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Un año y dos meses atrás la bancada de senadores del Frente Amplio presentó una denuncia penal por el acuerdo portuario con la empresa belga Katoen Natie, por considerar que en la extensión hasta 2081 de la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo se cometieron delitos graves, como usurpación de funciones y falsificación ideológica.
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El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, solicitó el archivo de la investigación el pasado 28 de noviembre al no encontrar elementos que comprueben que se cometieron delitos, según establece su dictamen.
Frente a él declararon el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo; Luis Alberto Heber, que era ministro de Transporte y Obras Públicas cuando se firmó el acuerdo; el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el subsecretario de la cartera de Transporte, Juan José Olaizola, además de autoridades del anterior gobierno y los legisladores denunciantes Mario Bergara y Charles Carrera.
En el archivo reconoce que el asesoramiento que concedió Curbelo al Poder Ejecutivo “no fue correctamente brindado en el plano formal”, porque al no contar con la aprobación del Directorio de la ANP “no resulta válido ni sustituye” las instrucciones que deben ser brindadas de forma previa. A pesar de eso, consideró que “resulta necesario tener en cuenta que la omisión de noticiar a los demás directores de las gestiones que venía cumpliendo, debe leerse en el contexto de la confidencialidad que también había sido dispuesta” para los representantes del Poder Ejecutivo y que “estos aspectos deciden la consideración de elementos subjetivos como el dolo típico y la exigibilidad de un comportamiento alternativo, aunque puedan existir válidos cuestionamientos a la forma de gestionar el acuerdo celebrado con Katoen Natie”.
Los legisladores que presentaron la denuncia ya manifestaron que “seguramente” solicitarán la revisión del caso.
El mismo día, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos también solicitó el archivo de otra de las causas que tenía a estudio: la de la filtración del Plan Nacional de Inteligencia luego de su presentación en el Parlamento en una sesión secreta, tras una denuncia del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé.