Cárceles, política de Estado

En Uruguay, con matices político-ideológicos, oficialistas y opositores en algunas ocasiones han logrado desarrollar estrategias comunes como por ejemplo en política exterior, defensa nacional, educación o salud. No es frecuente la unanimidad porque cada partido busca marcar su perfil para satisfacer a sus electores o captar futuros votantes. Pero especialmente porque quienes conducen esas áreas son siempre militantes partidarios atados a los gobiernos de turno.

En el caso de Petit se consideró su experiencia local e internacional, sus conocimientos teóricos a partir de su formación como abogado y su desempeño en los pasados cinco años. Se añade su permanente diálogo con el anterior gobierno, aunque a veces haya tenido que recurrir a la Justicia (como lo habilita la ley) para imponer la defensa de los derechos humanos de los reclusos pese a balaceras demagógicas del entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Es que las cárceles son de responsabilidad exclusiva de ese ministerio que desde marzo encabeza Jorge Larrañaga. Ahora Petit tendrá la dura tarea de convencer a Larrañaga, al gobierno central y a los partidos que respaldaron su reelección para alcanzar sus objetivos. Imposible sin inversiones.

Le espera una tarea compleja en un país que se enfrenta a un largo período con muy escasos recursos. Las cárceles arriesgan implosiones provocadas por el hacinamiento y las deficitarias condiciones de sanidad y educación pese a varios avances en los últimos años. También porque cuando los presos obtienen su libertad carecen de capacitación para que el mercado laboral los absorba, aunque también influye la reticencia de emplear a quienes estuvieron en la cárcel. Entonces muchos liberados incurren en la reincidencia o se pasan al comercio de la droga, más rápido y sencillo.

Todos esos problemas tienden a crecer. La semana pasada el fiscal de Corte, Jorge Díaz, destacó que hay 12.921 presos, lo que significa que son 336 reclusos cada 100.000 habitantes.

Según un minucioso informe del comisionado de 2019 presentado en febrero pasado a la Asamblea General, Uruguay ocupaba el cuarto lugar en América Latina, detrás de Cuba, Panamá, Costa Rica y Brasil, y el sexto en el mundo (a la cabeza está Estados Unidos) de personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes.

“No quisiera estar en los zapatos del ministro Larrañaga porque tenemos una población carcelaria con un crecimiento exponencial”, enfatizó Díaz mediante un augurio basado en una realidad indiscutible que él observa privilegiado desde el corazón del problema.

Como es habitual en este terreno Díaz tiene razón. Sin inversiones ni decisiones políticas de fondo a Petit y a Larrañaga les lloverán los problemas, lo que equivale a decir que castigarán a la sociedad. La de adentro de las rejas y la de afuera. El comisionado tiene antecedentes teóricos para enfrentarlos y argumentar tras haber actuado durante cinco años como relator especial de derechos humanos de Naciones Unidas y consultor de la Organización Internacional para las Migraciones sobre la trata de personas y explotación sexual comercial. Antes había estado cara a cara con la realidad social al desempeñarse como periodista. Pero sin inversiones todo eso es letra muerta.

Durante su gestión deberá continuar buscando salidas para cumplir a cabalidad con el artículo 26 del mandato constitucional: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Una tarea compleja, porque en muchos sectores se considera que todos quienes violan la ley penal deben estar en la cárcel. Un sentimiento de venganza o revancha alimentado por la ira, que puede ser emocionalmente comprensible en las víctimas, pero es irracionalmente disparatado.

El cargo de comisionado fue creado en agosto de 2003 mediante la ley Nº 17.684 y tiene el cometido de asesorar al Poder Legislativo en su función de control de cumplimiento de la normativa supranacional, constitucional, legal y reglamentaria sobre la situación de quienes han sido privados de su libertad por decisión judicial. Tiene instrumentos para hacerlo cumplir, como los recursos de habeas corpus y amparo, así como denuncias penales cuando se viola esa normativa.

“El país tiene un problema enorme. Cada 100 plazas hay 128 personas y a partir de 120 plazas se considera hacinamiento crítico”, señaló Petit luego de haber jurado el cargo. Advirtió que el crecimiento de la población carcelaria se da a un ritmo de 11% y que toda solución parece difícil sin inversiones ni sanciones alternativas a la prisión.