Carrera de abusos en el Policial

Su formación jurídica sumada a los principios morales y éticos que desde siempre agita no le han impedido sostener que ambas situaciones fueron válidas. Su abogado se justificó en la diaria: “Son usuales” por fuera de las normas y el director de Sanidad Policial es quien las autoriza.

Mediante una solicitud de Ielsur y Serpaj de “contener” a la persona víctima del disparo, así se hizo. Lo acompañó su hermano durante 1.252 días y fue atendido no solo de las consecuencias del balazo sino en otras especialidades. El hospital tiene un déficit anual de $ 254 millones.

Carrera buscó esa salida clandestina para evitar un escándalo y una demanda. La decisión puede confundir si se observa desde el sentimentalismo y la solidaridad para elogiar la generosidad y sensibilidad del ministerio. Lo que le ocurrió conmueve, pero esto no es un teleteatro. Hablamos de realidad jurídica. Cuando hay normas deben cumplirse y si no existen no corresponden, aunque corran ríos de lágrimas. De lo contrario habría que avalar cualquier acto de hacer justicia en forma irregular.

Hernández era adherente al MPP y, cuando la ayuda del ministerio (del partido) se cortó, consultó a un abogado para demandar al Estado por daño moral por 1 millón de dólares. Aportó una grabación personal en la que se oye a Carrera que, según Hernández, desnuda la manipulación. “Nosotros lo hicimos por lo humano, pero no es ajustado a derecho (…). Esto nos puede traer problemas en la Policía”, dice una voz atribuida a Carrera.

El abogado razonó en Radio Universal: “Si Carrera sabía que el balazo vino de ahí, ¿por qué no procuró un acuerdo económico?”. Una indemnización hubiera sido inferior al costo de la internación y a lo que eventualmente tendrían que pagarle por daño moral. Pero, claro, había que admitir la responsabilidad del ministerio y Carrera no quería pagar el costo político por un lisiado.

Aunque busquen salvarlo del lío con argumentos forzados, el Hospital está impedido de atender a jerarcas políticos, sus cónyuges o descendientes. Cualquier excepción es abusiva y contraria a derecho. Si como sostuvo el abogado de Carrera en la diaria las excepciones son válidas deberíamos saber: ¿en qué casos se habilitan y en cuáles no? ¿Dónde está escrito ese protocolo? ¿Cuándo se aprobó y quién lo firmó? ¿Quedó constancia formal o eran “piernas” personales o políticas?

Las interrogantes fluyen sin respuesta: ¿aué quiere decir que las atenciones fuera de las normas sean “usuales”? ¿Significa que en un Estado de derecho nos regimos por la costumbre? En el caso de la esposa de Carrera, El País informó que esta señora (el costo de su atención no ha sido estimado) era afiliada a una mutualista. ¿Qué pretendieron al atenderla? ¿Mejor calidad médica? ¿Garronear tiques y medicamentos? ¿Aprovechar la influencia de Carrera para hacer un bypass sobre la demora de los especialistas en atender en las mutualistas?

Los foquistas y sus afines sostienen que para esos casos ilegales había una “orden política” del extinto ministro Eduardo Bonomi. Imposible corroborarlo, salvo un espiritista. Si esa “orden política” existió no pudo ser sino verbal: otro abuso totalitario. Orden política es un concepto impreciso. Jurídicamente es necesario transitar por actos legales y en el caso de que se habilitaran excepciones deberían ser escritas. Lo que no está escrito no existe y, si no existe, no genera efectos jurídicos. La oposición sostiene que la denuncia responde a razones políticas del gobierno. Claro que sí, pero si existieran fundamentos jurídicos para las internaciones la denuncia no tendría ningún efecto.

La semana pasada estalló otra ilegalidad, esta vez en el gobierno. Luego de una información de TV Ciudad, Luis Calabria, director general de la secretaría del ministerio, renunció: el 1º de julio se atendió en el Policial por una consulta oftalmológica porque en su mutualista el especialista demoraba dos meses. Debió esperar, como cualquier hijo de vecino, y no acortar camino.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aprovechó lo de Calabria para respaldar indirectamente a Carrera: “No hay ninguna causa que ameritara la renuncia”. Matufia discursiva. Si admitiera que Calabria renunció por dignidad, tendría que pedir que Carrera se fuera para su casa sin dignidad.

Si avanza un juicio civil para que Carrera reponga el dinero invertido por el Estado y lo condenan, no tendrá otro camino que pagar. En esta materia civil no tiene fueros. Algunos compinches suponen que puede contar con jueces benevolentes porque presentó una ley que negoció con ese gremio para que en sus ascensos hubiera concursos obligatorios. Se aprobó, pero luego fue declarada inconstitucional.

Ese pretendido apoyo de los jueces a Carrera es una ilusión febril de quienes suponen que todas las soluciones son políticas.

Así nos va.