N° 2060 - 20 al 26 de Febrero de 2020
Aunque la obviedad abruma, debido a intereses ideológicos (cuando no económicos) o por aferrarse al caducado socialismo del siglo XXI, algunos obcecados se resisten a admitir que compañeros en esa ruta “revolucionaria” queden de lado porque no tienen democracias plenas. Al tratar de disfrazarlo abogan por el totalitarismo.
El presidente electo Luis Lacalle Pou ordenó que no se invitara a su asunción a los presidentes de Cuba (Miguel Díaz Canel), Nicaragua (Daniel Ortega) y Venezuela (Nicolás Maduro). Una decisión meditada que solo tiene que ver con los sistemas democráticos. Desde el arranque el nuevo gobierno se aparta de la sumisión de los 15 años anteriores.
El fundamento es el artículo 1º de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA): “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Continúa con otras expresiones, tales como que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
Más allá de eufemismos o justificaciones forzadas es indiscutible que en ninguno de los tres países existe democracia plena, pero como el entusiasmo partidario y los discursos emocionales suelen ocultar la realidad, vale recordar brevemente algunos aspectos que avalan el criterio de Lacalle Pou y de su canciller, Ernesto Talvi.
La situación en Nicaragua es sobre la que menos información ha circulado en Uruguay. Es probable que los nostálgicos pretendan mantener a Ortega con su aureola de 1979, cuando lideró la revolución que derrocó al dictador Anastasio Somoza.
Fue electo presidente para el período 1985-1990 y fue elegido nuevamente en 2007 y reelecto en 2011 y 2016. Su actual mandato culmina en 2022. Durante ese tránsito se contagió del virus de Somoza y se convirtió en su alter ego.
Es un ejemplo de texto de que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. De la mano de la vicepresidenta, Rosario Murillo, su esposa, centenares de opositores y periodistas terminaron en la cárcel, grupos parapoliciales asesinaron a políticos y militantes sindicales, le ha dado la espalda al Estado de derecho y el dinero público tomó inescrutables caminos.
No en vano el Barómetro de las Américas de 2019, que cada dos años le toma el pulso a la democracia regional, sostiene que la democracia en Nicaragua es la que más ha retrocedido en América Latina. No se midió en Venezuela y Haití por seguridad para los entrevistadores.
Al análisis del Barómetro se le añaden cuestionamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que una comisión de alto nivel de la OEA informó que existe en Nicaragua una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”.
En Venezuela la situación es igual o peor. Empecemos por lo más reciente. Hace dos años la Unión Europea de 27 naciones sancionó a 28 integrantes del gobierno de Maduro y les prohibió la entrada y el tránsito en los países miembros. También embargará sus bienes radicados en esas naciones. Tomaron la decisión ante las “graves violaciones de los derechos humanos y de abusos y represión contra la sociedad civil y la oposición política”.
En esa lista negra está la vicepresidenta Dalcy Rodríguez. Hace 15 días generó un revuelo monumental en el gobierno español de Pedro Sánchez. Aunque estaba en tránsito (prohibido por la Unión Europea) en el aeropuerto de Barajas, con el conocimiento del presidente Sánchez, su ministro de Transportes, José Luis Ábalos se reunió allí con ella. El peso del expresidente español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene una amistad rentada con Maduro, es una de las claves de la permisividad de Sánchez. O en todo caso, de hacer la vista gorda.
La situación interna de Venezuela se fue deteriorando progresivamente: violentas represiones a manifestantes con el resultado de heridos y muertos, desabastecimiento de comida y medicamentos y detenciones arbitrarias con la complicidad de un sistema judicial sumiso. Venezuela todavía tiene plata y, como antes, compra adhesiones de personas, gobiernos, partidos y sindicatos.
En febrero de 2018, con la base del Estatuto de Roma, se promovió ante la Corte Penal Internacional (CPI) una investigación sobre Venezuela. La CPI queda habilitada para casos excepcionales en que un Estado no pueda (por imposibilidad material) o no quiera (por falta de voluntad real) proceder al juzgamiento, establece el profesor de Derecho Penal Diego Camaño1.
Uruguay no respaldó la denuncia pese a que el Frente Amplio fue el impulsor para incorporar el Estatuto de Roma a la legislación local (Ley Nº 18.026). Otro doble discurso.
También en 2018 la CIDH dio a conocer un informe del cual surge nítido el deterioro social, político e institucional de Venezuela. En este caso, como en otras instancias, el gobierno uruguayo salió chiflando bajito con las pomposas directivas del canciller Rodolfo Nin Novoa que instrumentó el director de Asuntos Políticos, Raúl Pollack.
¿Qué decir sobre Cuba que no se haya repasado hasta el hartazgo en las últimas décadas? Por recientes vale la pena considerar las expresiones del rey de España, Felipe VI, en noviembre del año pasado durante una cena que le ofreció Díaz Canel. Se refirió a Cuba pero su reflexión es genérica.
“Es en democracia como mejor se representan y se defienden los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos”, dijo ante la mirada adusta del presidente cubano.
Agregó que “nada queda congelado en el tiempo y quien se resiste a su paso pierde la oportunidad de colaborar en el diseño del futuro”. ¿Cuál será ese futuro?: “Lo tiene que dilucidar el propio pueblo cubano. Los cambios no pueden ser impuestos y para tener éxito y traer consenso y bienestar deben representar la voluntad ciudadana”.
Nin Nova prepara su desembarco en Cerro Largo y necesita financiar su campaña; el secretario del Partido Socialista, Gonzalo Civila, y el expresidente José Mujica criticaron a Lacalle Pou por su decisión. Le imputaron discriminación ideológica, como les habían criticado a los gobiernos frenteamplistas.
El rechazo colectivo surgió del Frente Amplio, que cuestionó la decisión porque “contradice la no ideologización de las relaciones diplomáticas entre los Estados asumida como compromiso de gobierno en política exterior” durante la campaña electoral del año pasado.
¡Más cháchara maniobrera! La decisión no tiene que ver con la ideología sino con la falta de democracia plena, que afecta los derechos de los ciudadanos. Abusan de la ingenuidad de algunos de sus seguidores y de la militancia cerril de otros. Basta con repasar en los párrafos anteriores el resumen sobre la situación en Nicaragua, Venezuela y Cuba para demostrar que no invitar a los presidentes de esas naciones nada tiene que ver con las relaciones diplomáticas o comerciales, que corren por otro carril.
Lo que hacen es poner de manifiesto su vocación totalitaria y el respaldo a esas ideologías, que apuestan por darle la espalda a la democracia.
Así nos va.
(1) https://www.legal-tools.org/doc/2faebd/pdf/
