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Si el anteproyecto de reforma previsional se aprobaba tal como estaba, en el 2070 los gastos del Estado destinados al Banco de Previsión Social (BPS) y los servicios militares y policiales representarían el 8,9% del Producto Interno Bruto (PBI o PIB). Ese dato implicaría una reducción de los egresos de 3,7 puntos porcentuales en comparación con un escenario sin cambios en la seguridad social, según proyecciones realizadas por los equipos técnicos del BPS. Pero, una vez presentado el texto, a instancias de los socios de la coalición de gobierno se incluyeron ajustes que atemperaron los efectos fiscales positivos de la reforma.
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El cambio más relevante, planteado por Cabildo Abierto (CA), estuvo en las condiciones para postergar la edad de retiro a 65 años. En lugar de iniciar el aumento en la generación de 1967, el proyecto de ley afecta a los nacidos a partir de 1973.
Las modificaciones negociadas “dilatan un poco los efectos”, pero “la reforma es exactamente la misma que la planteada”, dijo el director de Presupuesto y Planeamiento, Isaac Alfie, el martes 15 en el programa Primera mañana de Radio El Espectador.
Los cálculos del equipo actuarial del BPS, tomando el proyecto final que fue al Parlamento, muestran que, si se aprueba tal como está, el gasto público en asistencia representaría el 9,8% del PBI en 2070, 0,9 punto porcentual más que el impacto esperado con el anteproyecto.
Uno de los propósitos centrales de esta reforma es, ante la tensión que implica el esperado envejecimiento poblacional, darle sustentabilidad a largo plazo al sistema jubilatorio estabilizando el nivel de asistencia que requiere (ver cuadro).
Si se discrimina por instituto, al 2070 las transferencias del BPS serían de 8,8% del PBI, y 0,5% en cada caso los servicios de retiros militares y policiales.
De aprobarse la reforma, y según lo proyectado por los técnicos del BPS, el impacto en términos del déficit fiscal al 2070 sería de un déficit de 1,8% del Producto. En el escenario sin cambios, el resultado negativo asociado a la seguridad social a ese año equivaldría a 4,7%.
Salto “brusco”
El senador frenteamplista Mario Bergara cree que “está bien” considerar proyecciones al 2070 como “ejercicio actuarial”, pero le parece apropiado “sacar conclusiones con base en lo que va a pasar en el 2050”. “Yo vaticino que ese año vamos a tener que hacer otra reforma”, señaló.
Si se analizan los escenarios al 2050, las diferencias con y sin reforma son “bastante más pequeñas”, opinó ese exministro de Economía. Si se proyecta al 2070, crecen los márgenes de error: ese año puede haber 2,5 millones de habitantes o 4 millones, señaló Bergara.
El principal redactor de la reforma, Rodolfo Saldain, le contestó que lo que mandan las “reglas actuariales” es proyectar a 75 años, pero decidieron pasar “la raya” en el 2075 por el contexto demográfico y laboral “tan incierto”.
El texto propone un régimen que incluya todos los subsistemas actuales a partir de 2043 y bajo las mismas condiciones. Bergara dijo que ve con “buenos ojos” esta “lógica” porque “da equidad” y “solidaridad”. Entendió razonable que la transición sea de 20 años, aunque alertó que, como los institutos tienen “puntos de partida muy diferentes”, durante ese lapso se consolidarían “los privilegios” de algunos subsistemas.
El senador opositor también pidió “afinar” la discusión sobre la transición en el aumento de la edad de retiro, para “evitar saltos bruscos”. “¿Qué pasa entre la persona que nació el 30 de diciembre de 1972 y la que nació el 2 de enero de 1973? Es decir, habría que ver si no hay cierta brusquedad en el cambio de régimen”, comentó.
Bergara recordó que “errores de diseño” de la reforma de 1995 provocaron el “problema de los cincuentones”. Para solucionar ese asunto, sugirió “generar un umbral” que no cambie “la naturaleza de la modificación”.
Saldain le dio la razón a Bergara. “Realmente hay un salto brusco como consecuencia del cambio operado”, dijo al explicar el proyecto de ley a los legisladores. El abogado especializado en seguridad social recordó que en el plan original se empezaba la transición con los nacidos en 1971 y no en 1973.
CA propuso ese cambio para evitar que haya personas que se vean afectadas por “dos reformas”, escribió su asesor en la materia Rivera Elgue, en una columna en La Mañana del 6 de octubre. Alegó que si el cambio regía para las personas nacidas en 1967, incorporaría a aquellas que comenzaron a aportar en 1985 y que fueron alcanzadas por la última gran reforma de la seguridad social, de 1995.
