Casco y escafandra

En los últimos tiempos, Díaz ha formulado cuestionamientos sobre el funcionamiento judicial que se acentuaron cuando la Corte reclamó más dinero para poner en marcha el Código del Proceso Penal (CPP).

Pero en las decisiones políticas y en la vida, la línea recta no es siempre la distancia más corta ni la mejor. Tampoco hay que perder de vista que quien se precipita corre el riesgo de precipitarse. Si transcurrieron 36 años con el actual Código, no es dramática una prórroga de seis meses o un año.

Las pullas de Díaz minimizado el reclamo judicial no parecieron oportunas. La corporación advirtió que sin recursos no podría designar jueces, médicos ni defensores y tampoco tener salas adecuadas para los juicios orales y públicos. La responsabilidad de satisfacer esa demanda era del gobierno. Tanto es así que meses más tarde anunció nuevos recursos para el Poder Judicial a través de la ley de Rendición de Cuentas.

El 24 de mayo, en la Comisión de Diputados, Díaz aumentó los decibeles y provocó un quiebre. Reclamó cambios en el Poder Judicial: “No podemos seguir con un régimen de feria judicial de treinta y ocho días para la feria judicial mayor; quince días de feria judicial menor y siete días de Semana de Turismo, lo que hace que durante sesenta días al año el sistema de administración de Justicia esté paralizado”.

Las ferias “son una especie en extinción” en los países con un CPP moderno, dijo. “Tampoco podemos seguir trabajando en un régimen de 13 a 18 horas”. Opinó que se debe controlar la asistencia diaria de los operadores del sistema de justicia a sus despachos. Cuando dijo “operadores” estaba incluyendo a jueces y fiscales.

No fue improvisado ni producto de una explosión emocional. Por eso comentó a los legisladores: “Sé que después que diga esto deberé salir con casco y escafandra”.

Tiene derecho a decir lo que piensa. ¡Bueno sería lo contrario! Pero no hay que perder de vista —como le retrucó el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique— que hay asuntos que se discuten “con los interlocutores válidos”.

Las ferias solo se pueden cambiar por ley y la opinión de la Corte es central. Por algo fracasaron anteriores iniciativas. “Nadie tiene que decirnos lo que tenemos que hacer”, advirtió Pérez Manrique.

Esos feriados no son inútiles. Jueces y funcionarios toman sus licencias anuales, los juzgados se ordenan internamente, los jueces estudian o redactan sentencias y los abogados se toman un respiro. La necesidad e importancia no está en discusión; en todo caso su duración.

La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), cuya directiva Díaz integró en el pasado, reaccionó duramente y le criticó su “actitud avasallante”.

Calificó sus dichos como “verdades a medias”: en penal, adolescentes, violencia doméstica y “otras (materias) que la urgencia lo requiera” se trabaja “todo el año”.

“En la materia penal, que parece ser la única que le preocupa al fiscal general, no existen días no laborables. Se trabaja los 365 días del año, circunstancia que no debería desconocer un ex juez”, advirtió la AMU. Y agregó que la Fiscalía de Corte es un servicio descentralizado “tutelado por el Poder Ejecutivo”.

Díaz fue juez entre 1994 y 2012 y durante los últimos siete años, antes de ser fiscal de Corte, se desempeñó como juez penal y del Crimen Organizado.

La AMU enfatizó que una reforma de la envergadura del CPP requiere “una fuerte inversión económica”.

En su expresión más dura, los jueces le atribuyen mala fe. Lo expresan por el opuesto: toda apreciación debe hacerse “dentro del marco de la buena fe y con responsabilidad”.

Probablemente, cuando Díaz dijo que necesitaría casco y escafandra pensaba en reacciones judiciales. No esperaba las del gremio de los fiscales que recientemente lo había cuestionado por opinar sobre un dictamen de la fiscal penal María del Huerto Martínez.

Los fiscales volvieron a sentirse afectados y le recordaron a su jefe que cumplen funciones “a lo largo de todo el año, lo que incluye las ferias judiciales, Semana de Turismo y días inhábiles”.

El “sistema judicial” es uno independientemente del papel que cada uno desempeñe en el proceso. Los fines son los mismos: administrar justicia. Aunque parezca baladí vale recordar a José Hernández: “Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera”.

Hace mucho tiempo que los de afuera nos vienen devorando y no hay casco ni escafandra que nos proteja.