Chantaje a Sánchez

Por ello, vayamos al comienzo: la principal diferencia entre España y Uruguay estriba en que en este país de 3,3 millones de habitantes los conceptos de democracia, respeto por las instituciones y derechos ciudadanos están arraigados desde el nacimiento. En España la mayoría de sus 47 millones de habitantes nacen atrapados por centenares de años de influencia de la Iglesia católica y de la monarquía. Existe amplia ignorancia popular sobre el Estado de derecho y otros conceptos básicos como los derechos a discrepar y a la libertad de expresión. Pesa la rígida moral impuesta por el nacionalcatolicismo.

En la monarquía parlamentaria española el cargo de presidente se decide con el voto mayoritario de los diputados, que están atomizados en diversos partidos, en los cuales pesa la presión de las comunidades autónomas, varias con lengua propia y cooficial: Cataluña, Comunidad Valenciana, islas Baleares, País Vasco, Navarra y Galicia. Complicado lograr consensos. Pero eso es lo que acordaron los partidos para salir de la dictadura de Franco: repartirse el país sin pensar en el futuro.

Por eso el Partido Popular (PP), pese a que ganó las elecciones generales con 33,05% de los votos, no logró suficiente apoyo legislativo para instalar en la presidencia a su líder, Alberto Núñez Feijoo. En cambio, el derrotado electoral con 31,70% de los votos, el presidente Sánchez  del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), puede ser elegido para un segundo mandato, ignorando sus propias críticas contra los independentistas que en 2017 se inventaron un referéndum local para luego declarar la independencia de su comunidad. Si no fue un golpe de Estado, pegó en el palo.

Varios fueron procesados por la Justicia, entre ellos el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, líder de esos movimientos ilegales. Ante la certeza de la prisión judicial huyó y desde hace cinco años se encuentra prófugo en Bruselas, junto con otros siete exgobernantes, incluidos en el chantaje a Sánchez. Quienes fueron juzgados en España resultaron condenados.

Puigdemont es actualmente eurodiputado de la coalición del partido catalán Junts per Catalunya y cobra 9.808,67 euros mensuales con cargo al presupuesto del Parlamento.

El chantaje (en términos más académicos, la extorsión) de Puigdemont no es asilado. La amnistía podría extenderse a todos los dirigentes políticos golpistas de nivel inferior prófugos o que ya sufrieron prisión. Una amnistía implica la extinción de la responsabilidad penal sobre los delitos cometidos y quedarían limpitos para organizar otro nuevo golpe.

Sánchez sabe que sin los votos independentistas no podrá ser nuevamente presidente y busca contemplar las exigencias de los chantajistas que pretenden una amnistía y la subsecuente independencia catalana. Es el camino que como un cordero transita Sánchez. No está solo. La semana pasada tuvo un implícito apoyo del rey Felipe VI: “Las soluciones a los problemas de España, llegarán de la unidad, nunca de la división”. Aunque no refiere a la amnistía, es obvio que no quiere líos pero igual los tendrá.

Pero la filosofía autocrática de Sánchez encuentra resistencia ente la mayoría de los españoles patrióticos que reivindican exclusivamente la condición de nación, resistencia entre algunos juristas que la cuestionan y —seguramente lo de mayor peso político— resistencia entre líderes de su propio partido como el expresidente Felipe González. Existe un “interés personal” de Sánchez para una segunda presidencia y no habría amnistía si no necesitara los votos del congreso, afirmó el líder socialista.

En una posición similar se ha ubicado el expresidente José María Aznar del PP. “Antes de perder las elecciones y sin respaldo en el congreso Sánchez tildaba una amnistía como algo inadmisible”, recordó el expresidente, quien reclamó una movilización popular y los amnésicos socialistas lo tildaron de “golpista” por convocar a los ciudadanos a expresar su rechazo. Matar la libertad de expresión es lo mismo que matar los derechos humanos.

En Uruguay algunos militantes de izquierda han aplaudido la amnistía, pese a que entre ellos hay algunos juristas. El fundamento de preescolares utilizado es que se le traba el camino al PP y a sus aliados de ultraderecha de VOX. Nada dicen de los aliados de ultraizquierda del PSOE (Podemos y compañía), que gobiernan desde hace cuatro años, ni sobre los conflictivos independentistas que se sumarían con la amnistía.

Pese a la oposición popular y política, Sánchez no cesará en su batalla para imponer la amnistía y es muy probable que lo logre mediante ardides similares a los que utilizan los estafadores. Probablemente encuentre un camino muy parecido al de una revelación bíblica porque nada le importa el golpe de Estado catalán, la patética declaración de independencia, los delitos de corrupción de aquellos gobernantes catalanes para financiar un referéndum inválido, ni el desprecio por el idioma español para imponer el catalán.

En definitiva, comentó un analista político, Sánchez se autoconvencerá e intentará convencer de que los golpistas todo lo hicieron con un lícito beneficio de la patria catalana y volverá a sentarse en el sillón presidencial.