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    Cartas al Director (III)

    Peñarol, Nacional y el CURCC

    Sr. Director:

    Navascués, Tarigo y Nacional. El estimado Dr. Hernán Navascués, en su carta a Búsqueda del 11 de julio último, me hizo el honor de referirse a “1891: La Fundación - Por qué Peñarol es el Decano (social, ética y jurídicamente)”, de muy reciente aparición. No es éste el medio apropiado para una discusión técnico-jurídica que abordaré con gusto si así lo quiere en alguna reunión de la “AIHFU” (Asociación de Investigadores e Historiadores del Fútbol Uruguayo), de la que ambos somos cofundadores.

    Mas sí es menester responder, por única vez, a apreciaciones del Dr. Navascués que considero erróneas —y algunas también injustas— y que no me agravian por saber de su buena fe y caballerosidad.

    Demoré esta respuesta por un circunstancial quebranto de salud. Y la oportunidad de mi libro, al tiempo que da la situación de jubilado.

    Alude dos veces a que he escrito con pasión, pudiendo entenderse que ello estuviera inhibiendo la valía del razonamiento jurídico; quiero pensar que aludió también a mi conocida pasión por el Derecho.

    Hace su crítica en dos aspectos (sólo en ellos, lo que me alegra y ratifica su honestidad intelectual).

    El primero, lo que él erróneamente tipifica como “núcleo” de mi libro y califica de “epítetos” (¿acepción elogio o insulto?) contra el Dr. Enrique Tarigo. Se pretende desviar la atención de lo que es neto análisis jurídico que desmorona uno a uno todos los argumentos del “Informe de la Comisión para el Decanato” (julio 1991), firmado en exclusividad por el propio Dr. Tarigo que agregó ser “ex vicepresidente de la República” y “ex profesor de Derecho Procesal” (¿para darle algo más de fuerza a lo que tenía tanta vulnerabilidad jurídica?). Quizás Navascués no tuvo tiempo de leer detenidamente y entonces no percibió:

    a) el final del Capítulo I  (“…crítica que deberá entenderse hecha sólo a lo expresado y a la forma de hacerlo”, etc. Y la única vez que adjetivo “soberbia” refiero no a una persona sino a una situación (pág. 21). No se me adjudique injusta e injustificadamente, pues, insulto alguno hacia persona o Institución.

    b) mi valoración hacia el Dr. Tarigo, en el Capítulo II, parágrafo 4 (“…Por eso me referiré al Dr. Tarigo y en él a sus seguidores; lamentando su fallecimiento no sólo por la pérdida de una vida y del valioso ciudadano…”.

    c) que mis calificaciones apuntan al artículo de la revista “Tres” donde, por ejemplo, el Dr. Tarigo dice: “El Sr. Álvarez bien pudo haber metido violín en bolsa y no meterse donde nadie lo había llamado” y durísimas apreciaciones personales hacia el Dr. Jaime Boix Larriera. Aunque en el “Informe” acusa, sin prueba alguna, de fraude, de engaño, hasta de falsificación, en difamación que ofende a Peñarol y su gente (por ej., pág. 28).

    d) que nunca dije “artificios deplorables”, sino (pág. 22) “todo ese artificio, deplorablemente exacerbado por algunos...”. No ignora el Dr. Navascués que lo que califico de “artificio” (en su acepción de disimulo, ocultamiento, doblez, y en parte como predominio de lo elaborado sobre lo natural) se salió del cauce de discusión de tipo académico para exacerbarse en pullas contra los peñarolenses, y eso es lo deplorable.

    e) ¿No es acaso un “artificio” reproducir la primera frase de un mismo ítem (escrito de Peñarol en la reforma estatutaria de 1958) y omitir expresamente la segunda frase que evidencia la real posición del club?

    Además, evalúa que el mentado “Informe” me ha molestado a mí y a los peñarolenses; pero erróneamente centra tal molestia en el contenido jurídico del mismo. Se equivoca, estimado compatriota: lo que nos ha molestado y bastante, es el tono ofensivo, la difamación sin pruebas, pero no el ya jurídicamente desbaratado contenido del “Informe”. Estimo valorará mi exactitud respecto a su decir acerca de la identidad social y deportiva entre C.U.R.C.C. y Peñarol; tal es mi pasión por el Derecho, por la Justicia y por la Ética, además de por Peñarol.

    El segundo aspecto criticado: en el libro evidenciamos los dos errores conceptuales de Tarigo y ahora de Navascués al considerar que dicha Asamblea está afectada por nulidad absoluta (confunden facultad de administración con el total de facultades de un socio de una asociación civil; el que un socio no pueda administrar no significa que no tenga voz y voto en asambleas —las limitaciones deben ser a texto expreso—); y al calificar la nulidad absoluta de “insubsanable e imprescriptible” ignorando que transcurridos 30 años nadie puede ya invocarla. De poco sirve citar a Coviello como si éste hubiera dicho algo original y reforzarlo con una categorización que nada agrega adjudicada al palermitano Santi Romano —doctrinarios italianos que no inspiraron a nuestro codificador— cuando el derecho positivo vigente tiene disposiciones claras contra tales posturas (vg., art. 1561 de nuestro Código Civil). Lo mismo al citar a Sayagués.

    Pretende señalar falla en el hecho de que la Asamblea de diciembre de 1913 resolvió de forma distinta y con distintas personas a la anterior de junio, como si eso no ocurriera frecuentemente no ya en una asociación civil, sino en los mismos Parlamentos.

    Al igual que Tarigo, incurre en “petición de principio” al suponer una fórmula de “solución” para las discusiones internas en la asociación civil fundada en 1891 y de ésta con la empresa ferrocarrilera; y como lo ocurrido fue distinto a esa suposición y no le sirve a su propósito, entonces pretende desconocer la realidad. Si hubo fallas formales en la convocatoria o en lo que fuere —lo que nunca pudo ser probado, no pasan de decirlo y no aportan prueba alguna—, ¿por qué ninguno de los que no fueron el 13 de diciembre jamás hizo no sólo alguna protesta formal, sino tan solo verbal en algún lado? A casi 100 años después se pretende “enmendar la plana” de quienes actuaron por acción u omisión siendo mayores de edad y capaces, en actos jurídicamente válidos. Sería inadmisible decir que como su club no tiene acta de fundación (actualmente requisito indispensable), no es válido lo actuado a posteriori.

    Se llega al tope en la debilidad argumental:

    a) Darle “total relevancia” (sic) a una modesta advertencia hecha por un simple funcionario administrativo en el trámite de solicitud de personería jurídica en 1914, cuando el presidente de la República y su ministro respectivo, debidamente asesorados, en pleno ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones y dentro de los límites de éstas, aprueba formalmente que el Club Atlético Peñarol es el antes denominado “Central Uruguay Railway Cricket Club”; y sin que nadie haya no ya recurrido tal resolución sino ni siquiera mostrado descontento en ámbito alguno hasta 25 años después.

    b) Invocar la irresponsable observación de 1958 —no recogida en la Resolución y cuando ya había 7 resoluciones firmes e inequívocas del Poder Ejecutivo sin que nadie hubiera dicho ni observado cosa alguna—, hecha al inicio del trámite de reforma estatutaria por el Dr. Ricardo Clavijo quien ni siquiera se animó a sostenerla en su propio dictamen (¿sabedor de haber mentido?).

    Y por segunda vez elogio la honestidad intelectual del Dr. Navascués, al reconocerme acierto en vincular lo sociológico con el Derecho; es que esto es lo que campea, innegable, en las doctrinas modernas; y no existía en 1913-1914 normativa que lo contrariara. Y al admitir que hay un estilo ofensor del Dr. Tarigo —que motivó la sorna del Dr. Carlos Maggi (reproducida en mi libro) y el sentirnos agraviados.

    En cuanto a la objeción al 49º Campeonato de Peñarol, solo diré que no pueden ignorar que el “Laudo Serrato” estableció inequívocamente que la Federación y la Asociación se unían en la nueva Asociación en absoluto pie de igualdad; por lo que es inaceptable decir que el de 1924 no se le debe computar a Peñarol. En esto hay o habrá posición oficial de Peñarol, por lo que no corresponde que yo abunde en el tema.

    Ésta es respuesta abreviada; la íntegra será publicada en “webs” aurinegras.

    Daniel Quintana

    CI 971.640-8

    Abortos: 2.550 en 6 meses

    Sr. Director:

    Los números del Dr. Briozzo. El martes 16 de julio próximo pasado el señor subsecretario del MSP presentó en conferencia de prensa los primeros resultados oficiales desde que se ha implantado el aborto legal en Uruguay. Y los 2.550 casos reportados para 6 meses de registros nos trajeron consigo no pocas sorpresas.

    Por un lado, parecen pocos. Qué lejos quedan los 300 abortos por cada 100 partos de los que hablaba Hermógenes Álvarez en los años 60, o los 150.000 que estimaba el propio Dr. Briozzo años ha en el Parlamento, o los 30.000 del libro de Rafael Sanseviero. Si algo más bien parece ir quedando claro es que ninguna de aquellas cifras alarmantes con las que se apoyaban las distintas iniciativas legales tenían sustento en la realidad.

    Por lo mismo, tampoco se podrían establecer comparaciones y afirmaciones en torno a si la reciente legalización ha traído consigo una disminución de los abortos. Porque si antes una intervención costaba dinero (unos U$S 400) y ahora es gratis, si antes pesaba el temor de una posible prisión y ahora no, si antes se cargaba con la vergüenza de una actividad prohibida y ahora se cuenta con las felicitaciones del subsecretario, ¿se puede esperar que haya disminuido?

    Por otro lado, parecen muchos. La prensa del sábado nos impactó acerca de una dura realidad que vemos a diario por cuentagotas, al informarnos que la suma de muertos en accidentes de tránsito en los últimos 6 meses ha llegado a 290. Es una cifra enorme, nos duele que sea así y más aún cuando pensamos que podrían hacerse muchas más cosas para que el daño sea menor y no se hacen. Pero no deja de ser el 11,4% de las muertes que se han practicado por aborto y no en la calle sino en los centros asistenciales de nuestro país, unas instituciones costeadas con tanto esfuerzo por la sociedad para salvar vidas humanas.

    Otra de las sorpresas fue que el 60% de los abortos se practicaron en mutualistas, instituciones pagas, mientras que el 40% restante lo fueron en hospitales públicos. Pero, ¿no se hizo esta ley invocando los derechos de la mujer de bajos recursos en estado de grave necesidad frente a la hipótesis de tener que afrontar un embarazo no deseado? ¿Cómo explicarlo si la adscripción a una mutualista es uno de los indicadores relevantes para pertenecer al nivel socioeconómico medio?

    Queda confirmado con este resultado lo que ya sabíamos por algunas encuestas: que la mujer de nivel socioeconómico bajo es uno de los segmentos de población que está más en contra de la ley de octubre de 2012, mientras que (y no es casualidad) los hombres de nivel medio y medio alto son los que están más a favor. ¿A qué segmento de población cree usted que pertenecen mayoritariamente los 77 legisladores que votaron favorablemente por la ley y el propio Dr. Briozzo?

    Sorprendió menos saber que el 63% de los casos se registraron en Montevideo cuando en esta ciudad vivimos el 40% de los uruguayos, pero no es una cifra incoherente con lo reseñado en el párrafo anterior.

    Y para completar las sorpresas cabe reseñar que solo el 15% de las mujeres que pusieron fin a su embarazo tenían menos de 19 años, cuando antes no dejaba de estar en los discursos abortistas que son las adolescentes el público más vulnerable al drama de un hijo no deseado.

    Hace bien el Dr. Briozzo en enorgullecerse que haya habido 0 muertes por causa de un aborto en el período reseñado, cuando el año pasado fueron 2 y desde 2008 era 0, pero no debiera olvidarse que en los hospitales de ASSE también han muerto mujeres en este mismo período, pero cuando estaban para dar a luz. Abortar es seguro, pero parir no. ¿En qué estadística las va a poner?

    Hay aquí demasiadas incoherencias como para alegrarnos por estos resultados.

    Francisco Rodríguez Folle

    CI 1.296.568-6

    Trámites engorrosos

    Sr. Director:

    Necesarios cambios en DGI y BPS. En estos días centenares de miles de contribuyentes debemos presentar nuestras declaraciones juradas de IRPF e IVA correspondientes al año 2012. Es realmente asombroso y decepcionante comprobar que las aplicaciones informáticas de la DGI, lejos de ayudarnos a cumplir con la ley, son tan complicadas y poco amigables que en realidad nos lo dificultan y nos generan desagrado, retrasos y pérdida de tiempo. Los bien intencionados mecanismos de ayuda al contribuyente resultan ineficaces. Me refiero a las enormes colas para realizar consultas y a la pobreza de las respuestas de la dirección de correo electrónico donde ofrecen ayuda informática. Como resultado, cada vez más gente paga a terceros para que declaren sus impuestos o apela a parientes preparados específicamente, un ingeniero de sistemas en mi caso, para que nos den la mano que no nos da el sistema. Mi pariente me comentó que ya había ayudado a varias personas que luchaban por generar el archivo xml en sus computadoras y que no entendía por qué la DGI la complicaba tanto en vez de ayudar a contribuir.

    Viví en España 10 años y allí declaraba el impuesto a la renta una vez al año y sin dificultad alguna. Aquí tengo que realizar tres declaraciones: IRPF, IVA y Fonasa, y todas con aplicaciones informáticas engorrosas. Para frutilla de la torta, el timbre que exige la declaración del IVA, al menos en mi barrio, brillaba por su ausencia. Qué poco costaría que se vendiera en los propios Abitab, ¿no?

    Puedo escribir esta carta porque estoy de licencia, lamentablemente por enfermedad, y con ese tiempo que habitualmente los trabajadores no tenemos para hacerlo.

    El tema de la enfermedad me lleva al BPS, donde para poder entregar el comprobante de que no se asiste a trabajar tampoco al empleo público (los privados pasan la comunicación directamente al BPS de la licencia del trabajador), se saca un número que en general tiene unas 150 personas antes y donde también hay larguísimas colas. Colas que son pesadas para cualquier ser humano pero imposibles para una persona enferma. Y si no hay papelito del empleo público ingresado no hay cobro del seguro de enfermedad. Entonces tiene que ir a hacer la cola el familiar más cercano disponible que en general es justamente quien puede cuidar-acompañar al paciente, a quien entonces debe abandonar para ir a hacer la cola o éste no cobra.

    Tanta complicación justamente cuando más se necesita facilitación, cuando hay más gastos (medicamentos, órdenes, estudios, etc., etc.) y menos ingresos. ¿Por qué no le piden a la empresa pública que certifique que el trabajador está certificado? ¿Por qué no ponen más gente y atienden más rápido? Por otra parte, se debe probar heroicamente que se está enfermo para cobrar pero a la hora de pagar al BPS tal prueba no sirve para nada. Digo esto porque debido a mi enfermedad no pude hacer en fecha la declaración jurada del Fonasa. Consulté al respecto y me expresaron que la hiciera fuera de fecha con la multa correspondiente y que no servía de nada haber estado enferma para exonerar la misma. ¡Qué macanudo!

    En fin, estoy segura de que si hubiera una encuesta de opinión la mayoría se expresaría criticando las engorrosas aplicaciones informáticas de estos organismos y lo cuesta arriba que resulta tramitar el seguro de enfermedad en el BPS si se tiene un empleo privado y otro público.

    Agradeciendo la publicación de estas líneas que intentan generar cambios positivos, saluda atentamente,

    Inés Vidal

    CI 1.275.926-5

    Personas que viven en la calle

    Sr. Director:

    Con el arranque del invierno nos empezamos a acordar de nuevo de que hay personas (no muebles ni parte del decorado urbano) que viven en la calle.

    El 16 de julio, “El País” publicó un artículo titulado “Ayudar o no a los indigentes: la IMM critica ‘el asistencialismo’”.

    En el marco de dicha nota se citó repetidas veces al coordinador del Comité Departamental de Emergencia, Jorge Cuello, así como al psicólogo que trabaja en todas las actividades vinculadas al Comité de Emergencia, Aldo Tomassini.

    Parto de la base de que se trata de dos personas con una gran vocación de servicio y muy buena voluntad, pues su trabajo demanda ambas características.

    Entiendo también que el punto de partida es totalmente equivocado. Se parte de la premisa de que el indigente no recurre al refugio porque es asistido por terceras personas. De que la persona en situación de calle rechaza la solidaridad estatal porque está “bien comido”, porque en el bar de la esquina le dan una milanesa o un plato de ravioles. La reducción del problema se me antoja indecente.

    Un vecino que arrima una manta a quien roza la hipotermia termina por convertirse en un obstáculo para la perfecta concreción del Estado benefactor.

    Las respuestas al problema, tanto en las palabras como en las acciones tomadas (dicho sea de paso, parece que el invierno nos tomara por sorpresa cada año), tienen la apariencia de haber sido dadas a luz en la mesa de una sala de reuniones. Vaya si será equivocado el punto de partida.

    “Lo paradójico es que, por lo general, los vecinos que denuncian la situación de indigentes son los mismos que los cobijan, dándoles un colchón, una frazada o un plato de comida caliente. Por querer ayudar no están dando una solución. Entonces, hay que partir de la base que existe mucha gente que legitima que las personas estén en la calle, en vez de buscar un refugio”, expresó Cuello.

    “Por querer ayudar no están dando una solución”. Me aventuro, en primera instancia, a decir que sí se está dando una solución. La solución es, por definición, respuesta afirmativa ante una problemática. Y el problema en ese momento es fácilmente concebible: se asiste a la persona o se muere de frío (personalmente creo que se muere de indiferencia, de marginación, pero no pretendo ir demasiado a fondo). ¿Se soluciona el problema más inmediato entonces? Claro que sí.

    Pero quizá Cuello y Tomassino se referían a otro problema de mayor “mediatez”; que no se trata de la hipotermia. El problema es que como uruguayos, como habitantes de un país de unos pocos, no nos podemos dar el lujo de tener hermanos durmiendo en la calle. Si de eso se trata, coincido absolutamente. Es un crimen moral que jamás se tipificó y que a todos los gobernantes de nuestra historia debería pesar.

    Veamos: conozco personalmente a una veintena de hombres y mujeres que viven en la calle. Muchos de ellos pernoctan a la intemperie desde hace más de treinta o cuarenta años. Otros, lamentablemente, jóvenes como yo, hace no más de unos meses, a lo sumo un par de años. Las circunstancias que los llevaron, o aquellas que los mantienen en la calle, son inabarcables, a veces inimaginables. Habitualmente están cargadas de dolor, de amargas vivencias. Resulta sorprendentemente normal que quien vive en la calle los 365 días del año, tenga hermanos, padres, hijos, que llevan una vida ajustada a la norma.

    “¿Por qué no te vas con tus hijos?”, “¿por qué no llamás a tus padres?”. De nada valen estas preguntas. Siempre aparece la respuesta lógica que aplaca.

    Lo mismo ocurre con la pregunta de por qué existen ciertos hombres y mujeres que no ven el refugio como una posibilidad. La respuesta tendría tantas aristas que la enumeración sería interminable y carente de sentido. Para tener una perspectiva, basta ir al párrafo anterior. Cuarenta años en la calle.

    A menudo suelo pensar qué sería de mí, de tener que pasar una sola noche como éstas, tirado contra un muro en la rambla portuaria con una cobija; entre dos cartones “bancando” la corriente de viento congelado que sopla en Cádiz y Trento; bajo algún alero en Avenida Italia, en Tres Cruces o en el Centro. Ni una noche. Probablemente no toleraría una sola noche. No con la entereza con que ellos soportan la aspereza de la oscuridad. Menos aún en invierno.

    La realidad es que cuarenta años es mucho tiempo. También lo son veinte, diez, cinco. Y las respuestas del porqué no entrar a un refugio también son muchas. Tantas como personas en situación de calle. Tan sencillo y tan complejo como que debe buscarse una respuesta en cada persona y no una respuesta abarcadora del género “persona en situación de calle”.

    El Canario no va a un refugio porque descarga camiones en el Mercado Modelo a las 3 de la mañana, horario en que las puertas están cerradas. Pues a sus 55 años, es su único medio de vida y lo cambiará solo por otro trabajo. El abuelo mira de reojo a sus perros cuando se le plantea la posibilidad de ir a un lugar de acogida. “¿Y ellos qué?”. Jamás va a dejar a quienes lo abrigan noche a noche. Pedro llora de frío, pero se niega a entrar a un lugar donde arriesgue perder sus poquitas pertenencias. Jesús cuida autos entrada la noche y tempranito de mañana. Ir a un refugio le significa perder el lugar de trabajo que tanto le costó mantener. Ángel te dice que a los 28 años, con tener un baño y un espejo para afeitarse, podría encontrar trabajo en cinco días. Carolina tampoco va a ir a un refugio. No hay que ser médico para ver que no está en sus cabales. Marcos “volquetea” para sacarse el bajón que le dejó la última pitada o para darse una vuelta por “la boca”. Necesita estar toda la noche en la vuelta, la pasta base es así.

    Seguramente sea verdad lo que decía Cuello. “Por querer ayudar, no están dando la solución”. No estamos dando la solución. Porque hay tantas soluciones como nombres.

    Tomassini, que es psicólogo y trabaja, como decía al principio, en el Comité de Emergencia, concluía lo siguiente: “En el invierno que murieron cinco personas (2011) yo salí a convencer a la gente de que fuera a un refugio. Ellos (los indigentes) no querían saber nada. Y yo les decía que ahí iban a tener un plato de comida caliente. Hasta que uno me paró en seco y me dijo: ‘flaco, dejame tranquilo, yo como mejor que vos. Mirá… ese boliche de ahí me da milanesa en dos panes todas las noches, este otro boliche me da ravioles’. Y era cierto, comía mejor que yo”. Más allá del cinismo del “comía mejor que yo”, hay dos cosas que me llaman la atención. Una de ellas es la oferta, tímida, de un plato de comida caliente. Y la otra, que ante el argumento de “yo como mejor que vos”, se acabó el arte de convencer.

    Repito. Hay tantas soluciones como nombres. Siguiendo un razonamiento lógico, para conocer las soluciones hay que “conocer los nombres”. Es apremiante arremangarse, hincarse, abrir bien los oídos y elegir mejor las preguntas. Bueno sería también escuchar a los que dedican su vida a la gente en situación de calle, en lugar de pedirles que abandonen su tarea. La soberbia de entender el paternalismo estatal como panacea, es la peor de las faltas.

    Ni Cuello, ni Tomassini, ni quienes tienen a cargo las políticas “sociales”, ni yo, tenemos hoy en día el remedio para acabar con la marginalidad. Al menos no demostramos tener el amor por la humanidad que se necesita para hacerse cargo del asunto. Pero podríamos comenzar por una largada sincera. Podríamos emprender buscando las respuestas en donde está el problema: a la intemperie.

    (Leí por ahí también que la Intendencia de Montevideo pedía que no se le entregara ropa a la gente en situación de calle pues dejan la ropa tirada cuando se mudan. Por favor, saquen la foto más de cerca y vean lo que estas personas llaman “piojo de ropa”. Así, van a entender por qué dejan la ropa).

    Alejandro Sciarra Marguery

    CI 4.281.691-6