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Las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentarán este mediodía en Fiscalía General una denuncia penal contra el anterior directorio de la institución por presuntas irregularidades durante su gestión. Está previsto que concurran a Fiscalía representantes del actual directorio y el asesor letrado, Ramiro Olmos, dijeron a Búsqueda fuentes del organismo.
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El jueves 23 de abril, el actual directorio decidió hacer una denuncia penal sobre hechos que podrían configurar delitos. Estos fueron detectados en una auditoría relacionada “a los procesos que determinaron el aumento del gasto en estudios y traslados durante los años 2022 a 2024”, o sea, durante la anterior administración.
La “magnitud económica de las sumas involucradas, la reiteración sistemática de observaciones por parte del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la eventual afectación del erario público y las conductas descritas que prima facie podrían trascender el ámbito estrictamente administrativo y subsumirse en figuras típicas previstas en la normativa penal vigente”, señala el texto, por lo que Jurídica de ASSE recomendó ir a la Justicia.
El actual presidente de ASSE, Álvaro Danza, había adelantado esta posibilidad a Búsqueda, en una entrevista publicada el 27 de noviembre pasado. “El concepto de auditoría es educativo, que no termina hasta que el equipo auditor se reúne con el de gestión. Es un concepto de mejora continua, describir procesos, encontrar cosas, mejorar cosas… Pasa que en ese proceso a veces se detectan cosas que se hicieron demasiado mal y entonces ameritan otros procedimientos administrativos”, dijo entonces, aclarando que “de momento” no se había dado paso a la Justicia.
Según la resolución, a la que tuvo acceso Búsqueda, la auditoría encontró “presuntas irregularidades respecto a los aspectos financieros y a la contratación de servicios en las mencionadas Unidades Ejecutoras, en tanto se detectaron debilidades, irregularidades e incumplimientos a la normativa en los procesos de compras, así como controles insuficientes en el cumplimiento efectivo de los servicios prestados”. Durante el período auditado también se analizaron convenios de complementación de servicios con Casmu, el Círculo Católico y la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi).
De acuerdo con la resolución, la denuncia penal alcanzará a quienes fueron autoridades de ASSE durante el período anterior: los expresidentes Cipriani y Sosa, los exdirectores Julio Micak y Natalia Pereyra, el exgerente general Eduardo Henderson y la exdirectora administrativa de SAME 105 Karina Oxley. Ellos fueron “individualizados (...) como presuntos responsables de falta administrativa”, pero al no tener ya “vínculo funcional” con la institución esta no podía actuar sobre ellos, por lo que los antecedentes fueron derivados a la Justicia.
