Nº 2188 - 24 al 30 de Agosto de 2022
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl domingo 29 de junio de 2025 el asado estará jugoso y las achuras crocantes porque Juan Gómez es considerado un avezado asador. Les servirá esa parrillada a sus familiares para una celebración doble: cumplirá 70 años y se jubilará al cesar en la Fiscalía General de la Nación como lo establece la Constitución al cumplir esa edad o 10 años en el cargo. En su caso habrán sido cuatro y medio luego de haber sido votado por unanimidad en 2021 como fiscal adjunto y llegar a la cúpula por la renuncia del titular, Jorge Díaz.
Lo anterior es solo presunción porque hasta 2025 pueden ocurrir muchas cosas, aunque algo parece hoy insuperable: que el gobierno y la oposición acuerden un nombre para sustituir a Gómez. Casi imposible. Cada partido político y los manipuladores sectoriales tiran para el lado que les conviene mediante argumentos y objeciones políticas, pero casi nada sobre idoneidad. En este Uruguay degradado por la hiperpartidización exigirles a los partidos lo contrario es más difícil que el chancho chifle, como dice el paisano. Gobernar para darles a los ciudadanos lo mejor de un Ministerio Público parece no importarles. Priman otros intereses que, en algún caso, además de partidarios son personales, cargados de rencor o revancha. Despreciable.
Tiempo atrás Gómez me dijo que se sentía satisfecho por no haber sido atrapado por la adicción a la nociva subcultura del Twitter ni otras redes sociales. No las usa. En consecuencia, a diferencia de otros que las utilizan para publicitarse, solo puede ser juzgado por sus actos al frente del organismo mientras a su alrededor cacarean sin respuesta. Así se mantiene al margen de cualquier debate que no sea el derivado de su obligación de rendir cuentas de sus actos funcionales, como acaba de ocurrir ante la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado.
Con su razonamiento superó esa instancia con comodidad, especialmente porque los argumentos de quienes pretendían golpearlo son de una pobreza infinita. Tanto que su convocante, la senadora blanca Graciela Bianchi, dejó de cacarear por un rato: “Tengo la carta de crédito abierta. Eso significa que sigo confiando, pero quiero ver si hay algún cambio”. ¡Es buena! Por ahora lo perdona. Demostró afiliarse a la filosofía del expresidente José Mujica: “Como te digo una cosa, te digo la otra”.
La otra cosa es que un mes antes de la reunión parlamentaria había sostenido que Gómez actuaba como “mano derecha” de Díaz, a quien “le está haciendo los mandados”. Esto es que a su juicio la fiscalía la maneja Díaz y no Gómez para perjudicar o beneficiar de espaldas a la ley. Terrible imputación delictiva sin pruebas agravada porque sus colegas del gobierno la respaldan. Tal vez creen que por ese camino juntan votos cuando en realidad los pierden. También intervienen algunos topos (no se alteren muchachas, se trata de un sustantivo epiceno que designa ambos sexos) que desde las fiscalías juegan a la política sin dar la cara. Cobardes como lo fueron siempre.
La cuestión es que con la impunidad de su fuero parlamentario Bianchi acusó más de una vez a Gómez de corrupto: se aparta de la ley para seguir órdenes de Díaz. Sus fueros le permiten cacarear sin las consecuencias que en cambio tendría un ciudadano de a pie.
Tanto lo de Bianchi como las acusaciones de corrupción desde Cabildo Abierto contra jueces y fiscales por procesar y condenar —según ellos sin pruebas— a militares violadores de los derechos humanos han enturbiado como nunca las relaciones institucionales. Y en esto no hay marcha atrás. La degradación moral no se recompone.
Pero volvamos al presunto asado de despedida de Gómez y así entender las dificultades para un nuevo fiscal de Corte. Algunos legisladores han insistido en la necesidad de la designación pero el presidente Luis Lacalle Pou les recordó a los turros que se requiere una mayoría especial: los tres quintos del senado, que equivalen a 19 votos. También descartó un triunvirato propuesto para conformar a tirios y troyanos.
Lo he señalado antes, pero vale recordarlo: el Frente Amplio tiene 13 senadores, el Partido Nacional, 11, el Partido Colorado posee 4 y Cabildo Abierto, 3. Sería necesario un acuerdo entre los partidos con el peso de los mayoritarios. ¿Qué partido admitiría quedar afuera de un eventual gobierno del Ministerio Público, aunque lo compensen con otro cargo? Si esta situación se mantiene —por ahora nada indica que pueda cambiar— Gómez continuará con el interinato hasta que en junio de 2025 llegue el momento de poner el asado sobre la parrilla. Pero ahí no se termina.
Las elecciones presidenciales y parlamentarias se llevarán a cabo el domingo 27 de octubre de 2024. Si ninguno de los candidatos logra el 50% más uno del total de votos, se realizará una segunda vuelta, el domingo 24 de noviembre de 2024. Quien resulte electo presidente asumirá el 1º de marzo de 2025, poco más de tres meses antes del cese de Gómez; deberá negociar un candidato con la oposición y proponerlo al senado, tarea que la ley le encomienda al presidente.
Las dificultades para elegir a un candidato tienen otra limitante: la edad. Es que si la edad del nuevo fiscal de Corte obligara a una nueva negociación política al cabo de pocos años —una pesada mochila para el gobierno que resulte electo en 2029— la solución sería un parche y, luego, vuelta al conventillo.