Andrea Blanqué
Carta abierta al Presidente Señor José Mujica. Qué poco sabe del Otro, señor Mujica. Aunque reconozco que tampoco los demás sabemos mucho de usted. De su período pretupamaro. He intentado conocer su currículum. Busqué en Internet, pregunté. No fue fácil. Los uruguayos sabemos poco de su pasado.
Me interesaba conocer su historia como estudiante, el hecho de por qué dejó el liceo en un tiempo en que la educación uruguaya era un orgullo para América Latina, en este país que pagaba a un profesor trabajando esas “cuatro horas” lo mismo que a un parlamentario. Tal vez, desde su punto de vista, los gobiernos de otrora estaban equivocados. Y pagaban demasiado a sus docentes.
Volvamos a su perfil de estudiante. En Internet aparece que usted fue al liceo y que luego se inscribió en el IAVA, supuestamente a cursar preparatorios (hoy 5°). Nada sabemos sobre su devenir académico, sobre por qué no culminó su bachillerato.
Pero entre los profesores corre este rumor: su entrada en el IAVA parecería haberse frustrado porque nunca aprobó una materia de 4°. ¿Es verdad, señor presidente?
Luego, muy poco sabemos de su trabajo —sin estudios—: sí se dice que usted militó en las filas del herrerismo. ¿Es verdad, señor presidente?
Podría pensarse que usted no estudió en nuestra gratuita Universidad de la República porque tomó las armas para hacer la Revolución. Pero en su etapa liceal, Cuba estaba muy lejos aún. Por cierto, sus ídolos, señor presidente, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, eran médico y abogado respectivamente. Una carrera universitaria no les impidió luchar por sus ideas.
Usted habla con desdeño de aquellos que hemos optado por estudiar, estudiar mucho, liceo, universidad, IPA, posgrados… Al economista Oddone le espetó no hace mucho tiempo una grosería.
No voy a olvidar nunca, señor presidente, que en un encuentro de liceales en Paso Severino, usted los arengó con una frase que —creo recordar— expresaba esto: “Si yo tuviera la edad de ustedes y estuviera en el liceo, le diría al profesor: Viejo pa’ qué me sirve lo que me estás enseñando”.
Sus agresiones al cuerpo docente se han vuelto virulentas en los últimos tiempos. Decir que los profesores trabajamos cuatro horitas indica su profundo desconocimiento de cómo funciona un liceo público. (Claro, usted no tiene hijos y los políticos allegados envían a los suyos a liceos privados).
Un profesor solo puede trabajar 20 horas de clase en la mayoría de asignaturas porque Secundaria topea su trabajo. Los profesores que llevan 35 años de docencia no pueden jubilarse, ya que lo harían con la mitad de su sueldo. Entonces el trabajo disponible se ralea.
Y usted ignora que ningún profesor da esas “cuatro horitas” de corrido. ¿Conoce lo que en la jerga docente se llaman “horas puente”? Son aquellas entre una clase y otra, una, dos o tres largas horas, durante las cuales el profesor permanece en el liceo: con frío, con hambre, con baños sucios.
En esas horas, atendemos padres o alumnos con graves conflictos. Planificamos “tolerancias”, hacemos planillas, “libretas” de asistencia y calificaciones. ¿Sabe qué es una evaluación con “tolerancia”?
Y los fines de semana, en nuestra casa, corregimos auténticas torres de escritos, de ejercicios. Y estudiamos. ¿Sabe, señor presidente, que los profesores estudiamos toda la vida, porque, por ejemplo, cambian los programas, las tendencias pedagógicas? ¿Sabe, señor presidente, que los escritos y parciales ya no son como cuando usted iba al liceo? Ahora los profesores, en nuestra impresora, o en el Cyber, hacemos propuestas creativas de evaluación: crucigramas, múltiple opción, sopa de letras, videos, etc. Las fotocopias para los estudiantes son subvencionadas por ese salario que usted considera excesivo. Las reuniones trimestrales duran a veces 12 horas. También las mesas de exámenes. Sin un café.
Qué poco sabe usted de nosotros, los profesores. Yo estudié y trabajé toda mi vida, porque creo que el mundo mejora así, señor presidente. Yendo a clase todos los días, preparando los exámenes con ahínco, escuchando a los profesores, que tanto sabían y que me dieron tanto.
Es otra opción de vida que la que eligió usted, evidentemente. Pero en realidad, sé bastante poco de la suya.
Andrea Blanqué
CI 1.154.910-4
Periodista, escritora y profesora
de Literatura en un liceo público
40 años del golpe de Estado
Sr. Director:
De realidades y falsedades históricas. Con algún retraso leí en Cartas al Director de Búsqueda (04.07.2013) la nota titulada “Ante una falsedad histórica” con la que León Lev pretende desacreditar una parte del testimonio que ofrecí en el Coloquio “Chile-Uruguay. A 40 años de los golpes de Estado”, organizado en México por varias instituciones académicas, uno de cuyos fragmentos fue recogido por Sergio Israel, periodista de ese semanario, quien siguió el evento vía remota y escogió un aspecto del testimonio para darle relieve en su nota periodística.
Coincidentemente, pocos días antes vi en las redes un video catalán relativo a la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura. Y ahí estaba León. Salía del penal, abrazaba a su esposa y a sus hijas, reivindicaba su lucha de resistencia a la dictadura y decía que todo había valido la pena. Fue como una onda cálida. Esas vueltas atrás del tiempo histórico que por la vía de los medios audiovisuales genera la ficción de transportarlo a uno al pasado en tiempo real. Lo miré con cariño y admiración y no pude dejar de preguntarme: ¿qué le habrá pasado a este muchacho puro, íntegro, heroico, ortodoxo y poco flexible? ¿Cómo terminó siendo diputado por las listas de Alianza Progresista? No lo atribuí, claro está, a delirios de orden psiquiátrico sino a meras razones ideológicas, a procesos histórico-políticos y a otras explicaciones más terrenales y pedestres, no por ello menos difíciles de explicar.
Por eso cuando veo que León titula su respuesta “Ante una falsedad histórica” no dejo de preguntarme: ¿cómo se atreve? Y, ¿quién lo impulsa a esta acción temeraria? Él afirma que mi primer error es sostener que mi padre, “el entrañable Alberto Altesor”, “no tenía responsabilidades en el área sindical del PCU”, sino que sus atribuciones eran en el frente de organización de ese partido. Pues yo le puedo asegurar a León y a quienes lo mal informaron que Alberto Altesor fue responsable de la fracción sindical del PCU en el momento del golpe de Estado. No puedo precisar si asumió esta función poco antes o inmediatamente después de iniciada la huelga general. Pero sí puedo sostener sin la menor duda que esa era su responsabilidad política concreta como miembro de la dirección del PCU en junio de 1973. Puedo comprender el error de León y un cierto mecanicismo que lo lleva a creer que en el partido cada quien se mantuvo congelado en sus puestos en esas circunstancias decisorias. Pues no fue así y León haría bien en informarse sobre realidades de las que aparentemente no tuvo conocimiento.
Y me pregunto entonces, si León ignoró e ignora qué función cumplió Altesor durante la huelga general, ignorancia que le permite negar sus responsabilidades en el área sindical, ¿cómo puede atreverse a sostener que no existieron contactos en la búsqueda de salidas, una de cuyas expresiones fue esa muestra de “buena voluntad” que involucró al transporte municipal? Reafirmo con toda responsabilidad lo dicho en el testimonio que brindé. Ese testimonio trató de atenerse a los hechos. No quiere decir que no haya volcado opinión. La búsqueda de salidas democráticas y populares a la coyuntura que intentó el PCU y otros sectores de la izquierda nacional no pueden ser equiparadas de ninguna manera a las turbias negociaciones que, como las Batallón Florida, mantuvieron otros sectores cuyas consecuencias todavía sufre el movimiento popular uruguayo.
El PCU enfrentaba de manera decidida a la dictadura pero buscaba salidas. Y me pregunto: ¿acaso León fue ajeno a todo el debate que existió antes del golpe en torno a la concepción que acuñamos sobre las FFAA? ¿Entendíamos o no que no eran un grupo monolítico, que albergaban tendencias, que la lucha de clases no se frenaba en la puerta de los cuarteles, que el involucramiento en la política de este sector se equiparaba al proceso de radicalización de las clases medias? Pues en este tema hay que abrir una discusión sobre el papel de las FFAA. En el medio académico hay mucho terreno avanzado sobre su condición. Deberíamos revisarlo a fin de valorar su posible prescindencia en un pequeño país como Uruguay, dada su problemática y reiterada voluntad reivindicatoria de sus crímenes y atentados.
La historia se hace de hechos e interpretaciones. Pero las interpretaciones no están por encima de los hechos, o caeríamos en un relativismo al que ideológicamente no deberíamos ser afines ninguno de los dos. Y la realidad histórica es que mi padre, en su condición de responsable de la fracción sindical del PCU, fue encargado de transmitir esa orden. Siempre es difícil hablar a nombre de los muertos y valoré ese hecho antes de dar el testimonio. Evalué también que a la hora de los balances no se le puede sustraer a la historia la información, porque ello tuerce la interpretación.
Aparentemente León entiende que mi testimonio ataca a la entonces dirección más estrecha del PCU y pretende generalizar la ofensa extendiéndola al movimiento sindical uruguayo. Dice, en tono exaltado, que: “Dejar pasar este dislate, no es solo una canallada contra Arismendi, sino una infamia contra el movimiento sindical y su autodeterminación”. Realmente yo no hice una valoración estricta de los hechos. En todo caso avancé la idea de que “lamentablemente llegamos a pensar que acaso era posible encontrar una salida a la coyuntura a través de una negociación con algunos sectores de las FFAA”. No puse en duda la autonomía del movimiento sindical frente a los partidos de izquierda, ni desconozco el funcionamiento de este movimiento. Menos aún dudé jamás de su heroicidad en el enfrentamiento. Sentí siempre que la huelga general con la que enfrentó al golpe de Estado fue uno de los momentos potencialmente más coagulantes de la historia nacional.
Supongo que esto último no es lo que le importa a León. A él le afecta lo primero. La crítica estuvo alejada de mi intención. Esa búsqueda de salidas, en el acierto o en el error, no significó jamás que el PCU haya apoyado al golpe de Estado, como algunos pretenden. Tampoco significa que cuarenta años después debamos dejar de poner sobre la mesa el conjunto de hechos que deben ser sopesados e integrados interpretativamente al legado futuro. Para ese testimonio fui convocado. Otros podrán volcar diferentes aspectos, guardar memorias y sensaciones que seguramente se me escapan en mi visión acotada.
Quiero decir además que soy Iván Altesor, el testimoniante al que León no nombra quién sabe por qué razón. Quién sabe también por qué, pese a la admiración que manifiesta por mi padre, a la mera hora política e ideológicamente se situó en la calle de enfrente. En fin, yo no diría que cometió una canallada aunque sí un error. En materia de políticamente equivocados y canallas hay diferencias y muchos matices. Los sé apreciar. Finalmente me gustaría señalarle que “el honor del apellido familiar” y la transparencia de mi padre no necesitan de su aval. ¿Qué le permite pensar a León que requieren de su “Doy fe”?
Iván Altesor Hafliger
De la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay
Sr. Director:
Ante la aparición de un artículo titulado Viva Más en la página 48 de cartas al Director el día miércoles 17 de julio y donde hace referencia a los beneficios económicos de los Oncólogos por la prescripción de quimioterapia, así como una encuesta en los consultorios, la Comisión Directiva de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay (SOMPU), aclara que esta situación no se ajusta a la realidad del Uruguay.
En nuestro país, los medicamentos oncológicos son adquiridos y gestionados por las instituciones públicas y privadas, así como las de alto costo por el Fondo Nacional de Recursos.
Saluda a usted atentamente,
Dr. Robinson Rodríguez
Presidente
Sociedad de Oncología Médica
y Pediátrica del Uruguay
Televisión digital terrestre
Sr. Director:
En pleno proceso para implantar la Televisión Digital Terrestre, en la que se usarán ondas públicas que se otorgarán en concesión, creo que el Estado y los posibles adjudicatarios deberían asumir algunos compromisos. El primero, de que una vez adjudicados los permisos no intervendrá en la selección de los contenidos. Los empresarios, a su vez, y recordando que usan un bien público, deben comprometerse a no tupirnos con programas basura comprados a bajo costo, tardes enteras de farándula argentina o de cualquier país, e interminables tandas de publicidad que muchas veces suman más tiempo que los mismos programas que financian.
El gobierno seguramente estudiará todas las pretensiones y tendrá en cuenta algunas exigencias mínimas, que redundarán en beneficio de los usuarios y del propio Estado. En este sentido, sin duda se analizará la solvencia económica y financiera de los empresarios, y si alguna vez fueron malos pagadores ante entidades privadas u organismos públicos como UTE, BPS y Banco República, por ejemplo.
Como el presidente Mujica criticó hace unos días el amiguismo manejado por los partidos tradicionales para conceder ondas años atrás, supongo que no se tomará en cuenta si los candidatos se han declarado izquierdistas y frenteamplistas, aunque para proteger nuestro orden jurídico sí habrá que ver si hay antecedentes, ya sean los empresarios de izquierda o de derecha, de si aceptan o no la formación y el funcionamiento de sindicatos en sus empresas. Quien no acepte o no haya aceptado la agremiación de sus empleados, no puede ser adjudicatario.
Y supongo que también se exigirá una probada honestidad. La fama cuenta, y mucho. Por ejemplo, si entre los postulantes hubiese, al menos en el ambiente de los medios de comunicación, sospechados de extorsionar, chantajear, robar o cualquier otro delito, éstos no podrían ser beneficiarios.
A un tema que ya ha levantado polémica, solo se le puede dar confiabilidad mediante un sistema de adjudicación transparente. Y a eso responden las exigencias y los compromisos planteados en esta carta. Si hay otros que contribuyan al mismo fin, bienvenidos sean.
Carlos López Matteo
CI 1.280.081-8
El frío y la muerte
Sr. Director:
Hoy falleció un uruguayo de frío, aquí en mi esquina. Propios y República de Corea, en la esquina del Banco; sí, casi llegando al Mercado Modelo.
De nada sirvió ponerle una frazada encima; su alcoholismo no le permitía responder siquiera si quería ir a un refugio.
De nada sirvió llamar al 911, a la 13ª o a Salud Pública, pues todos remitían al 0800 8798 del Mides que solo atendía una contestadora llena (llamé desde las 20 horas hasta la medianoche).
Esta mañana pasé a las 9 horas y esta persona, lamentablemente, ya se encontraba muerta (también le habían robado la frazada con que lo tapé anoche). Le golpeé a la gente del Banco para avisarle de la triste noticia y me dijeron que ya avisaron hace una hora a la policía, que tampoco aparece.
Duele, da impotencia, como persona, como país (más allá de partidos políticos pues todos han desfilado por el poder) que esto siga pasando y nosotros nos estemos acostumbrando a esto.
Mis respetos por esta persona que falleció en el día de hoy, 22 de julio de 2013, de frío, aquí en la esquina de mi casa.
Alejandro Cor
CI 1.900.681-3
La tentación autoritaria
Sr. Director:
“Acá hay que promover un cambio para lograr el fortalecimiento institucional de la Presidencia y de la OPP”. Gabriel Frugoni, Director de la OPP, Búsqueda, 7/6/12.
En opinión general hay consenso que actualmente nuestro Uruguay tiene un sistema de gobierno claramente presidencial, donde el primer mandatario puede manejarse con amplios poderes de ejecución, pero siempre manteniendo un razonable equilibrio con los del legislativo y del judicial. Todo ello, en acuerdo con la receta (antigua y bien probada) del finado Montesquieu: dentro de la Constitución sancionada por el pueblo, el Parlamento dicta las leyes, el Ejecutivo las hace cumplir y en ese contexto, la Justicia dirime los posibles conflictos públicos y privados.
Según los dichos del señor Frugoni, todos estos contrapesos institucionales no le funcionan bien y a su criterio habría que desequilibrarlos en favor de la Presidencia y su equipo de confianza (la OPP), quizás pensando (¿y envidiando?) algún otro gobierno como el de nuestros vecinos rioplatenses. O algunos todavía más “desequilibrados” como los “progresistas” del ALBA, liderados por el socialismo Siglo XXI de la Venezuela chavista, puntales de la nueva izquierda latinoamericana.
“Buenos” ejemplos le sobran y muy cercanos en el continente. En toda la región se nota una tendencia general hacia Ejecutivos dominantes y personalizados, muy adecuados al populismo reinante, con Parlamentos muy en un segundo plano y una Justicia más o menos condicionada por liderazgos políticos muy fuertes y pese a que sus mayores ejemplares tratan de practicar una especie de capitalismo de Estado, enmarcado en una presunta democracia representativa, en los hechos esta resulta desnaturalizada por una pesada autocracia presidencial que decide (o ignora) las leyes y digita los jueces a su capricho personal.
Por supuesto, en todos lados hay elecciones, con voto secreto y hasta electrónico, pero puestos en carrera los partidos opositores se encuentran con que no van a competir contra un partido oficialista sino contra el propio gobierno, con todos sus recursos económicos y mediáticos y además, todo encabezado por el gran líder-presidente que se elige y se reelige con pretensiones de eternidad. Carenciados que ayudar sobran en todos lados: una buena dosis de asistencialismo bien alimentado con generosos fondos públicos y otra vez primero el caballo del comisario. Y claro, mientras gane ese caballo, habrá elecciones.
El Partido es el Gobierno y el Gobierno es el Presidente. Los más adelantados en ese camino son Venezuela, Ecuador y Bolivia (seguidos muy de cerca por Argentina) que ya han cumplido las dos primeras etapas de esa nueva “democracia”: la institucional, con reformas fundacionales de la Constitución para estirar los mandatos presidenciales y minimizar electoralmente a la oposición y una urgida Ley de Medios para silenciar lo más posible su inevitable presencia en la opinión pública.
Sin duda los mejores ejemplos de esta nueva institucionalidad “democrática” los podemos encontrar en Venezuela, donde su Presidente, cuando lo entiende necesario, puede asumir facultades especiales que le permiten saltearse posibles organismos de contralor oficial e incluso legislar en ciertas materias, por encima del respectivo Parlamento. Una ampliación del espacio ejecutivo tan desmesurada que hasta la tan discutible gestión de nuestro misterioso Plan Juntos podría “legalizarse” sin ningún problema, puesto en un contexto parecido.
Aquí en el Uruguay, el Frente Amplio ya tiene en su programa de gobierno la convocatoria de una posible Asamblea Constituyente y en la actualidad se encuentra discutiendo una sugestiva Ley de Medios destinada, según se dice, a “democratizar” la comunicación social y “mejorar” sus contenidos. Por ahora no hay nada concreto, pero el rumbo general adonde se apunta resulta bastante similar al del preocupante modelo bolivariano y sus variadas réplicas en el resto del continente.
En esa tesitura, se puede notar cómo las actitudes y el tono del discurso oficial de nuestro Presidente y de su entorno más íntimo vienen cambiando, endureciéndose y las citadas declaraciones del señor Frugoni son una buena muestra. Ya en la segunda mitad de su mandato, se manejan con una estrategia diferente, tanto frente a la oposición blanquicolorada como ante sus correligionarios del Frente Líber Seregni, entre otras cosas, procurando imponer a la Oficina de Planeamiento sobre el equipo de Astori en la línea política y económica del gobierno.
En realidad, pica siempre hubo, pero ahora ya no se disimula. También se acabaron los mismos con Larrañaga, las amplias Mesas Multipartidarias y las hipócritas invocaciones de patriótica tolerancia. Mujica y sus amigos, ya bien afirmados en sus asientos, con una administración pública prácticamente colonizada por el MPP, se sienten lo bastante fuertes como para sacarse su simpática careta tanto en la interna como en el campo internacional, donde aparecen cada vez más cerca del MLN y del bloque bolivariano.
Para acercarlos aún más hacia los sueños chavistas, nuestros “ejecutivos” gustan (y practican) la gestión personalizada. Es en ese sentido que el señor Frugoni reclama una “nueva institucionalidad”, donde José Mujica sería el “comandante” en jefe, alguien que pueda decidir y operar con sus peoncitos de la OPP, sin atarse demasiado a los embelecos leguleyos y burocráticos, propios de esta vieja institucionalidad de nuestra democracia liberal y representativa. Conseguir, por ejemplo, la difícil patente única simplemente comprando a los Intendentes al condonarles de hecho sus millonarias deudas con UTE y salteándose, además, las competencias de las Juntas locales y la propia autonomía departamental. En este caso, muy desprolijo pero efectivo.
El problema aparece cuando esas desprolijidades, ocasionales, se vuelven normales en la tarea ejecutiva y más graves aún cuando como pretende el señor Frugoni, llegan a institucionalizarse en una reforma constitucional, sustituyendo el consenso legal por una voluntad personal, por más bien intencionada que sea. Imagínese usted un emprendimiento como el Fondes que movería una impresionante millonada de dólares en fondos públicos, gestionado al estilo Mujica, a golpes de institución y voluntarismo, todo fiado a la honestidad y la buena fe de nuestro Presidente.
A esta altura, el clima político continental en nada favorece la vigencia real de un sistema democrático como el nuestro y conociendo con qué bueyes estamos arando, no está de más prevenir que cuando los que ejecutan lo hacen según sus propias leyes, así sea con las mejores intenciones y las más secretas votaciones, se está deformando todo el sistema, empedrando un camino populista que tarde o temprano, terminará por desembocar en un régimen autoritario. Como en aquellos tan lejanos tiempos ¿nuestro Uruguay podrá volver a ser la excepción a la regla? Esperamos que sí y hagamos lo posible para que así sea.
Gerardo Tejera Barrios
CI 1.555.465-6
