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    Cartas al Director (I)

    Marihuana (I)

    Señor Director:

    Soy uno de los ciudadanos que está asombrado por la sanción, por parte de la Cámara de Representantes del proyecto de la ley que habilita la venta de la marihuana o cannabis, en las farmacias y que autoriza a los particulares a cultivar hasta seis plantas de esta dañina droga, se supone que para consumo propio.

    Dichos ciudadanos sumamos más del 60% de la población, a estar a las encuestas, lo que no es de sorprender. Nuestro país sufre una aguda y progresiva crisis, manifestada en la pérdida de valores, en una caída tremenda del sistema educativo —sobre todo en el sector público—, en una inseguridad que aterra, y en un descalabro muy grave de la atención de la salud en el nivel estatal, entre otros problemas que largo sería enumerar.

    Sin embargo, los uruguayos no hemos llegado aun a un grado de estudio o inconciencia tan grande como para ser partidarios de facilitar el consumo de drogas destructivas de salud de nuestros adolescentes y jóvenes, que son, como todos lo sabemos, los que caen en la adicción a las mismas.

    Este proyecto de ley lo propicia, por supuesto, el gobierno que preside el señor José Mujica, quien, tras popularizar un dicho muy poco serio —sobre todo, en un gobernante—, según el cual “como te digo una cosa te digo la otra”, superándose en su culto a la irresponsabilidad, ahora ha dado en decir una y hacer otra, no distinta sino contraria.

    En efecto, tras hacer pública su absurda iniciativa, Mujica afirmó que si la misma no era aprobada por el 60% de la población daría marcha atrás, acatando la opinión mayoritaria de la ciudadanía. Sin embargo, esta ya ha adelantado su veredicto contrario —encuestas mediante— y el presidente no solo no desiste de su deplorable proyecto sino que parece ahora impulsarlo con mayor decisión.

    Quizás sea porque, créase o no, ha tenido cierta repercusión internacional favorable en tres ex presidentes latinoamericanos: el mexicano Fox, Fernando Henrique Cardoso y un antecesor del actual presidente de Colombia. Cabe preguntarse, entonces, por qué ninguno de ellos, cuando gobernaban en sus respectivos países, se animaron a propiciar una iniciativa tan descabellada. Lo propio procedería decirle al secretario general de la OEA, el chileno Insulza, quien también ha expresado opinión favorable al disparatado proyecto que ha de transformarse en ley. Porque no se dude de que ha de contar con los 17 votos frenteamplistas, en el Senado, aunque algunos de los que levanten una vez más sus “manos de yeso” no estén de acuerdo con el absurdo proyecto. Como no lo estaba el diputado Darío Pérez —médico él—, quien dijo que la marihuana es “una bosta”, pero igual aportó su voto decisivo para facilitar el consumo de una droga peligrosísima para la salud.

    No lo digo yo, que soy casi ignaro en medicina. Lo ha dicho con clara energía la Asociación Uruguaya de Siquiatría, en declaración que emitió semanas atrás. Y lo han expresado otros médicos, que han alertado que la marihuana es más dañina que el tabaco, pues contiene más productos cancerígenos que éste, cuya venta en lugares cerrados logró prohibir el Dr. Tabaré Vázquez. Sin embargo, ahora, se va a autorizar la venta de la marihuana en las farmacias siendo que favorece más que los cigarros el contraer cáncer.

    Y ya que mencionamos a las farmacias, es una gruesa “contradictio in adjecto” que a estos comercios cuya razón de ser es vender a los seres humanos medicamentos destinados a curar o aliviar sus enfermedades, se les imponga por ley la venta de una droga destructiva de la salud.

    Lógico es, pues, que no pocos químicos farmacéuticos hayan adelantado que se negarán a venderla, oponiendo una objeción de conciencia. Pero los argumentos contra tan negativo proyecto de ley, no se agotan en los expresados por siquiatras y otros médicos, así como por los farmacéuticos.

    También los juristas han principiado a expresar los suyos. Así, en carta que publicó en Búsqueda el jueves pasado, el Dr. Edison González Lapeyre expresó objeciones contundentes desde el punto de vista del Derecho Internacional. Señaló, así, que este proyecto “... va a implicar una abierta y flagrante violación de la Convención Única de Naciones Unidas —de 1961— sobre estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972 y la convención de Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988 y ratificada por nuestro país el 10 de marzo de 1995”.

    Agregó el Dr. González Lapeyre que la única vía que tiene nuestro país para desligarse de las obligaciones emergentes de dichos tratados multilaterales es “... denunciar las citadas convenciones, conforme a lo que establecen el artículo 46 de la convención de 1961 y el artículo 30 de la convención de 1988”.

    Con respecto a la validez de una ley contraria a un tratado en vigor en el país, afirmé en mi libro Derecho Legislativo (p. 182): “Una ley contraria a un tratado anteriormente celebrado por el país es un acto contrario a la Constitución, ilegítimo, pues la Constitución ha autorizado al Poder Ejecutivo a suscribir y ratificar tratados, con autorización del Parlamento, sabiendo que estos son normas de Derecho Internacional que obligan al gobierno nacional, que se rigen por dicho derecho y que solo se extinguen en los casos y por los procedimientos previstos por el Derecho Internacional”. En consecuencia, una ley de esa naturaleza podría ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

    No abordaré ahora la opinable cuestión de si un tratado contrario a la Constitución es válido o no en el orden interno. Pero sí diré que desde que el actual gobierno, por medio de dos ministros y otros funcionarios jerárquicos, presionó censurablemente a la Suprema Corte de Justicia para que cambiara la jurisprudencia inaugurada con la reciente sentencia que declaró inconstitucional la Ley Nº 18.831, que anuló la Ley de Caducidad, so pretexto de que esta —a su discutible juicio— era violatoria de tratados multilaterales sobre derechos humanos, carece de autoridad para sostener ahora que los tratados que prohíben el tráfico de la marihuana y más drogas no determinan la inconstitucionalidad de la inconcebible ley que va a habilitar la venta de marihuana por las farmacias.

    Todo ello, sin olvidar que —tratados al margen— tal ley va a ser inconstitucional frente a normas expresas de la Carta. Así, su art. 44, que dispone: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes de país”. Además, el segundo inciso de su art. 46 establece: “El Estado combatirá por medio de la ley y de las convenciones internacionales los vicios sociales”.

    Pregunto: ¿el Estado, sancionando una ley que sin duda facilitará el consumo de la marihuana, legislará para defender la salud —obvia finalidad del art. 44— o para dañarla? Y, al hacerlo ¿combatirá los vicios sociales o los promoverá? ¿O alguien duda de que fumar marihuana es un vicio social y de los peores?

    Por otra parte, si no basta con lo dispuesto por los arts. 44 y 46 de la Lex Magna, la clara inconstitucionalidad de la malhadada ley proyectada, deriva de que el derecho a la protección estatal de la salud surge también de los artículos 37, 38, 45, 46, 54 , 56, 186 y 275 num. 9 de la Carta. Es decir que su interpretación, contextual conduce ineludiblemente a la conclusión de que la Constitución obliga al Estado a promover y defender la salud de sus habitantes.

    Y, a mayor abundamiento, por si no bastara con todo lo anterior, siendo la salud, un derecho “inherente a la personalidad humana”, no hay duda de que está amparado por el art. 72 de la Carta. Todo lo anterior se robustece con el estudio que del tema hizo Cassinelli Muñoz en su trabajo “Uruguay en el Derecho a la salud en las Américas”, publicado en “Constitución y Administración” (ed. La Ley Uruguaya, págs. 858-863).

    Para finalizar, considero fuera de la realidad el “argumento” del presidente Mujica en el sentido de que facilitando el consumo de la marihuana disminuirá el de la pasta base, así como el negocio criminal de los narcotraficantes. Es como decir que hay que fomentar el consumo de vino para desalentar el de caña —o de cócteles— como alguien dijo con razón hace muy pocos días.

    Y pongo el punto final aunque mucho más habría para alegar contra esta barbaridad, porque no debo abusar del espacio de Búsqueda ni cansar a sus lectores.

    Gonzalo Aguirre Ramírez

    ex vicepresidente de la República

    Marihuana (II)

    Sr. Director:

    El problema requiere, si no soluciones, caminos alternativos, ya que los actuales no funcionan.

    — “La guerra contra las drogas”, en la cual se han invertido en EEUU y en Europa cifras astronómicas, no ha tenido desde su comienzo hace ya décadas, la más mínima victoria. Se han creado burocracias con decenas de miles de empleados (la DEA), se han enviado a la cárcel a miles, la mayoría, amplia, consumidores de droga y no narcos. Los narcos que han sido detenidos, inmediatamente son suplidos por igual número de individuos aún peores.

    – También se han invertido cuantiosas sumas en la educación. Drogarse es malo porque... etc., etc. Este proceso, que es difícil de cuantificar en cuanto a progreso, debe continuarse al menos por su potencial efecto disuasorio para algunos, teóricamente al menos.

    ¿Por qué no funcionan estas dos grandes iniciativas? Por razones socioeconómicas simples: hay una demanda sostenida en el tiempo (décadas) y si algo, creciente. Hay un margen de dinero entre producción y venta muy amplio y atractivo que hace de este negocio de los más atractivos del mundo. Frente a estas dinámicas, las fuerzas del orden no dan abasto. E idénticamente cuando la prohibición de las bebidas alchólicas en EEUU en los años de 1920, lo único que la prohibición consiguió fue un crecimiento exponencial de la corrupción y del crimen organizado (mafias). La misma dinámica de una demanda sostenida y un margen suculento, gracias a ser ilegal, hizo que hubiera emprendedores de todos los calibres dispuestos a servir al público, desde los Al Capone, al padre del presidente Kennedy y la familia Bronfman de Canadá.

    Resulta que, en el caso de la marihuana, lo más probable es que su daño principal es su ilegalidad, ya que justo por eso le da un aura de “glamour de peligro” y además, en muchos casos, pone en contacto a simples usuarios con proveedores de todo tipo de drogas, todas, inclusive las bebidas alcohólicas y el tabaco, más peligrosas que la marihuana.

    Sin duda que con pronunciamientos llenos de ilusión pero de una ingenuidad tremenda o de planteamientos claramente hipócritas poco se va a progresar con la juventud de hoy, que está bastante informada por Internet, donde obviamente hay de todo, incluso información manipulada o simplemente errónea, pero que hace del joven bastante cínico frente a pronunciamientos de sus mayores en contra de la marihuana, frecuentemente ellos, los adultos, con cigarrillo y whisky a la mano.

    Lo que recomienda el gobierno no pretende ser una solución; eso no existe. Pero sí es un camino nuevo, distinto, por medio del cual vamos a aprender más y, por ende, progresar.

    Alan Cordery Ferrero

    CI 1.174.925-5

    Punta del Este (Maldonado)

    Marihuana (III)

    Sr. Director:

    Lo que nos faltaba. Nunca vi tanta ingeniería mental aplicada a la idiotez absoluta. Si yo me imaginaba que de esto se trataba el eslogan electoral “profundizar los cambios”, seguramente lo hubiera combatido. Pero lo que pasa es que veníamos de una muy buena gestión, por lo que uno se confunde y hasta parecía serio el actual presidente uruguayo en la campaña electoral, alguien a quien hoy los principales medios de comunicación del mundo, como el prestigioso diario inglés “The Guardian”, la revista “The Economist” y publicaciones estadounidenses como la revista “Time” y el diario más influyente del mundo, “The New York Times”, o el líder en la prensa escrita en castellano, el diario “El País” de España (ninguno de ellos un medio compañero, socialista, revolucionario, ni de izquierda, y por el contrario todos son bastiones del capitalismo moderno al que Mujica y sobre todo sus amigos, muchos trasnochados con cargos públicos, tanto han criticado y defenestrado), lo tienen como un erudito, un adelantado, un hombre con agallas y con la cabeza bien puesta.

    Sin embargo, desde el frente interno, como algunas perlas del collar ya se conocen, Mujica es visto de diversas maneras. Hay quienes lo idolatran por su honestidad (que nadie duda que la tenga) y su frontalidad para encarar los temas que tiene en mente, sobre todo porque el tipo sabe que no tiene muchos kilómetros más para recorrer y si no hace lo que quiere ahora, después que se vaya de la Presidencia solamente podrá decirlo en la radio, y ahí nadie más le dará pelota.

    Pero el hecho de poner tanta ingeniería mental al servicio de cuatro temas que supuestamente serían la bandera del actual gobierno y le harían honor a ese eslogan electoral, que algunos todavía repiten por antonomasia, que dice “profundizar los cambios”, los que se refieren a los introducidos durante el gobierno de Tabaré Vázquez, y que ellos entienden que pueden ser estructurales para la sociedad actual, en vez de acordarse de los trabajadores, empresarios y sobre todo de los más jóvenes del país, que esperan una respuesta a sus problemas todos los días, es algo que no tiene nombre.

    ¿Por qué en vez de ponerse a pensar, a romperse la cabeza y a sacar humo de esas mentes (¡¿brillantes?!) que ocupan los principales cargos del gobierno para ver cómo solucionamos el problema de la economía, cuando la inflación que en el mes de julio ya trepó al 8,75 por ciento, cuando hay 500.000 trabajadores que aún no han alcanzado los laudos salariales correspondientes a enero de este año, y por qué en vez de ponerse a preguntar cómo ayudar a los empresarios, quizás quitándoles presión tributaria para que puedan pagar todos esos ajustes, hacen estas pavadas?

    ¿Por qué no se dan cuenta de que un país con cultura yerbera, donde tomar mate es religión, ahora un trabajador tiene que pagar 110 pesos por un kilo (unos 5 dólares) porque subieron los costos de producción en Brasil y acá nadie hace nada? ¿Por qué no se preocupan por reducir el desempleo, mejorar la situación de la salud en infraestructura y recursos humanos, y arreglar el problema de la educación que no es tanto dar plata, como ahora propone de la nada el senador blanco Jorge Larrañaga (como si esa fuera la solución y encima cree que descubrió el agujero del mate), sino poner a los docentes en su lugar y hacer valer los millones y millones de dólares que este gobierno tomó prestados de la sociedad uruguaya para dárselo al sistema educativo y no se ha hecho rendir ni un solo dólar?

    Y podríamos seguir hablando de problemas estructurales y necesarios para que el país los resuelva cuanto antes, en los cuales sí habría que introducir cambios para luego profundizarlos como es el de la seguridad pública y los menores infractores, un INAU que sigue siendo una boca de lobo pues nadie sabe lo que pasa adentro y donde sus funcionarios se funden en el más absoluto de los secretismos, pero no, nada de esto era el tema de profundizar los cambios.

    Sino que el eslogan obedecía al hecho de reflotar el tema de la “ley de caducidad” para honrar el sentimiento de venganza y revanchismo contra los gorilas que toda la sociedad ya conoce y los cuales están presos por sobradas razones jurídicas, al matrimonio homosexual contra los que nada tengo pero que sí cuestiono darle al matrimonio, ese estado de que vale todo y no pasa nada, como si casarse es lo mismo que nada y como si adoptar un niño fuera jugar a la casita, a la despenalización del aborto porque es más fácil que combatirlo y además le damos la señal a las adolescentes que pueden tener todas las relaciones sexuales que quieran, con quienes quieran y sin cuidarse, ¿total?, si quedan embarazadas pueden hacerse un aborto en cualquier hospital público o mutualista privada.

    A todo esto, ahora le sumamos la legalización de la marihuana, no solo para decirle a la gente que curte esta droga que está todo legal, que la fumen donde quieran y cuando quieran, que no pasa nada, sino que además ahora el Estado, o sea todos nosotros, nos volveremos los principales clientes de los narcotraficantes, porque si no dígame usted: ¿de dónde va a sacar el Estado miles de plantas de marihuana para poder producir a gran escala y poder abastecer a los consumidores si no es con los narcotraficantes que seguramente acapararán el mercado de plantas para venderlas a la producción del Estado?

    Porque esto es un negocio, fifty-fifty como le gusta decir a Mujica, y no crean que ahora con la legalización de la marihuana los narcotraficantes se van a quedar afuera de la joda. Para nada, es como la improvisada medida del cero kilo, ¿o alguien se piensa que porque un ministro de turno firma un decreto desde un despacho sentado y tomando mate, se va a terminar el contrabando que reporta millones de pesos de ganancias desde hace años y que tiene comprado a toda la estructura de los funcionarios públicos que dicen combatirla?

    Y con la marihuana es igual. El Estado no puede contra el narcotráfico. Entonces, cobardemente a mi juicio, hace una ley y la legaliza, porque es mucho más fácil. Y con eso, ¿va a terminar con el narcotráfico? Para nada, porque es un negocio que deja miles de millones de dólares en todo el mundo y el gobierno ahora los necesita para abastecer las miles de hectáreas que dice que destinará a la plantación de cannabis (en vez de hacer un plan nacional de alimentación y plantar hortalizas para regalarlas o venderlas por dos pesos a los barrios más carenciados, que puedo asegurar que en el Uruguay actual, el de la panacea para la izquierda, todavía existe gente pobre), pero no, tampoco, el gobierno plantará cannabis. Estamos todos locos. Y ellos más que nosotros.

    ¿Usted se imagina llevando a su hijo al jardín de infantes y que la maestra la mire con los ojos vidriosos y en un ataque de risa porque un rato antes se fumó un porro en la plaza? ¿Y usted qué le va a decir? Nada, si es legal y ella puede hacerlo en la vereda de la escuela o en la plaza pública si quiere.

    ¿Entonces cómo vamos a reaccionar ante una situación de esta naturaleza? Seguramente habrá más problemas y conflictos sociales que soluciones. Porque quienes fumen pasta base o toman cocaína no van a pasarse a la marihuana porque ahora es legal consumir drogas. Pensar eso, es la estupidez al cubo y eso el gobierno lo sabe. ¿Por quiénes nos toman? ¿Por idiotas? ¿A quién le debe favores este gobierno? ¿Al narcotráfico?

    Otro de los aspectos negativos de este tema es que la palabra legalización por sí misma engloba otro concepto mucho más preocupante que es el de la permisividad. Porque el Pepe, que tanto quiere que nos parezcamos a Europa, se olvidó de que en Holanda existe la “tolerancia por la marihuana”, que no es lo mismo que la “legalización”. Allá el Estado reconoce que está mal fumar esa droga, pero la vende a poca gente en un lugar restringido y tiene miles de requisitos para que puedan acceder a ella. Y les dice, “les toleramos esto, porque ya está instalado en la sociedad, pero los discriminamos y a fumar de este lado de la ciudad, pero el que se sale de ahí, va preso”. Y allá van presos en serio, no es como acá que se toman todo para la joda; ellos son países en serio.

    Pero acá les decimos que les “aprobamos” la marihuana y eso es mucho más grave, porque les estamos diciendo, sobre todo a las nuevas generaciones, que fumar marihuana está bien. Que lo hagan, que es algo legal y por ende, permitido, y que el concepto no es el de les toleramos esto, sino de que está bien. Y así es como nos estamos yendo al tacho como sociedad, estamos legando un país con aborto legal, matrimonio y adopción homosexual, marihuana en las farmacias y comprada a los narcos, que donde salga muy caro (2,5 dólares por gramo) los fumadores se irán a las bocas, que les aseguro que no van a cerrar ninguna de ellas y la van a vender mucho más barata.

    La verdad, es lamentable que los cerebritos que están en el gobierno y los lamebotas que van a saltar de a uno después de leer esta crónica, lo único que hagan sea aplicar tanta ingeniería a la estupidez humana y rendirle culto a la nada, en vez de ponerse a estudiar cómo mantener la estabilidad económica, hacer que no se dispare el dólar, que la inflación no llegue a los dos dígitos y que los sueldos alcancen para llegar a fin de mes. No, en su lugar se están ocupando de que esto sea un viva la Pepa, la parienta mujer del presidente que tenemos.

    Hugo Lemos

    Salto

    AFAP

    Sr. Director:

    Del apoyo o rechazo a las AFAP. En la edición de Búsqueda del jueves 8 de agosto se publica una encuesta donde se preguntó la opinión sobre el sistema de AFAP y, a quienes aportan, si preferían seguir aportando a una AFAP o volver al sistema anterior.

    De la misma nos surgen varias reflexiones.

    En primer lugar se preguntaba si prefería seguir aportando a una AFAP o volver al sistema anterior.

    Si el anteproyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo finalmente se sanciona, algunos uruguayos, los que se afiliaron voluntariamente y tienen más de 40 años, podrán seguir aportando íntegramente al sistema de reparto o solidario, pero ninguno podrá “volver al sistema anterior”. Por lo tanto, la opción planteada en la encuesta es irrealizable.

    En segundo lugar, al analizarse “los grandes grupos de trabajadores dispuestos a desafiliarse” surgen algunos datos que es importante considerar.

    La predisposición más alta a desafiliarse, 45%, se registra entre los empresarios, pequeños, microempresarios y cuentapropistas.

    Desde la implantación de este sistema, el PIT-CNT ha promovido su reforma, pero la encuesta muestra que los mas predispuestos a desafiliarse no son afiliados al PIT-CNT. Continuamente intentamos promover un debate en serio sobre un sistema que entendemos es perjudicial para el conjunto de la sociedad uruguaya, pero invariablemente recibimos eslóganes como respuesta. Que nuestra postura es “meramente ideológica” (como que actuar en función de las ideas fuera negativo), que somos radicales e incluso en la última discusión pública nos hemos enterado que somos “tercermundistas”. Pero sobre las razones y fundamentos que sostenemos en contra de este sistema, silencio.

    Esperamos que estos datos hagan reflexionar a quienes invariablemente sostienen que este problema es solamente planteado por el PIT-CNT, ya que otros sectores de la sociedad están mostrando su preocupación por un sistema que a partir de 2015 nos costará la friolera de U$S 400.000.000 (cuatrocientos millones de dólares) anuales, solo para “incentivar” la afiliación al ahorro voluntario. A esto hay que agregar un BSE que ya dio la voz de alerta sobre los costos que le significa este sistema y promovió, entre otras cosas, una rebaja de las jubilaciones del sistema de ahorro individual.

    En tercer lugar, al dividir a los encuestados en función de la edad, se vislumbra que los más jóvenes tienen una opinión favorable al sistema y que la tendencia cambia a medida que avanza la edad del encuestado.

    De estos datos se concluye que “el viento está soplando sistemáticamente a favor de las administradoras”.

    Entendemos que el razonamiento está profundamente equivocado, ya que se asienta sobre una base falsa.

    Las personas jóvenes no tienen entre sus preocupaciones principales el sistema de seguridad social. No lo visualizan como un problema a considerar en el futuro cercano, ya que asocian el sistema con la jubilación y el momento de jubilarse está lejos.

    Quienes están cercanos a la jubilación sí lo tienen como una preocupación principal y son quienes comienzan a realizar averiguaciones sobre cuál será el monto de su jubilación. En ese momento comienzan las preocupaciones y los juicios negativos.

    No proponemos, ni nunca propusimos, volver al sistema anterior.

    Se implantó este sistema de ahorro individual, buscando eliminar el peso financiero de la Seguridad Social sobre las finanzas públicas. Nos cuesta mensualmente U$S 72 millones de transferencias, nos obliga a los trabajadores a pagar una comisión carísima (U$S 44 millones solo de ganancia en el año 2012) y debemos mantener al BSE pagando prestaciones del sistema, cuando todos los privados se retiraron porque el “negocio” da pérdidas.

    A partir de 2016 comienzan a configurar causal quienes al 1º de abril de 1996 tenían menos de 40 años. En ese momento, las dificultades del BSE y los incentivos al sistema a cargo del Estado trepan exponencialmente. Debemos reformar este sistema antes, ya que en dicho momento, con eslóganes y publicidades, no se solucionará el tema.

    Luego de 30 años, el gran ejemplo de Chile nos muestra que las AFJP (AFAP en Chile) han sido bautizadas como “la fábrica de pobres” y la reforma del sistema es uno de los principales temas de campaña.

    ¿Es sensato y responsable seguir esperando?

    Ramón Ruiz

    Integrante del Equipo de Representación de

    los Trabajadores en el Banco de Previsión Social