N° 1919 - 25 al 31 de Mayo de 2017
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl gigantesco escándalo de corrupción que hace más de dos años se instaló en Brasil, y que hace un año le costó el gobierno a la presidenta Dilma Rousseff —destituida luego de un largo proceso de “impeachment” o juicio político—, alcanzó una nueva dimensión el miércoles 17, cuando se conocieron grabaciones que directamente implican a quien fuera electo vicepresidente en la fórmula con Rousseff en 2014, el actual mandatario Michel Temer, quien además avaló el pago de sobornos para tratar de contener el escándalo. Además, el mismo día el senador Aecio Neves, líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien fuera derrotado por escaso margen en esas elecciones y que se transformara en un aliado clave del presidente Temer, fue también involucrado en el escándalo de corrupción y pago de coimas, que no solo parece no tener fin sino que cada vez es más grande.
Los detalles de este nuevo capítulo del escándalo que viene dominando la escena política brasileña han sido ampliamente difundidos por la prensa, y básicamente involucran al CEO del grupo JBS (el principal productor de proteínas animales del mundo), Joesley Batista, quien grabó ilegalmente a Temer cuando le comentaba que él le estaba pagando un soborno mensual al ex-presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha (ex aliado de Temer y quien habilitó el proceso de juicio político que terminó con la destitución de Rousseff). Temer le respondió que debía continuar con eso. Asimismo, filmó al senador Neves exigiéndole un soborno de dos millones de reales. Batista, que está siendo investigado como parte de la operación “Lava Jato”, entregó las grabaciones y filmaciones a la Justicia para reducir su condena a partir de la figura de “arrepentido”.
La posición en la que han quedado Temer y Neves es extraordinariamente endeble. Basta señalar que los crímenes de los que se los acusa son mucho más serios de los que se invocaron para destituir a la ex presidenta Rousseff. En el caso específico de Temer, además, aun antes de que se conociera la semana pasada la grabación que lo involucra avalando la continuidad del pago de sobornos a Cunha, sus niveles de popularidad estaban muy por debajo del 10%, como consecuencia de la severa recesión por la que está atravesando Brasil desde fines de 2014, así como por haber impulsado reformas impopulares para tratar de poner la situación fiscal y la dinámica de la deuda pública en un sendero sustentable.
La profundización de la crisis política como consecuencia de los acontecimientos de los últimos días vuelve imposible cualquier avance en el proceso de reformas en que se había embarcado la administración Temer. Es que no solo parece claro que su gobierno tiene los días contados, sino que es mucho más difícil anticipar qué es lo que viene después, especialmente cuando todos los principales partidos políticos, y muchos de los actuales diputados y senadores, aparecen salpicados en mayor o menor medida por el escándalo de corrupción. El primer objetivo de todo el sistema político no será el de legislar y aprobar reformas impopulares, sobre todo teniendo en cuenta que las próximas elecciones generales están a poco más de un año (octubre de 2018), sino concentrarse en preservar el escaso capital político que les pueda quedar.
De hecho, las tres principales reformas propuestas por el gobierno de Temer que tendrían mayor impacto sobre la sostenibilidad fiscal y de deuda pública —del régimen previsional, la laboral y la impositiva— ya estaban enfrentando serios problemas para ser aprobadas o ni siquiera habían comenzado a ser consideradas, aún antes de los últimos acontecimientos.
La aprobación de estas reformas impopulares era absolutamente necesaria. Sin embargo, solo parece viable en dos escenarios, y lamentablemente ninguno de los dos luce como muy probable. Sería posible en primer lugar, si el gobierno de Temer es sustituido por uno “tecnocrático”, de gente que no tenga ninguna ambición política posterior, y que logre que el Congreso apoye las reformas. En segundo lugar, si hay elecciones anticipadas (para lo cual habría primero que modificar la Constitución), y el nuevo gobierno y el nuevo Congreso tienen un mandato popular claro para ejecutar las reformas.
Si hay que esperar a las elecciones de 2018 para definir estas cuestiones, la coyuntura económica y financiera de Brasil se volverá crecientemente complicada. Es que la situación fiscal continúa siendo muy frágil, con el déficit global estabilizado en algo más de 9% del Producto Bruto Interno (PBI) en el último año, y el déficit primario en el orden de 2% a 2,5%, a pesar de ingresos extraordinarios que tuvo el gobierno por pagos del Bndes y por “blanqueo” de activos en el exterior. Algo sumamente relevante es que —de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional— si no se hace ninguna reforma, el déficit de la seguridad social que actualmente es de 2,4% del PBI llegará a 14% para 2021, aun asumiendo un crecimiento robusto del nivel de actividad tanto este año como en los siguientes. Escenario mucho menos probable ahora, dada la nueva realidad política.
Lamentablemente, Brasil se ha puesto nuevamente al borde del precipicio. En medio de una situación política, judicial y social cada vez más compleja a partir de los últimos acontecimientos, habrá que ver si la dirigencia y la población brasileña optan por dar el paso al frente y provocar un colapso total, o si prima la cordura y se está dispuesto a aceptar los sacrificios de corto plazo para poder aspirar a un futuro mejor en algunos años. Como están las cosas hoy por hoy, es difícil ser muy optimista.