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El abogado, ex ministro de Economía y habitual columnista de “El País”, Ignacio de Posadas, publicó con su firma un artículo editorial titulado “Reflexiones por Varela”, a propósito de la crisis financiera de la Sociedad Uruguaya de Enseñanza que tiene a su cargo la gestión del Colegio Nacional José Pedro Varela.
El distinguido jurista hace en el citado artículo una defensa de la educación de gestión privada e invita a la reflexión sobre el posible cierre del Varela y eventualmente de otras entidades del sector privado de la educación, más allá de las particulares razones que hayan motivado esta situación que afecta a más de mil familias uruguayas, mayoritariamente de clase media, quienes han hecho ingentes esfuerzos por asegurarle a sus hijos mejores condiciones educativas que las que brinda la alicaída enseñanza pública. Su primera conclusión frente a la eventualidad planteada es francamente compartible: “pierden los chicos; pierden los padres; pierden los docentes y funcionarios que allí trabajan”. Y agrega que también pierde el Estado frente al “problema de tener que absorber más alumnos y empleados sin contrapartida alguna”.
Frente a ese panorama, el doctor De Posadas deja entrever en su artículo la conveniencia de una solución de asistencia económica estatal.
Dada la crítica situación de la educación pública, creemos que no debería descartarse la asistencia a la educación de gestión privada, sobre todo cuando se trata de instituciones del volumen y de larga tradición en el país como es el caso del Colegio José Pedro Varela, aunque dudamos de su viabilidad vista la incipiente crisis que se cierne sobre el país y tomando nota de recientes declaraciones de la señora ministra de Educación y Cultura.
Pero entendemos que de concretarse algún tipo de asistencia o subsidio, deberían existir dos condiciones, a priori no negociables.
La primera es que el Estado audite y controle estrictamente la gestión de aquellas instituciones privadas que reciban subsidios, para evitar descontroles como los que algunos actores alegan que existieron en el ejemplo que nos ocupa.
Y la segunda, pero no menos importante, es que los colegios que reciban la asistencia estatal tengan la obligación de impartir una educación que se ajuste al principio de laicidad contenido en la Constitución de la República. Porque no sería sensato que invocando este tipo de situaciones coyunturales, y al socaire de la crítica situación de la educación pública de gestión estatal, se utilizaran fondos públicos, que provienen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos de todas las tendencias y de todos los credos, o aun sin ellos, para socavar uno de los pilares de la identidad nacional, la educación laica, que nos ha distinguido desde hace más de un siglo en el concierto regional y mundial.
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