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El 1º de febrero de 2022, al cesar como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Tabaré Sosa le dejará un campo minado a su sucesor, John Pérez, y al resto de los ministros. Abrió varios frentes mediante un arrogante ejercicio del poder. Los anteriores presidentes, aun con fuerte personalidad, como Amando Tommasino, Raúl Alonso de Marco, Nélson García Otero, Leslie van Rompaey o Daniel Gutiérrez, actuaron con humildad republicana. Una exigencia que ha proclamado Ernest Heminway, aunque ajeno al mundo judicial, agudo observador social: “El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad”.
La presidencia carece de relevancia jurisdiccional y la desempeña anualmente el ministro más antiguo. Lo relevante lo deciden todos. Sosa ha confrontado con dureza con sus colegas. Erosionó las relaciones interpersonales, pero también otras.
Se enfrentó a la Asociación de Funcionarios Judiciales y descalificó al anterior Directorio del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) como derivación de declaraciones a Búsqueda del entonces presidente, Diego Pescadere. Sostuvo que un documento que envió al Parlamento contenía “ideas absurdas” y “errores jurídicos inaceptables”. Sosa reaccionó y excluyó a Pescadere “como interlocutor válido”.
El CAU valoró “intolerable en un Estado de derecho que, nada menos que la Suprema Corte de Justicia, guardián de la Constitución, de los derechos y garantías de las personas, resuelva desconocer a las autoridades del Colegio de Abogados del Uruguay y limitar el derecho de su presidente a expresarse libremente”. Se trata, remarcaron, de “un problema institucional sin precedentes”. Según la ministra Bernadette Minvielle, el documento —un proyecto para digitalizar los procesos judiciales— enviado al Parlamento no tenía “la conformidad de todos”.
El presidente pidió a sus colegas que la Corte emitiera un comunicado de prensa “donde se rectifiquen los dichos públicos” de Minvielle y comunicara al Parlamento que el informe “fue aprobado expresamente por la mayoría de los ministros”. Pidió divulgarlo en el sitio web y que se enviara al redactor responsable del semanario Búsqueda y al directorio del CAU. Les recriminó que darle información a la prensa es “poco republicano” y “afecta la democracia”. Los otros ministros rechazaron los pedidos.
Tomó decisiones inconsultas. En junio convocó “con carácter urgente” a la Asociación de Magistrados del Uruguay para considerar la forma de reglamentar los concursos de oposición establecidos por ley para el ingreso y el ascenso de jueces. Enterados los otros ministros protestaron —las decisiones se toman por mayoría— y finalmente estuvieron todos.
El 28 de octubre transitó un camino más sinuoso. Se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou, quien se sorprendió cuando llegó al palacio Piria. Nadie conocía su asistencia porque Sosa no se lo comunicó a sus colegas. Como si se tratara de un secreto de Estado —o tal vez a pedido de Sosa—, la Presidencia tampoco lo incluyó en la agenda de Lacalle Pou. Muy feo.
Ese mismo día, dos horas después, el gremio judicial se reunió con Lacalle Pou para analizar una eventual supresión de juzgados. Los funcionarios ignoraban la reunión previa en la Corte.
El jueves 11 estalló una información de Victoria Fernández en Búsqueda. Los abogados Pablo Donnángelo y Hebert Gatto denunciaron el uso abusivo y en cadena, mediante recusaciones y otras acciones, para cambiar una mayoría verbalmente formada en la Corte a su favor en un juicio de casación.
Argumentan que dentro de ese marco, debido a una filtración, con otros integrantes se modificó y terminó con un resultado opuesto. Para los denunciantes fue una “estafa procesal”, reclaman la nulidad por “cosa juzgada fraudulenta” y piden la revisión por un nuevo tribunal. Formularon una denuncia penal a la que se añadió la Corte, que le envió los antecedentes a la Fiscalía General.
Según los denunciantes, la filtración partió de Sofía Feuer, jueza del interior adscripta a Sosa y una de las que estudió el litigio como asesora. La funcionaria, advirtieron, mantiene una relación de pareja con Andrés Mariño, uno de los abogados de los demandados, en ese litigio por la escrituración forzosa de un campo en Cerro Largo.
Cuando se hizo público, Pablo Elizalde, secretario general del gremio judicial, disparó un obús en Twitter: “Se filtró información desde el despacho del presidente de la Corte. Si el ministro estaba al tanto, es cómplice, de lo contrario, es irresponsable por designar asesores infieles”.
Ante la denuncia los ministros le pidieron a Sosa que, mientras dure la investigación, apartara del cargo Feuer, pero se negó. La Corte decidió iniciar una investigación administrativa y tramitar el recurso de revisión mediante una corte integrada por ministros de los tribunales de apelaciones.
La semana pasada en Cartas al director de Búsqueda Mariño y Giacomino Di Matteo calificaron de “agraviantes” y “falsas” las acusaciones. Aseguraron que las recusaciones estaban “plenamente fundadas”. Sobre la denunciada filtración sostienen que “no hay un solo elemento que lo avale (…). Solo se pretende fundarla en una sospecha y en la vida privada de las personas, insinuando una deslealtad funcional sin ninguna base fáctica”.
En otra carta varios abogados expresaron “cercanía y solidaridad personal” con Feuer. Entre ellos, Beatriz Venturini, ministra de un tribunal de apelaciones, una de las firmantes de la sentencia de segunda instancia en este asunto que le dio la razón a Mariño y Di Matteo. A partir de ahí se inició una casación que derivó en esa denuncia.
En declaraciones a El País Mariño y Di Matteo anunciaron que Gatto y Donnángelo serán “denunciados penalmente por difamación e injurias” y demandados por daños y perjuicios. Feuer también anunció “acciones legales.”
El campo minado no es todo. También quedan batallas en varios frentes y el riesgo de descréditos. ¡Dura tarea la de la próxima administración!
