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Tal como informó Búsqueda este jueves, los representantes de la minera Aratirí, que pretendía realizar una explotación de hierro en Uruguay, comunicaron al gobierno el inicio de una demanda internacional por el 'incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay'.
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La compañía expresó a través de un comunicado que la base del reclamo 'es la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo, contraria a las legítimas expectativas de los inversores en el Proyecto Valentines'.
En 2007 el empresario indio Pramod Agarwal, presidente de la minera Zamin Ferrous, anunció que invertiría US$ 3.000 millones para extraer el hierro de la zona de Valentines y les daría trabajo a 6.000 personas entre la construcción y funcionamiento del emprendimiento. Uruguay, según sus proyecciones, pasaría a ser uno de los mayores exportadores mundiales del mineral.
Las etapas de prospección y exploración fueron meteóricas, y hasta se construyó un hotel cuatro estrellas por la demanda que se preveía para cuando estuviera en explotación la mina.
Pero finalmente la empresa abandonó el proyecto, según señaló, debido a la ley de megaminería que fijó nuevos topes al negocio minero, además de sucesivos cambios para la localización de la que sería su terminal portuaria.
En el comunicado, la empresa asegura que el gobierno uruguayo 'incentivó a los inversores desde el comienzo a que desarrollaran el proyecto. Incluso se llegaron a negociar, y estuvieron a punto de firmarse, varios acuerdos para facilitar su implementación'.
Los inversores afirman que 'confiaron en la conducta del gobierno y en sus promesas con respecto al proyecto'. Por eso, 'invirtieron cientos de millones de dólares en el país en su desarrollo'.
Mismo bufete que Gas Sayago.
La compañía será representada en el arbitraje internacional por el bufete estadounidense King & Spalding.
Este estudio jurídico es el mismo que en su momento fue contratado por Gas Sayago para tareas que 'no están del todo claras', según aseguró el diputado nacionalista Pablo Abdala a Telenoche.
El legislador y miembro denunciante en la comisión de diputados que investiga el proceso licitatorio del proyecto que quedó trunco, recordó al informativo que dicho estudio cobró US$ 1.400.000 dólares por su trabajo.
'La contrataron como un estudio internacional y lo único que se insinuó es que esta gente había colaborado en contactos que se hicieron con empresas proveedoras de gas licuado, de materia prima para la regasificadora. Nunca se llegó a firmar un contrato con ningún proveedor, pero en todos los sondeos que se hicieron, supuestamente esta empresa habría participado', dijo Abdala.
Según fuentes consultadas por Búsqueda, la demanda de Aratirí será millonaria y comparable al litigio entre la multinacional tabacalera Philip Morris contra el Estado uruguayo porque será un proceso arbitral internacional que 'llevará años'.
