El gobierno no tiene en agenda una ley sobre IA y plantea dudas sobre el modelo europeo, que era su referencia

El jerarca sostuvo que el país está “siguiendo atentamente” la evolución del debate internacional antes de tomar decisiones normativas. “Tenemos un marco, tenemos un plan estratégico 2024-2030 y estamos participando en todas las instancias globales para entender hacia dónde va esto”, explicó.

Según explicó a Búsqueda, Europa es hoy un ejemplo de ese problema. “Europa tiende a regular: ley, decreto, marcos y análisis de todos los riesgos”, señaló. Pero advirtió que esa estrategia puede tener costos. “Lo que dicen algunos líderes europeos es que no perdieron con China o Estados Unidos, sino con su burocracia y su regulación”, afirmó.

A su modo de ver, Uruguay debe encontrar un equilibrio entre controlar riesgos y permitir el desarrollo de la industria. “La regulación puede ser una traba para cualquier desarrollo económico”, dijo. Y agregó que el desafío es mantener “un equilibrio muy claro entre cómo desarrollar y usar la inteligencia artificial para el crecimiento del país y los riesgos que existen”.

Entre esos riesgos mencionó los sesgos algorítmicos, la seguridad de los datos, la ética y el control sobre los modelos de lenguaje.

El debate entre ley y estándares internacionales

En lugar de una ley muy detallada, Gili planteó que el gobierno observa con atención otro enfoque regulatorio, como la construcción de estándares internacionales, similares a las normas ISO.

Según explicó, Estados Unidos impulsa ese camino a través de organismos que elaboran estándares técnicos para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. “Estados Unidos está más por el lado de que las normas estandarizadas globales, como las ISO vinculadas a la inteligencia artificial, sean las que marquen las pautas”, señaló.

Esto permitiría, dijo el jerarca, mantener reglas comunes a partir de “normas estandarizadas globales”, sin necesidad de leyes muy detalladas que puedan quedar rápidamente obsoletas frente al avance de la tecnología.

Una legislación “muy acotada”

Para Gili, el punto central es evitar que la regulación limite el potencial del país “en un momento de transformación tecnológica global”. En su opinión, Uruguay debe “adaptar su industria tecnológica y su sistema de servicios globales para convertirse en un jugador de inteligencia artificial a nivel regional o global”.

“Estamos siendo muy prudentes en no bloquear algo que Uruguay debería aprovechar”, afirmó.

El jerarca recordó además que, en el pasado, regulaciones estrictas pudieron haber limitado el desarrollo de sectores emergentes. “Podríamos haber sido mucho más potentes en biotecnología o en fintech si nuestras regulaciones hubieran sido más amplias”, sostuvo.

Por eso, su visión es que cualquier legislación futura debería ser acotada y centrada en los riesgos más evidentes. “En algún momento tiene que haber una ley sobre inteligencia artificial. Podrá decir mucho o poco, pero mi opinión es que debería ser muy acotada”, afirmó.

Entre los riesgos más sensibles que una eventual ley debería contemplar mencionó los sesgos algorítmicos, el uso indebido de datos, la ciberseguridad y los problemas éticos. “Eso lo tenemos que regular, pero tenemos que tener cuidado de que no sea un impedimento. Lo que el mundo nos muestra es que Europa quedó atrás frente a Estados Unidos y China, mientras la revolución tecnológica ya está ocurriendo”, sostuvo.

Reformas para reducir “trabas regulatorias”

Mientras el gobierno descarta enviar un proyecto de ley específico sobre IA, distintas áreas del Ejecutivo trabajan en cambios regulatorios orientados a “ser más competitivos” y “facilitar” la innovación.

Según explicó Gili a Búsqueda, el Ministerio de Economía impulsa una futura “ley de competitividad e innovación” para trabajar “sobre trabas regulatorias, tasas o procedimientos que hoy frenan la innovación y la competitividad”, señaló.

El jerarca indicó que distintas agencias vinculadas a ciencia, tecnología y desarrollo productivo ya fueron convocadas por UI para identificar qué cambios normativos podrían facilitar la innovación. Parte de esas modificaciones, explicó, comenzaron a incorporarse en normas recientes.

Entre los ejemplos mencionó medidas para simplificar la importación de equipamiento científico por parte de investigadores y cambios en los instrumentos de incentivo a la inversión.

La estrategia, sostuvo, apunta a mejorar las condiciones para que empresas tecnológicas y proyectos de base científica puedan desarrollarse en Uruguay y competir en mercados internacionales. “Son medidas que trabajan sobre los factores de competitividad. No van a tener impacto en 24 horas ni en tres meses, pero son cambios necesarios para el desarrollo”, afirmó.

Latu-Edificio

Espacios de prueba para nuevas tecnologías

En paralelo al debate regulatorio, el gobierno también analiza mecanismos para experimentar con nuevas tecnologías sin quedar atado a un marco legal definitivo. Uno de esos instrumentos son los llamados “sandboxes regulatorios”, habilitados por decreto a fines del año pasado. Se trata de espacios controlados donde empresas o instituciones pueden probar soluciones tecnológicas bajo supervisión del Estado antes de que exista una regulación formal.

En ese esquema, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu) podría convertirse en uno de los ámbitos donde se desarrollen estos experimentos. “Esperamos que el Latu pueda ser un lugar donde se haga mucho sandbox en distintas disciplinas”, señaló Gili a Búsqueda.

Agregó que el gobierno comenzó conversaciones con distintos reguladores para avanzar en estas iniciativas. “Para hacer sandbox en finanzas, por ejemplo, tenés que trabajar con el Banco Central”, explicó. Según indicó, la idea es avanzar sector por sector, en coordinación con los organismos responsables de cada actividad. El objetivo es promover ámbitos donde “nuevas soluciones tecnológicas puedan testearse antes de escalar” o definir un marco regulatorio definitivo, dijo.