Nº 2262 - 1 al 7 de Febrero de 2024
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl tema de la inseguridad pública se ha transformado en uno de los principales asuntos de debate de la campaña electoral que recién comienza. Esto no puede sorprender a nadie. Así lo habían anunciado politólogos, analistas de opinión pública y también algunos de los principales referentes políticos tanto del oficialismo como de la oposición.
La explicación es muy sencilla: los uruguayos se siguen sintiendo inseguros. Lo dejan en evidencia todas las encuestas. Para la mayoría de la población, la inseguridad es uno de los principales problemas de preocupación. Quizá no tanto como lo que ocurría en el pasado reciente, en especial durante los últimos años del tercer gobierno del Frente Amplio, pero el tema sigue estando en la agenda.
Con ese mar de fondo, el precandidato presidencial por el Frente Amplio, Mario Bergara, propuso semanas atrás generar un espacio de intercambio entre los referentes de los distintos partidos políticos para lograr consensos que terminen en “políticas de Estado” con el objetivo combatir el narcotráfico y reducir los índices de violencia y delito en la sociedad uruguaya. Parecía ser una respuesta muy atendible pero no recibió el respaldo de la mayoría del sistema político uruguayo y ni siquiera de sus propios compañeros del Frente Amplio.
Los argumentos para rechazarla fueron varios y distintos entre sí. Algunos aseguraron que la intención real de Bergara no era llegar a verdaderos consensos sobre el tema sino sumar votos al presentarse como un estadista por encima de las diferencias. Lo que le criticaban era la oportunidad de hacer el planteo, ya que falta menos de un año para las elecciones nacionales. Algo de razón les asiste pero también es cierto que más vale tarde que nunca.
Otros cuestionaron la viabilidad de la propuesta y sostienen que tanto el Frente Amplio como la coalición multicolor, que ahora está en el gobierno, ya aplicaron sus ideas en la materia, que son muy distintas entre sí. Aseguran que no es posible encontrar puntos de encuentro entre dos formas tan opuestas de encarar el problema y de ejercer el poder público. Aducen un tema de compatibilidad que dificulta cualquier tipo de acuerdo y más todavía en estos tiempos. Esto parece erróneo porque sí hay puntos de encuentro entre ambos modelos. Son menos distintos de los que ellos piensan. Al menos así lo sostienen los especialistas.
Ya hubo intentos de lograr consensos tanto en el último gobierno, encabezado por Tabaré Vázquez, como en el actual de Luis Lacalle Pou. En el primer caso se creó una comisión en la que participaron representantes de todos los partidos políticos y acordaron una serie de puntos a aplicar para combatir la inseguridad ciudadana. En el actual se convocó a especialistas de distintas orientaciones ideológicas que también buscaron acuerdos. En las dos oportunidades fueron muy pocos los logros concretos y oficialismo y oposición siguieron divididos y discrepando sobre los mismos asuntos.
El centro parecen ser los números. Toda la discusión en estos días, y también ocurría antes, gira en torno a cuánto bajaron o subieron los delitos, en especial los homicidios, hurtos y rapiñas, pero también los casos de violencia doméstica, los abigeatos o las denuncias de acoso, por ejemplo. Todo se mide con parámetros de una competencia deportiva. El tema de la inseguridad se analiza como si fuera una ciencia exacta, como si hubiera una forma objetiva de evaluar los porcentajes.
El problema es que eso no sirve o al menos no es suficiente. Porque los números pueden ser representativos de más o menos delitos en momentos puntuales pero la realidad muestra que la sociedad uruguaya ha ingresado ya desde hace mucho tiempo en un espiral de violencia que no parece estar cediendo. Es más, la presencia de bandas de narcotraficantes crece en esta zona del mundo, más allá de quien gobierne. Esa es una realidad que trasciende a Uruguay y negarla significa no poder combatirla de la mejor forma. Estamos en la ruta de la droga y eso cambia de forma radical las reglas de juego del crimen.
Es necesario dejar un poco de lado los porcentajes y empezar a tomar conciencia de que a los narcos no se los combate con eso. Ellos no se detienen en la política chica que parece guiar a muchos dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición. Van a procurar seguir incrementando sus negocios, gane quien gane las próximas elecciones y las otras y las otras.
Así que parece primordial cambiar de guerra. La guerra es contra los delincuentes, en especial contra los que ya trascienden fronteras y empezaron a jugar en las grandes ligas de narcotraficantes, y no entre los políticos. Es hora de asumirlo, antes de que sea demasiado tarde.