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Se publicaron las auditorías realizadas en una docena de organismos públicos y la conclusión general es que “los documentos demuestran que hubo desidia, falta de previsión, descuidos y poco apego al buen manejo de los dineros públicos”. Todos sabíamos de estos despilfarros, pero ¿qué consecuencias se pueden esperar?
Un punto a favor de estas auditorías realizadas por la Auditoría Interna de la Nación es que se hagan públicas, ya que en años anteriores era común ver informes truncos con la leyenda: “Por resolución de la Auditoría Interna de la Nación de fecha xx se dispuso calificar con carácter reservado el informe, en mérito a lo dispuesto por el literal e) del art. 9 de la Ley 18.381”.
Por otro lado, el tenor de las conclusiones de estas auditorías no difiere demasiado de las realizadas en años anteriores (están publicadas desde 2011)1. El trabajo de los auditores es encontrar “hallazgos” que los califican por “nivel de criticidad” en “extremo, alto, medio y bajo”, haciendo recomendaciones puntuales para mejorar procesos y luego el seguimiento para ver si esos cambios se implementaron o no.
Si bien la fragilidad de ciertos procesos deja abiertas las puertas para realizar acciones non sanctas, hasta ahora no dejan de ser meras sospechas de supuestos actos ilícitos. Y muchos de estos hallazgos se tratan de temas bastante menores (como control de viáticos, mejor control de gastos, partidas imputadas en otros rubros, etc.).
Lo que muchos esperaban de estas auditorías era que hubiera “más carne en el asador”. Antes de analizar cómo se gestiona Uruguay XXI, la ANII o el Ircca (cuya incidencia en el presupuesto nacional es ínfima y, mal que bien, no están tan mal gestionados), se debería haber puesto el foco en los “pesos pesados”: Ancap y sus subsidiarias, el Antel Arena, la regasificadora, Aratirí, el Fondes, los negocios con Venezuela, el Mides y algún otro.
Ni los propios frenteamplistas cuestionan el enorme gasto que hicieron en 15 años de gestión, pero ellos no lo ven como un despilfarro, sino como una manifestación del “Estado presente”, que debe “ponerle dinero en el bolsillo a la gente”, ya que la finalidad del Estado y de las empresas públicas “no es ganar dinero, sino repartirlo para hacer justicia social”.
Bajo este manto de buenas intenciones, ningún gasto será superfluo, ninguna actuación será tildada de mala praxis y menos aún de corrupta; a lo sumo la calificarán como una “chambonada”.
No es lo que están esperando los votantes de la coalición multicolor. El actual gobierno llegó al poder porque la mayoría de la población percibió una pésima gestión de la cosa pública, se gastó como si no hubiera un mañana y se dejó un tendal de sospechas de corrupción, amiguismo o, al menos, un fuerte tráfico de influencias.
No alcanza con estas auditorías para mejorar procesos. Tienen que ser auditorías para ir a fondo y demostrar si las sospechas que muchos tenemos se pueden probar o no. Y para que tales conclusiones sean más creíbles, deberían hacerse con auditores externos; y si a algunos de ellos los traen de otros países, mejor, más independientes aún.
Estas auditorías tienen gusto a poco. Pueden ser un buen aperitivo, pero no son el plato principal.
1) Informes AIN desde 2011 a 2019 https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/politicas-y-gestion/informe-actuaciones-sector-publico
