Arrogante desprecio de Sartori

Llegó en 2018 con una licenciatura en Economía y Negocios y la presidencia de Union Group, una empresa de inversiones y capital privado. En 2015 se casó, según informa, con la multimillonaria rusa Ekaterina Rybolovleva, hija del magnate ruso Dimitri Rybolovlev, afín al presidente Vladimir Putin, con una fortuna estimada en US$ 6.500 millones, una de las mayores del mundo.

Pero además de esa ignorancia arrastraba falta de sentido democrático y de respeto por las leyes, por la separación de poderes y por la transparencia, inherentes a quien se haya formado en el ámbito local.

En octubre de 2019 se convirtió en el senador más joven de su partido y se instaló en una banca que hasta mediados de 2022 ocupó pocas veces: se tomó 60 días de licencia y registró apenas 52 asistencias.

La “ley cristal”, votada a fines de 1998 por todos los partidos políticos, estableció la obligación para los titulares de cargos del Estado de formular una declaración jurada “precisa y circunstanciada” de los “bienes muebles e inmuebles, de sus ingresos propios y de su cónyuge, de la sociedad conyugal que integra, de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela; de la participación que posea en sociedades nacionales o extranjeras, personales con o sin personalidad jurídica, en sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o en comandita por acciones o ‘holdings’, así como de aquellas sociedades en las que desempeñe el cargo de director o gerente, y de los bienes de que disponga el uso exclusivo”. En 2019, también por unanimidad, el Parlamento modificó la ley, aunque mantuvo esas obligaciones e incluyó otras con el objetivo de habilitar nuevos mecanismos de control y transparencia.

Esas declaraciones deben presentarse en sobre cerrado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que hoy preside la cabildante Gabriela Di Longo.

Antes de que Sartori emprendiera su carrera política seguramente se le informó sobre detalles y obligaciones a los que estaría sometido en la vida política, como los sistemas de elecciones departamental y nacional, los porcentajes para acceder a las bancas, el reglamento para las elecciones internas y su obligación de realizar la declaración jurada que establece la ley.

Pero de toda esa información manoteó y utilizó todo lo que le servía e insistió en omitir la declaración de su esposa, lo que la Jutep le reprochó. Él reivindicó que está separado de bienes en Suiza (sin incidencia con su obligación), lugar donde dice que se casó. De cualquier manera, si fuera concubino, igual debe cumplir la ley.

Arrinconado, planteó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la inconstitucionalidad de esa ley porque sostiene que viola el “derecho a la privacidad, específicamente a la intimidad, y contraviene el derecho a la seguridad jurídica”.

Ese planteo parece pretender ocultar bienes de su esposa como por ejemplo, entre muchos, un apartamento en Nueva York que vale US$ 88 millones (de los más caros de la ciudad) y la propiedad de varias compañías que obtuvo de Athina Onassis, la hija de multimillonario Aristóteles Onassis, entre otras, la famosa isla Skorpios. Así lo ha consignado Wikipedia, pese a lo cual la mujer ha dado varias explicaciones para tomar distancia.

Pero el 15 de setiembre el máximo organismo judicial por mayoría declaró constitucional la exigencia de la Jutep de exigirle a Sartori la declaración jurada de su esposa. Votaron por esa posición los ministros Tabaré Sosa, Bernadette Minvielle y Doris Morales, y por darle la razón a Sartori los ministros John Pérez y Elena Martínez. La sentencia, con sólidos argumentos de derecho, fue publicada la semana pasada por Búsqueda.

En el fallo la mayoría de la Corte recordó la filosofía de creación de la ley, que fue combatir la corrupción y los actos irregulares de los gobernantes, lo que solo se alcanza mediante la transparencia.

Sartori reaccionó mediante un tuit: “Es arcaico que en pleno siglo XXI se considere constitucional que el marido tenga que obligar a la mujer a hacer algo contra de su voluntad (…). No puedo ni voy a obligar a mi esposa, con la que tengo separación de bienes, a que presente nada”.

Algunos dirigentes y legisladores blancos respaldaron a su correligionario, quizá para esperarlo en la puerta de su templo con la palma de la mano hacia arriba, como mendigos. Lo digno sería que lo obligaran a cumplir con la ley.

Transcurridos 23 años de vigencia de la “ley cristal”, a nadie se le había ocurrido plantear su inconstitucionalidad. Tal vez porque no están casados con multimillonarias y no tienen nada que ocultar. O de repente porque son nabos y el único vivo es Sartori.

Tras ese fallo la Jutep quedó habilitada para actuar y le volvió a intimar la presentación de la declaración. Sartori arriesga ser inhabilitado para ejercer cargos públicos en el próximo período de gobierno. De repente con arrogante desprecio por las leyes, las instituciones y la transparencia, se mantiene en sus trece sin que pase nada.

En nuestra política casi todo es posible.