La nueva representación de los trabajadores, las empresas y los jubilados y pensionistas en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) para el quinquenio 2027-2031 deberá definirse este año mediante elecciones obligatorias fijadas por la Corte Electoral para el próximo 22 de noviembre. Aunque todavía faltan varios meses, ya se están perfilando competencias en los tres órdenes, con más de una lista en cada uno.
Estos “directores sociales” forman parte del directorio designado por el Poder Ejecutivo, actualmente integrado por Jimena Pardo como presidenta, Rosario Oiz como vicepresidenta, y los directores Ana Clara Boussés y Ariel Ferrari.
En el ciclo electoral anterior, del 2021, se emitieron 1,4 millones de votos, que representaron un 77,6% del padrón habilitado. Por los trabajadores ganó la lista 11 del PIT-CNT con la reelección de Ramón Ruiz; por las empresas triunfó la oposición con la lista 26 de José Pereyra, vinculada al movimiento Un Solo Uruguay (USU), y por los pasivos fue la lista 1 de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), liderada por Sixto Amaro, también reelecto.
Los candidatos
Si bien el plazo para el registro de hojas vence en octubre, ya hay candidatos anunciados, y a priori habrá competencia en cada uno de los órdenes. Por segundo ciclo consecutivo el movimiento de origen ruralista USU presentará tres listas, aunque todavía no definió los integrantes, recogió Búsqueda.
Tras la renuncia de Ruiz en 2024, que obtuvo más de 434.000 votos en las elecciones de 2021, Carlos Clavijo asumió la dirección en representación de los trabajadores y ahora encabezará la lista 11 del PIT-CNT. Lo acompañarán Lorena Luján (Federación de Funcionarios de Salud Pública), Gabriel Nanchez (sindicato de la construcción), Micaela Carballo (Asociación de Trabajadores del BPS), Luis Arijón (federación del comercio) y Pablo Abisab (sindicato de la enseñanza privada).
En 2021 la única competencia en este orden fue de Luis Lisboa, con la lista 16 de USU, que captó más de 257.000 votos por parte de los activos.
El cargo que obtuvo Amaro con casi 149.000 votos de los pasivos, es actualmente ejercido por María Elena Lloveras. Ninguno de los dos se postulará este año; en su congreso nacional del pasado mes de octubre, la Onajpu fue la primera organización en resolver su lista para las próximas elecciones, que tendrá al frente a su secretaria general, Estela Ovelar. Le seguirán Susana Rivero, Héctor Florit, Carlos Notargiovanni, Analía Geugeon y María Celia Vence.
Por otro lado —y con el apoyo de la Confederación Sindical Gremial del Uruguay, que en el pasado presentó candidatos para el orden de los trabajadores—, desde la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay comentaron a Búsqueda que también tienen la intención de postular un candidato propio, aún a definir. En 2021 conformaron la lista 2, liderada por Héctor Morales, que logró casi 24.500 votos.
En aquel entonces la candidata de USU para ser directora por los pasivos fue Victoria Vaz; obtuvo más de 121.000 votos.
Explanada del BPS
Javier Calvelo/adhocFotos
El panorama en el orden de las empresas es, por ahora, el menos claro.
Pereyra, único director social del BPS que se mantuvo en el cargo durante todo el lapso para el que fueron electos en 2021, dijo a Búsqueda que en su momento asumió el “compromiso” de representar a su lista durante un único período. Espera que USU defina un candidato en el correr de este mes.
Las cámaras empresariales tampoco han definido cómo avanzar, indicaron a Búsqueda desde el sector. Hay conversaciones entre los presidentes de las distintas agremiaciones, y al momento aún están “estudiando” si apoyarán algún candidato o impulsarán la presentación de una lista.
Otras fuentes sugirieron que Hugo Odizzio, primero director del BPS en representación del Partido Nacional y luego presidente del organismo al inicio del gobierno de Luis Lacalle Pou, es un nombre que se ha manejado.
Consultado por Búsqueda, Odizzio explicó que está participando en la creación de un “equipo con quienes integren la lista de candidatos y otros actores del ámbito empresarial, para construir una forma de trabajo que se sostenga en el tiempo”. Agregó: “Quien ejerza la titularidad del cargo tendrá su estilo para llevar adelante esa responsabilidad, pero el cambio sustancial que se intenta promover es la constitución de una nueva forma de ejercer la representación, generando propuestas hacia el directorio, que aporten soluciones concretas a los problemas cotidianos de quien se levanta a abrir un comercio y precisa que el Estado lo respalde, le haga las cosas sencillas y se pueda enfocar en lo que sabe hacer: producir y comerciar”.
El exjerarca, quien además fue en el gobierno pasado director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, insistió en que se está en una “etapa de elaboración” de esta propuesta, en torno a la cual está habiendo contactos en estos días, y que no está definido quién encabezaría una eventual lista.
Las fuentes dijeron que otro nombre que han manejado las cámaras empresariales es el de Graciela Álvarez, actual gerenta del sector Sumarios en el BPS y dueña de un emprendimiento.
La amplia victoria de Pereyra en el 2021, con más de 78.000 votos, había causado “sorpresa” e incluso “molestia” entre las cámaras empresariales tras la derrota de su candidato, Marcelo Ríos. Algunos de los comentarios entre los dirigentes referían a un “desgaste” y a necesidad de cambio luego de los tres quinquenios continuos de la lista 22. También habían circulado críticas por un aparente apoyo del Partido Nacional a Pereyra, que “sacó la militancia a la calle” en detrimento de las cámaras. La “incomodidad” con el representante electo continuó los años siguientes, en parte, porque no apoyó la reforma jubilatoria del 2023 al considerarla insuficiente para abatir el déficit del sistema.
Obligatoriedad
El 24 de agosto la Corte Electoral hará público el padrón preliminar de todos los habilitados —y obligados— a votar. Estos son los trabajadores activos públicos y privados mayores de 18 años, los empresarios contribuyentes, y los jubilados y pensionistas por el BPS. Quedan exonerados de la obligación de votar quienes tengan 75 años o más y quienes reciban prestaciones por incapacidad cualquiera sea la edad. También están eximidas algunos tipos de empresas.
La multa por no votar sin justificación es igual a la de las elecciones nacionales, tanto para activos como para pasivos, de una unidad reajustable (UR), cuyo valor en mayo es de $ 1.917. En el caso de los funcionarios públicos o profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República, es el doble.
Para las empresas contribuyentes que tengan hasta 10 trabajadores en planilla, la multa es de 6 UR, asciende a 12 UR para entre 11 y 50 trabajadores, y a 20 UR las que superen los 50 trabajadores. Además, los empleadores son responsables del pago de la multa en caso de incumplimiento por parte de un trabajador.
En el pasado, en distintos momentos, la obligatoriedad de la elección de los directores sociales en el BPS quiso ser eliminada mediante proyectos legislativos que, sin embargo, no prosperaron.
