N° 2032 - 08 al 14 de Agosto de 2019
, regenerado3N° 2032 - 08 al 14 de Agosto de 2019
, regenerado3Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáNadie se conmovió en el oficialismo porque el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, despreciara con arrogante ignorancia la exigencia judicial del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, para terminar con la ignominia de 150 reclusos del módulo 8 del Comcar.
Porque patear pelotas envenenadas a la cuneta es parte de la estrategia para impedir que el barco se hunda. Nada les importan los derechos humanos de los reclusos a quienes la Constitución protege en su artículo 26: “…En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar”. Los únicos derechos humanos que les preocupan son los que se violaron hace 50 años.
El ministro se irritó porque Petit hiciera pública su acción de amparo. “Transforma todo en noticia”, lo acusó. ¡Claro que es noticia, troglodita! Lo terrible hubiera sido que el comisionado —consciente de su obligación y de la necesidad de transparencia— ocultara esas atrocidades y se convirtiera en cómplice del ministro.
Razón tiene el refranero cuando ironiza: “A quien no quiere sopa, dos platos”. El primero se lo hizo tragar la jueza Blanca Rieiro cuando ordenó el traslado de los presos afectados. El ministro recurrió y el Tribunal de Apelaciones de los ministros Ángel Cal, Gabriela Merialdo y Luis Charles le sirvió un segundo plato espeso al avalar la sentencia de Rieiro. Alguien puede suponer que la sentencia producirá cambios en la política del gobierno. Se equivoca. Sin decirlo, el gobierno se apoya en el escaso interés popular y político sobre el padecimiento de los presos, y en la tibieza militante de las organizaciones que dicen defender los derechos humanos. ¿Usted escuchó durante esta campaña electoral propuestas fundamentadas sobre el problema carcelario?
Para demostrar que nada cambiará, basta un ejemplo. En 2017 Petit planteó un amparo debido al hacinamiento, falta de cuidado sanitario y desnutrición de un grupo de reclusos. Él mismo registró fotos de los presos cuyo esmirriado físico recordaba los campos de concentración. El ministro, insensible, dijo que estaban actuando y encogiendo sus estómagos para las fotos.
El argumento de entonces de Petit se reitera: “Es un hecho notorio que las condiciones de detención impuestas por el Estado son absolutamente precarias y configuran, en sí mismas, un cuadro de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos de los reclusos”. Agregó que “la privación de libertad transcurre entre la basura, las ratas, la falta de agua potable y energía eléctrica, el frío y el hambre”.
El juez Alejandro Martínez de las Heras le dio la razón y ordenó al ministerio diseñar y concretar un programa de tratamiento individual para atender las necesidades básicas y actividades socioeducativas de los reclusos afectados en ese caso. Bonomi apeló. Pero un tribunal integrado por Nilza Salvo, Beatriz Venturini y Teresita Macció avaló la decisión del juez. Otros dos platos de sopa rebosantes.
Esos dos casos son una muestra del deterioro de un sistema para el cual el gobierno nunca aportó soluciones. Una inoperancia alentada por insensibles corifeos.
Cuando se debatía ese amparo, el 1º de mayo de 2017, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elbia Pereira, sostuvo: “El gobierno nacional tendrá que elegir si construye más escuelas, más centros educativos y los dota de lo necesario, o (construye) plazas carcelarias. ¡Salones de escuelas o celdas!”. Demagogia barata de la militante política antes que sindicalista.
¿Por qué para mejorar es inevitable elegir entre dos opciones? Claro que se debe fortalecer el sistema educativo, pero también respetar la dignidad y los derechos de los presos. Si no se hace, las cárceles seguirán como escuelas de posgrado para delincuentes que son los padres de miles de escolares marginales. De ellos aprenderán todo lo malo.
Bonomi y varios de quienes ocupan cargos en el gobierno padecieron la tortura de las cárceles de la dictadura. Hoy sufren de amnesia. Implícitamente consideran que quienes asesinaron, secuestraron o violaron la Constitución por objetivos políticos merecían más consideración que estos presos.
Durante los años que estaban en las mazmorras de la dictadura las campañas para denunciar las violaciones a los derechos humanos recorrían el mundo.
Ni el ministro ni el gobierno se pueden hacer los distraídos. Poco antes de que asumieran en 2010, el relator sobre la tortura de Naciones Unidas, Manfred Nowak, visitó las cárceles uruguayas. Durante la presidencia de Tabaré Vázquez fueron responsabilidad de José Díaz y Daisy Tourné, los ministros de entonces.
Al diagnóstico de Nowak no es necesario salpimentarlo: los presos “se hacinan como animales enjaulados, tienen restringido el acceso al agua, lo que los obliga a beber del retrete (…) para satisfacer sus necesidades fisiológicas tienen que utilizar botellas o bolsas de plástico”. Hasta ese momento los culpables eran Vázquez, Díaz y Tourné. En 2010 les cedieron la posta embarrada al presidente José Mujica y a Bonomi.
Los habituales creadores de conspiraciones fascistas deben saber que el abogado austríaco Nowak estuvo vinculado a Naciones Unidas entre 1986 y 1993 y entre 2004 y 2010 fue informante de ONU sobre tortura, lo que hizo al informar sobre la base de Estados Unidos en Guantánamo.
En los últimos años algunas cosas han mejorado. Pero el sistema sigue deficitario, corrupto, de espaldas a la protección de la sanidad, la educación y la vida de los reclusos. En octubre pasado, cuando la bala de un guardia mató a un recluso durante un motín el ministerio mintió en su explicación pública. Debió retractarse.
Lo que expresó Martínez de las Heras en la sentencia de 2017 es permanente: “Existe un riesgo inminente de daño a bienes jurídicos de tutela constitucional de las personas privadas de libertad”. El magistrado les recordó a los carceleros que la protección de los derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad física de los presos surge de la Constitución y de leyes nacionales e internacionales. Esas que invocan solo cuando les conviene.
Así nos va.