N° 1917 - 11 al 17 de Mayo de 2017
, regenerado3N° 1917 - 11 al 17 de Mayo de 2017
, regenerado3Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáSolo la cuadrícula demagógica de algunos dirigentes sindicales puede justificar trampas dialécticas. La misma que utilizan para apoyar la dictadura de Nicolás Maduro, intentar esquivar irregularidades —cuando no delitos— del plan sindical de viviendas, o apoyar los piquetes con la excusa del derecho de huelga. Eso y mucho más les permite continuar apoltronados y evitar las ocho horas.
Ese electoralismo populista no es nuevo, pero asombra que quien encabeza un gremio progresista y de izquierda abogue por violar los derechos humanos con una propuesta que solo los totalitarios pueden avalar.
El 1º de mayo, desde la tribuna de celebración del Día Internacional de los Trabajadores, la dirigente de la Federación Uruguaya del Magisterio, Elbia Pereira, que integra la Mesa Representativa del PIT-CNT, se despachó con una exigencia: “El gobierno nacional tendrá que elegir si construye más escuelas, más centros educativos y los dota de lo necesario, o plazas carcelarias. ¡Salones de escuelas o celdas!”.
No lo improvisó. Lo cree realmente porque algo similar había expresado durante una entrevista periodística. (Búsqueda Nº 1.908)
Le reclama al gobierno que no combata el hacinamiento de los presos y que viole el artículo 26 de la Constitución: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.
¡Propone violar los derechos fundamentales de más de 11 mil reclusos!
Nadie duda de que haya que invertir en educación, y mucho, pero también en celdas. No son objetivos antagónicos.
La maestra prefiere ignorar el infierno de esos campos de concentración. En 2010, Manfred Nowak, ex relator sobre la tortura de la ONU, visitó las cárceles y dijo que tenían “condiciones infrahumanas”. Advirtió, por ejemplo, que en el penal de Libertad “los internos se hacinan como animales enjaulados (…) solo pueden salir de las celdas un máximo de cuatro horas a la semana (…) tienen restringido el acceso al agua lo que los obliga a beber del retrete (…) y para satisfacer sus necesidades fisiológicas tienen que utilizar botellas o bolsas de plástico”.
Recientemente el comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit, admitió que el sistema penitenciario mejoró en los últimos años pero “sigue estando muy mal”. Uruguay tiene el “triste récord histórico” de 320 presos cada 100.000 habitantes: “entre los primeros 30 países con más presos en el mundo”.
Reseñó que en 33% de los centros carcelarios, de acuerdo con las normas internacionales, hay “trato cruel, inhumano o degradante”. En otro 41% las condiciones mejoran, pero siguen siendo “insuficientes para la rehabilitación”, y solo 26% de las prisiones dan “oportunidades de rehabilitación”. (Busqueda, Nº 1.916)
El comisionado señaló una carencia que debería constituir el desvelo de una docente como Pereira: en las cárceles no hay programas educativos. Pero ella está para la demagogia. ¡Total, solo son presos!
Tal vez Pereira tiene argumentos para convencer a hijos, hermanos, cónyuges, padres y madres de que el gobierno no debe invertir en celdas. ¿Sabe cuántos de los casi 20.000 maestros tienen hijos, hermanos, parejas y familiares reclusos a quienes su propuesta agrede? Muchos. Pero contradecirla puede ser peligroso.
La cuestión, señora Pereira, es que si esto no cambia, todos, incluida usted, tendremos que usar armaduras. Petit alertó de que por la degradación carcelaria “todos los años hay unos 2.000 presos que salen peor de lo que entraron (…) estamos atacando el fuego con gasolina”.
Hasta aquí la posición “humanitaria” de la maestra. Hay más.
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, cuestionó que los trabajadores judiciales hayan contratado al abogado Pablo Donnángelo para gestionar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que el gobierno les pague una deuda de casi U$S 41 millones. Casi la mitad de los préstamos incobrables que otorgó el Fondes pese a informes negativos de técnicos del Poder Ejecutivo.
El enojo de Murro surgió porque integrantes del gremio judicial, con el patrocinio de Donnángelo, denunciaron en la OEA que el Estado no les paga e incumple una sentencia que lo condenó a hacerlo.
El ministro argumentó: “Apareció una situación nueva (es falso porque se lo advirtieron), que se han hecho dos planteamientos en la OEA contra el Estado uruguayo. Uno lo hace casualmente el mismo abogado que defendió a los Peirano (Juan, Jorge, Dante y José), lo que nos llamó la atención”.
¿Qué quiere decir con “casualmente”, y qué es lo que le llama la atención? ¿Le atribuye a los trabajadores y al abogado algo turbio? ¿Cómo es posible que ignore que todo recluso, procesado o condenado tiene derecho a la defensa que elija?
Solo un Estado que garantice el funcionamiento democrático, la primacía de la ley y respete las resoluciones de los tribunales puede merecer el calificativo de Estado de Derecho.
¿Lo hizo con mala fe, por ignorancia o debido a una memoria enclenque? En la defensa de los hermanos Peirano Basso no solo intervino Donnángelo. También lo hicieron, en diferentes instancias y con pleno derecho, Diego Camaño, Cecilia Salhon y dos abogados argentinos.
Ni al más reaccionario se le ocurriría cuestionar que el abogado que defendió a Murro durante su prisión de cinco años asesorara luego a otras personas. Tampoco que los abogados de varios de los gobernantes oficialistas procesados defiendan a otros. ¡Bueno sería!
Su reacción desnuda la preocupación de que el Estado sea condenado en la OEA. Hasta ahora el gobierno transó el pago de la deuda con jueces, fiscales y defensores de oficio que aceptaron cobrar menos. Los funcionarios de a pie reclaman todo. Más prudente, pero en la misma dirección, el lunes 8 el presidente Tabaré Vázquez llamó a los funcionarios judiciales a la “reflexión” para que acepten la quita que les propone el gobierno.
Para Donnángelo las expresiones del ministro son “una forma de presionar para que no sigan adelante”. Remarcó en “El País” que “por suerte el Sistema Interamericano tiene muy claro, a diferencia de Murro, que los ataques a los defensores de los DDHH están entre las conductas más graves que realizan los Estados. Ya agregamos esto como un hecho nuevo en la denuncia ante la Comisión Interamericana”.
¿Qué dicen los partidos sobre estos ataques a derechos fundamentales? Como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nada.
El ministro lanzó un búmeran. Dio vuelta en el aire y se estrelló en su cara y en la del gobierno.