Astesiano y la masacre

La columna de Gabriel Pereyra

4 minutos

Nº 2219 - 30 de Marzo al 12 de Abril de 2023

Durante los hechos que desencadenaron el escándalo conocido como Watergate, que terminó con la renuncia del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Richard Nixon, el fiscal general Elliot Richardson nombró en octubre de 1973 a Archibald Cox como fiscal especial para que se encargara exclusivamente de una investigación de tamaña envergadura. Cox le pidió a Nixon las cintas de la Casa Blanca que terminarían por precipitar su renuncia, pero el presidente se negó a entregarlas y le pidió al fiscal general que removiera a Cox. Richardson se negó y renunció; luego hizo lo propio el fiscal general adjunto William Ruckelshaus. Al final, Nixon logró remover a Cox con la firma del procurador general Robert Bork, pero se ganó la repulsa del Congreso, de buena parte del pueblo americano y no evitó su caída. A ese episodio de presión y renuncia de fiscales se lo conoce como “la masacre del sábado a la noche”.

El hecho muestra cómo a pesar de la antigüedad con que cuenta el sistema acusatorio en EE.UU. este no está exento de la intromisión del poder político y es el poder político el que debe contribuir a fortalecer sus valores, su eficiencia y su independencia.

Desde que en Uruguay se aprobó el Código del Proceso Penal y se instauró el sistema acusatorio, los fiscales pasaron a tener un papel central en el sistema de Justicia. Y expuestos como estaban, el “caso Astesiano” mostró una serie de debilidades, desavenencias y carencias de todo tipo que tiene la Fiscalía pero, aunque fueron fiscales los que protagonizaron situaciones con ribetes de escándalo, el sistema político no puede obviar su responsabilidad en todo lo que ocurrió.

Es probable que en ejercicio del principio de sujeción a la autoridad con que se rigen los fiscales el fiscal de Corte, Juan Gómez, debió actuar con mayor celeridad para sacar a la fiscal Gabriela Fossati, quien en dos ocasiones le pidió para salir del caso.

Pero no se puede obviar que Gómez vive cuestionado políticamente y que cualquier decisión, en uno u otro sentido, iba a ser sobreleída por el sistema político en medio de los tambores de guerra que siguen sonando con el “caso Astesiano”.

El sistema político no solo no transmite apoyo y confianza a Gómez, que es fiscal adjunto porque la dirigencia política no logra ponerse de acuerdo en un nombre, uno en 3 millones y medio de uruguayos, que le dé garantía a todos para ocupar la titularidad de la Fiscalía de Corte.

Fueron los dirigentes políticos los que pusieron música al carnaval en que se convirtió el “caso Astesiano” acusando a la fiscal según actuaba en uno u otro sentido, presionando (la propia fiscal lo reconoció en un mail a Gómez), pidiendo penas severas, incluso aquellos que están en contra de la “inflación penal”, atribuyendo intencionalidades políticas a los fiscales, y así.

Si Gómez no pudo destinar un fiscal que se dedique de forma exclusiva al “caso Astesiano” es porque no tiene las condiciones para hacerlo, porque los representantes del Ministerio Público tienen en sus carpetas cientos y cientos de casos, porque a la hora de reclamar eficiencia son los primeros en alzar la voz pero, a la hora de votar más presupuesto para los investigadores, callan.

Porque parecen haberse dado cuenta ahora de que es difícil para los fiscales investigar cuando están involucrados policías, y con seguridad seguirán sin buscar una fórmula que impida que eso siga ocurriendo.

Se alarman los dirigentes políticos cuando ven las carencias del sistema en un caso sonado y que los involucra, pero parece que ni se enteran que esas mismas carencias las sufren todos los ciudadanos de a pie que pasan por el sistema judicial.

Porque piden Justicia para los de arriba, pero siguen sin votar un presupuesto decente para que no ocurra, como ocurre, que miles de ciudadanos sean acusados en estrados judiciales sin contar con un abogado de oficio, ya que estos no dan abasto con todos los casos.

No sé cómo hacen los jueces para dormir tranquilos cuando mandan a la cárcel a ciudadanos indefensos a los que se les viola sistemáticamente los derechos humanos; pero parece claro que no es su responsabilidad que se llegue a ese punto por falta de presupuesto.

Aquí no hubo una “masacre del sábado por la noche”, hay una masacre contra ciudadanos comunes de lunes a domingo.

Lo que lució como una crisis de la Fiscalía en torno al “caso Astesiano” fue en realidad una crisis de ribetes políticos, pero difícilmente alguien lo vaya a asumir.