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En la primera página de la edición de Búsqueda del 11 de marzo pasado se titula Sindicatos impulsan consulta popular contra reforma previsional, aún en elaboración. En realidad no extraña que las filiales sindicales de la coalición de oposición acudan al procedimiento de la democracia directa para oponerse a todo lo que creen que no sirve y tampoco extraña que se pretenda someter a referéndum una ley que todavía no existe ni existe tampoco el informe que tiene que elevar la comisión que estudia la reforma para redactar esa ley. Todo eso, a pesar de la irracionalidad, no extraña y no aporta nada a solucionar los problemas que se tratan.
Pero en el desarrollo de la información se dice que, como alternativa de financiamiento del sistema, la idea es elevar la edad de retiro y el incremento paulatino de los aportes patronales del 7,5% actual hasta llegar al 15%. Esto es lo que no cierra, ya que es incoherente que organizaciones de defensa del trabajo y del trabajador tengan posturas que atentan contra el trabajo y el trabajador.
El llamado aporte patronal, que existe desde siempre, funciona como un “impuesto” que grava a quien contrata a un trabajador, desde el servicio doméstico, pequeños comercios con un solo empleado, pequeñas y medianas empresas y lógicamente grandes empresas y grandes emprendimientos, siendo los obligados tanto personas físicas como jurídicas. Quienes no tienen ni contratan empleados (o los contratan en “negro”) no están gravados, quienes dan trabajo en regla deben pagarlo.
Uno de los grandes problemas a que se enfrentó el gobierno que asumió el año pasado es el desempleo, problema agravado por las consecuencias de la pandemia. Uno de los grandes objetivos del gobierno, manifestado por el presidente y muchos referentes, es el empleo. El aporte patronal es no el único, pero sí uno de los obstáculos que llevan al empresario a no tomar trabajadores, prescindir de los mismos en caso de “mala racha” en el negocio y puede llevar al desaliento en las inversiones. Además, el empresario lleva parte de ese “impuesto” al costo de su producto o servicio, que los encarece y en caso de productos o servicios exportables es una desventaja porque la competitividad no solo se logra con el tipo de cambio, la baja de aranceles de los insumos, etc., sino también con los gravámenes, y este es uno de ellos.
No sé si el aporte patronal que hace el patrón por su trabajador va a la ficha del trabajador e incide en su futura jubilación o si es un ingreso general, pero sí es, sin duda, un ingreso importante del BPS. Las organizaciones sindicales, en defensa del trabajo y de los trabajadores, deberían en lugar de “exprimir al patrón” aliviarlo para que lo incentive a contratar personal, proponiendo no aumentar el aporte del patrón, sino a sustituirlo por otro que no sea tan gravoso, tal vez, un impuesto interno que lo aliente a tener personal a su cargo no incida en el costo del producto o servicio y no afecte el ingreso del BPS.
La experiencia del mundo, de ahora y de siempre, nos indica que de la crisis que existía y que se agravará con la pandemia y su repercusión en el desempleo se sale con el incremento de la inversión fundamentalmente privada, sea nacional o extranjera, y a esa inversión hay que atraerla no con el incremento de los impuestos, aunque se llamen aportes.
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