Autoridades de ASSE presentaron en Fiscalía una denuncia penal contra el anterior directorio

El diputado frenteamplista Federico Preve dijo por su parte que esto determinará "responsabilidades penales evidentemente, de las personas involucradas en estos montos excesivos, que derivaron en algún favoritismo para algunas empresas". Esto, añadió, es parte de lo que quiere analizar la comisión investigadora que impulsa el Frente Amplio a nivel parlamentario para detectar "responsabilidades políticas" en paralelo al camino penal iniciado hoy.

Legisladores del Partido Nacional quieren que la comisión investigadora parlamentaria no se limite al último período de gobierno sino que inicie en 2015 y culmine con la gestión actual a cargo de Danza. El diputado Federico Casaretto dijo a Búsqueda que "nada" le llama la atención de la denuncia presentada hoy. Sí le resulta "llamativo el entorno".

"Llama poderosamente la atención que el propio jerarca sea quien haya a presentar la denuncia, cuando ASSE tiene sus propios servicios jurídicos. Me parece que lo que buscaron es generar otra noticia para tapar toda la verguenza de lo que está pasando con (la ministra de Salud, Cristina) Lustemberg. Eso por no decir que es llamativo que la persona más cuestionada que haya estado frente a ASSE (en referencia a Danza), que incluso le pidió a los diputados del Frente Amplio que no incluyeran su período en la investigadora, haga esta movida personalmente", señaló el legislador nacionalista.

En relación a Lustemberg, Casaretto refiere a las recientes renuncias de las autoridades de la Dirección General de la Salud y de 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, luego de que la ministra redujera de cinco a tres años una sanción que este colectivo le había impuesto a una médica anestesista por su responsabilidad en la muerte de una colega en una intervención quirúrgica. Por este caso, la madre de la fallecida denunció a la jerarca ante el Tribunal de Ética del Colegio Médico del Uruguay.

Sobre Danza, Casaretto apuntó a sus trabajos en el sector privado mientras paralelamente presidía ASSE y el cobro de una partida mensual por "dedicación permanente" en ese período, entre otros elementos que consideró cuestionables.

Contexto

Los convenios de complementación de ASSE con las mutualistas Casmu y Círculo Católico, así como el vínculo que SAME 105 (la emergencia móvil del prestador público) tuvo con la empresa ITHG son algunos de los gastos y compras directas que "no se controlaron de forma adecuada", al decir de Danza, en algunos de los casos "intervenidos sistemáticamente" por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

El jueves 23 de abril, el actual directorio decidió hacer una denuncia penal sobre hechos que podrían configurar delitos. Estos fueron detectados en una auditoría relacionada “a los procesos que determinaron el aumento del gasto en estudios y traslados durante los años 2022 a 2024”, o sea, durante la anterior administración.

Jurídica de ASSE recomendó acudir a la Justicia por la “magnitud económica de las sumas involucradas, la reiteración sistemática de observaciones por parte del TCR, la eventual afectación del erario público y las conductas descritas que prima facie podrían trascender el ámbito estrictamente administrativo y subsumirse en figuras típicas previstas en la normativa penal vigente”.

El propio Danza había adelantado esta posibilidad a Búsqueda, en una entrevista publicada el 27 de noviembre pasado. “El concepto de auditoría es educativo, que no termina hasta que el equipo auditor se reúne con el de gestión. Es un concepto de mejora continua, describir procesos, encontrar cosas, mejorar cosas… Pasa que en ese proceso a veces se detectan cosas que se hicieron demasiado mal y entonces ameritan otros procedimientos administrativos”, dijo entonces, aclarando que “de momento” no se había dado paso a la Justicia.

Según la resolución, a la que tuvo acceso Búsqueda, la auditoría encontró “presuntas irregularidades respecto a los aspectos financieros y a la contratación de servicios en las mencionadas Unidades Ejecutoras, en tanto se detectaron debilidades, irregularidades e incumplimientos a la normativa en los procesos de compras, así como controles insuficientes en el cumplimiento efectivo de los servicios prestados”. Durante el período auditado también se analizaron convenios de complementación de servicios con Casmu, el Círculo Católico y la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi).

De acuerdo con la resolución, la denuncia penal alcanza a quienes fueron autoridades de ASSE durante el período anterior: los expresidentes Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa, los exdirectores Julio Micak y Natalia Pereyra, el exgerente general Eduardo Henderson y la exdirectora administrativa de SAME 105 Karina Oxley. Ellos fueron “individualizados (...) como presuntos responsables de falta administrativa”, pero al no tener ya “vínculo funcional” con la institución esta no podía actuar sobre ellos, por lo que los antecedentes fueron derivados a la Justicia.