BID ayudará al gobierno a mejorar gestión fiscal “pospandemia”

El apoyo a la gestión fiscal, solicitada en una carta de la directora de la Unidad de Organismos Multilaterales del MEF, Mariella Maglia, es de US$ 150.000 no reembolsables. El “objetivo estratégico” es “fortalecer las finanzas públicas a través de la mejora de la eficiencia del gasto”, desarrollando sistemas de evaluación de políticas y de programas de gasto así como los procesos de selección, evaluación y gestión de la inversión pública, explica uno de los documentos del BID relacionado con la asistencia.

El BID observa, basado en un estudio propio publicado en 2019, que en Uruguay la “ineficiencia técnica del gasto público” equivale a 3,7% de su Producto Bruto Interno (PBI), frente a un promedio de América Latina y el Caribe de 4,4%. “El país presenta niveles de ineficiencia menores en compras públicas y similares en salarios públicos al resto de la región, pero proporcionalmente mayores filtraciones de transferencias (programas sociales y gasto tributario) que podrían llegar al 2,2% del PBI. En gran medida, esto se debe a sistemas de focalización de transferencias poco efectivos y anclados en datos anticuados. Uruguay no cuenta con procesos de evaluación de políticas públicas ni de programas de gasto (“spending reviews”) que permitan determinar la eficiencia asignativa y técnica de los mismos y asistir las decisiones de formulación presupuestaria”, describe el BID.

Arbeleche afirmó en su comparecencia en el Parlamento que, en materia de gasto, con el gobierno anterior “la regla era el derroche y la excepción, ser ordenado”.

Por otro lado, según el diagnóstico del BID, el sistema nacional de inversión pública en Uruguay “adolece de procesos sólidos de selección de proyectos (…) con evaluaciones exante, y se observa una completa ausencia de evaluaciones expost (de resultados)” para los ya ejecutados. De manera adicional, el país carece de un sistema de gestión de activos públicos que permita tanto alargar su vida útil como desarrollar iniciativas para su puesta en valor a través de la gestión estratégica, cuestiona el organismo.

Las medidas

La cooperación técnica solicitada integra tres componentes.

Primero, para “apoyar al MEF en la implementación de acciones que permitan retornar a una senda de estabilidad fiscal en el periodo pospandemia”, se prevé preparar una propuesta de diseño institucional del Consejo Fiscal Asesor y del Comité de Expertos que trabajará en torno a la regla. Además, se sugerirán medidas de fortalecimiento de la transparencia, incluyendo la generación de “informes financieros para los proyectos de ley”; mejoras en torno a la información sobre pasivos contingentes y riesgos fiscales; el desarrollo de metodologías sobre gastos tributarios (exoneraciones) y su aplicación en un informe anual; la publicación de proyecciones fiscales de mediano plazo; y reportes periódicos sobre endeudamiento, entre otros.

Un segundo componente apunta a atacar ineficiencias en el gasto mediante la generación de “herramientas de evaluación y gestión” de los recursos corrientes como de inversión “para retomar la senda de sostenibilidad fiscal en el periodo pospandemia”. En concreto, se prevé aplicar el “Toolkit de Gasto y Gestión Pública, un mapa de ruta de las actividades de política y gestión a implementarse en el corto y mediano plazo para la mejora de la calidad del gasto”; un “análisis de factibilidad y de beneficios potenciales de establecer un sistema integrado de datos para focalización del gasto, la detección de la informalidad y la evasión”; y una propuesta de desarrollo institucional de la función de evaluación de políticas públicas.

El fortalecimiento de los sistemas de inversión pública es el propósito del tercer componente de la cooperación técnica con el BID. En concreto, apoyará al gobierno a vigorizar sus procesos de selección de proyectos, así como la gestión y evaluación, enfocándola en aquellos que tengan un “impacto multiplicador en la economía y generación de empleo pospandemia”. Eso supondrá trabajar en análisis de metodología de evaluación exante de los proyectos de inversión pública y evaluaciones expost, además de la capacitación de funcionarios en ambos procesos.

Debido al reciente cambio de gobierno, el nuevo personal que se encuentra “desarrollando sus capacidades de ejecución”, lo que, sumado al contexto de emergencia derivado de la pandemia, llevó al MEF a pedir que sea el propio BID el que conduzca la cooperación técnica. De todos modos, se llevará a cabo en estrecha coordinación con esa secretaría de Estado y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.