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La semana pasada el equipo económico anunció algunos cambios importantes en varios instrumentos de la política económica, que implícitamente también apuntan a un aparente “rebalanceo” de las prioridades del gobierno, con una revalorización del objetivo de mejorar la competitividad al menos en el corto plazo.
Las medidas anunciadas fueron básicamente tres: aumentar de 40% a 50% el encaje a la compra de títulos en moneda nacional y en unidades indexadas emitidos por el Banco Central del Uruguay (BCU) por parte de no residentes y extender dicho encaje a los títulos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); ampliar el rango meta de inflación al 3% a 7% (en lugar del actual 4% a 6%) a partir de julio del 2014, así como la extensión de 18 a 24 meses del horizonte en el cual se iba a evaluar dicho objetivo; y el anuncio de que a partir de julio de este año el BCU dejará de utilizar la tasa de interés como el principal instrumento de política y pasará nuevamente a utilizar el control de los agregados monetarios.
El incremento y la extensión del alcance de los encajes a la compra de títulos por parte de no residentes tiene como objetivo básico el desalentar el ingreso de capitales especulativos hacia Uruguay, lo que había estado poniendo una presión significativa a la baja sobre el tipo de cambio, a la vez que aumentaba el costo parafiscal de las intervenciones del BCU en el mercado. Podrá discutirse si en función del cambio en las condiciones internacionales los capitales ya estaban llegando en menor cantidad o incluso ya no estaban viniendo, o que también debido al cambio en el contexto externo (en particular en relación con Argentina) el valor del dólar tenía que subir de cualquier manera. Pero no cabe ninguna duda de que la señal que mandó el gobierno en cuanto a que se quiere un dólar más alto fue muy contundente; la más fuerte que se ha enviado en mucho tiempo. El equipo económico mostró que sí se pueden hacer muchas cosas para sostener e incrementar el valor del dólar, además de intervenir en el mercado comprando divisas. Aparte de los encajes (que hipotéticamente podrían llegar a subirse hasta el 100%), podrían tomarse medidas impositivas para también desalentar el ingreso de capitales de no residentes, al tiempo que podrían ponerse límites a las posiciones en moneda extranjera de las instituciones financieras residentes, topes al crecimiento del crédito en moneda nacional, etc.; medidas todas con el objetivo de reducir la oferta de dólares de origen “financiero”.
Las modificaciones en las metas de inflación, así como la sustitución de la tasa de interés por los agregados monetarios como principal instrumento de política para el BCU, buscan, por un lado, darle mayor flexibilidad a la política económica, algo importante cuando se enfrenta un contexto externo altamente cambiante y con un alto grado de incertidumbre y, en el caso de la meta de inflación, tienden a sincerar algo la situación, acercando un poco más el techo del rango a la realidad. Adicionalmente, el cambio de instrumento en el manejo de la política monetaria generará más incertidumbre a corto plazo, ya que será más difícil “interpretar” lo que el BCU está haciendo, lo que también favorecerá el objetivo de hacer subir el dólar al aumentar el riesgo cambiario.
En su conjunto, y más allá de que en teoría podría discutirse la oportunidad de los anuncios, si fue o no adecuado cambiar el rango objetivo de inflación dado que las expectativas del mercado están por encima de las metas oficiales y cuál es el mejor instrumento para manejar la política monetaria (tasa de interés, tipo de cambio o agregados monetarios) en una economía con dos monedas como la uruguaya, en nuestra opinión las medidas anunciadas la semana pasada por el equipo económico fueron una respuesta adecuada ante el cambio negativo en el contexto externo y, por tanto, son bienvenidas.
Para terminar de “atar el paquete” de medidas a efectos de enfrentar una situación regional muy negativa y un contexto extra-regional menos favorable hacia el futuro, el gobierno debería dar señales igualmente contundentes en otras dos áreas clave como lo son la política salarial y la política de gasto público. Las presiones deflacionarias que Uruguay está recibiendo desde el exterior (y desde Argentina en particular) son muy significativas, y muy probablemente se intensificarán en los próximos meses. Por lo tanto, habrá que ser muy cuidadosos tanto con los futuros aumentos nominales de salarios, como con el nivel de gasto público que se pretenderá ejecutar en lo que queda del actual período de gobierno.
En materia salarial, en aquellos sectores que colocan sus bienes y servicios básicamente en la región, muy probablemente lo más sensato sea congelar los salarios nominales o incluso negociar rebajas nominales de los mismos a los efectos de mantener los puestos de trabajo y el nivel de actividad. Dada la disparidad de situaciones, más que nunca se vuelve necesario ir a una negociación empresa por empresa en lugar de aplicar pautas generales.
A nivel fiscal, la previsible caída de la recaudación impositiva por el menor nivel de gasto interno debería llevar a un congelamiento —e, idealmente, a una reducción— del gasto corriente del Estado que permita mantener un relativo equilibrio en el resultado primario y bajo control al déficit fiscal global.
