “legitimación” de la herramienta, que es más efectiva y más rápida. Además, considera que esta situación hace “más relevante” la necesidad de “darle mayor respaldo” a la Unidad de Acceso a la Información de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).
“Tenemos un órgano garante, que no tiene capacidad de controlar ni obligar a que respondan en tiempo y forma. Hemos venido planteando eso, pero no hemos tenido éxito”, dijo Werner a Búsqueda.
Sobre los pedidos realizados por legisladores, el presidente del Cainfo aseguró que recibieron algunas consultas con respecto al uso, y que en varios casos los diputados o los senadores resolvieron realizar los dos mecanismos de forma simultánea para acceder a la información. Según indicó, “hay una disparidad muy grande” en relación con la respuesta de los organismos.
Reclamo contra Interior
Esta semana los senadores del Frente Amplio Alejandro Sánchez y Carrera resolvieron recurrir a esa acción judicial ante la falta de respuesta a un pedido de información realizado al Ministerio del Interior. A principios de mayo los legisladores habían recurrido al mecanismo de solicitud de acceso a la información pública para obtener datos sobre cantidad de homicidios y tentativas de asesinatos desagregados por mes y departamento en los últimos tres años, la cantidad de personas fallecidas en muertes dudosas en el mismo período y la cifra de denuncias que contienen civiles heridos por disparos de armas de fuego de funcionarios policiales, así como de policías heridos. Su pedido no recibió respuesta oficial en el plazo establecido por la normativa, por lo que recurrirán a la Justicia, según confirmó Carrera a Búsqueda.
Para el senador, la falta de respuestas a pedidos de informes refleja una “degradación institucional” que parecería —según el documento— “poner en duda” la pertinencia de la existencia de un derecho específico para los legisladores, en una categoría más amplia y “diferente” al de todos los habitantes de acceder a la información pública. En el mecanismo previsto para diputados y senadores en la Constitución es posible solicitar la producción de información cuando esta no exista, e incluso pedir aquella que se encuentre clasificada como secreta, confidencial o reservada.
El 21 de marzo de 2023 la bancada de senadores frenteamplistas había iniciado otra petición calificada de acceso a la información pública contra Presidencia de la República, sobre el caso de Aratirí, el proyecto minero que inició un arbitraje internacional de inversiones contra el Estado uruguayo. Realizaron la acción judicial luego de que se les respondiera que era confidencial la información solicitada que pedía el detalle de los profesionales intervinientes, el texto de los contratos, los antecedentes laborales de los abogados, detalles sobre los gastos y los viajes en el proceso en la Corte de Apelaciones de París, así como información acerca de si fue contratado un estudio local para asesorar en materia internacional.
El “caso Marset” es otro de los ejemplos de solicitudes de información realizado por los senadores de la oposición, que terminó en la Justicia y obligó al Poder Ejecutivo en noviembre de 2022 a advertir sobre todas las comunicaciones entre funcionarios del servicio exterior y entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la entonces subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, relacionadas con la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo.
La falta de respuestas a pedidos de informes “debe encender algunas alarmas en Uruguay” porque refleja una “pérdida de normatividad”, afirma el documento elaborado por el despacho de Carrera.
