Asuntos pendientes del nuevo gobierno

Así, durante las recientes campañas de octubre y noviembre los candidatos dejaron de lado asuntos que, con mayor o menor energía, deberán decidir porque nos involucran a todos sin distinción de colores.

También los partidos deberán tomar posición ante el cese del fiscal de Corte, Jorge Díaz, el 12 de abril de 2022. Para avalar al sustituto que propone el presidente se requieren los tres quintos de votos del Senado. La decisión es sí o no, porque a diferencia de los organismos jurisdiccionales la Constitución no admite otra opción.

También es importante analizar si las inconstitucionalidades deben quedar en manos de la Corte. El organismo acaba de plantear la inconstitucionalidad de una ley que establece mecanismos de ascenso de los jueces porque lo pretende en exclusiva, y sus integrantes naturales deberán abstenerse. Para ello el organismo se deberá integrar con ministros de los Tribunales de Apelaciones cuyo fallo, por estar directamente involucrados, puede generar suspicacias.

En las propuestas políticas de la campaña tampoco se abordaron eventuales aumentos de penas para delitos graves ni reformas al Código del Proceso Penal, pese a los debates públicos de los últimos años.

Durante la campaña irrumpió una sentencia del TCA que desnudó agujeros negros en perjuicio de los administrados por omisión o morosidad de los organismos que no acatan sus sentencias.

El TCA tiene el poder de anular las decisiones del Estado. Decide en las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos cumplidos por la Administración que sean contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder. Si a alguien le parece poco es que padece de dificultades de comprensión.

En una sentencia reciente, el TCA respondió a un reclamo de la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE (Aprom-UTE) que demandó al directorio por no acatar un fallo de 2016 que anuló una decisión que los excluyó de los ámbitos de negociación colectivos. El Directorio de UTE entendió que la organización sindical más representativa era la Agrupación de Funcionarios de UTE, que tiene la gran mayoría de los afiliados (Búsqueda Nº 2.045).

El tribunal decidió reiterar por segunda vez la intimación al directorio para que cumpla el fallo. Dispuso “hacer especial mencio´n a que la administracio´n debe abstenerse de realizar actos contrarios” a lo resuelto por el TCA. Sin embargo, la mayoría de los ministros no accedió a imponer sanciones económicas ni a trasladar el caso a la Justicia penal, como había solicitado Aprom-UTE.

Los ministros William Corujo y José Echveste, quienes calificaron la situación actual de “dramática”, plantearon la necesidad de imponer sanciones a los organismos del Estado que no acaten las sentencias. Esa responsabilidad pesa tanto sobre el Estado como sobre el propio TCA que debe hacer respetar sus fallos: “Es un o´rgano jurisdiccional pleno o no lo es”, escribió Corujo.

El ministro remarcó que “en un Estado de derecho las sentencias se acatan o de lo contrario se incumple por el Estado uruguayo con la obligacio´n de la tutela jurisdiccional efectiva”, que refiere al derecho de las personas a acudir a la Justicia para que proteja sus derechos. Nada menos.

No existen mecanismos para obligar al Estado a cumplir las sentencias, lo cual deja al TCA en una posición incómoda, desairada, porque debe observar en silencio cómo sus decisiones se desobedecen. Dos años atrás, en una sentencia valorada como “histórica”, el tribunal determinó por unanimidad que tenía competencia para hacer cumplir sus fallos, cambiando su posición tradicional de que la Constitución limitaba su jurisdicción solo a analizar las decisiones administrativas, excluyendo la fase de ejecutar las sentencias (Búsqueda Nº 1.950).

Sin embargo, el tribunal no llevó su posición al extremo de imponer sanciones económicas (astreintes) ante las omisiones. Solo el ministro Echeveste consideró que debían usarse todos los medios disponibles para garantizar el cumplimiento de las sentencias, incluidas las astreintes.

En este fallo, que reitera la intimación a UTE a cumplir con la orden de dar mayor participación al sindicato minoritario, Echeveste reiteró la necesidad de dar un paso más e imponer “conminaciones econo´micas” a la administracio´n.

Cómo se observa esta cuestión relevante está en manos de los legisladores que deben establecer normas claras en esta y en otras cuestiones. Otra cosa que conspira es la lentitud de los trámites del TCA. En las últimas administraciones se ha bregado por abreviarlos en beneficio de los administrados y del Estado. También lo ha hecho el Colegio de Abogados y juristas en temas que se deciden en el tribunal.

En 2011 los ministros presentaron un proyecto de ley que propone crear órganos de inferior jerarquía y modernizar los juicios bajo las normas del Código General del Proceso, que elimina los trámites escritos que sobreviven en el TCA, el único órgano jurisdiccional con ese sistema medieval.

Ese proyecto duerme en los anaqueles del Poder Legislativo pese a que Lacalle Pou y otros diputados o senadores ya eran legisladores cuando debieron encararlo.