Cómo comprar un conflicto de poderes

Esa es la consecuencia del primer enfrentamiento entre poderes de la actual administración y uno de los mayores —por su globalidad— de la historia jurisdiccional. No se trata sólo de una cuestión económica. Lesiona uno de los fundamentos de la vida democrática: igualdad de condiciones e independencia para un funcionamiento armónico entre los tres poderes del Estado. Pesos y contrapesos. Pero a algunos les importa un corno.

Aunque la intención del gobierno hubiera sido otra, por omisión, olvido, distracción o ignorancia, esa ley interpretativa no eliminó la validez del artículo 85 de la Ley de la Judicatura. Por ello, la Corte liquidó los sueldos con aumento durante tres meses y 20 días.

Aumentaron las presiones para no pagar el aumento y el de otros beneficiados (TCA, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas). Urgido por el equipo económico, Mujica, en acuerdo con el Consejo de Ministros, envió al Parlamento una “ley interpretativa” del presupuesto. Pero no fue una interpretación, sino una nueva norma para eliminar de cuajo la que equiparaba el salario de los jueces al de ministros y senadores y el de los otros organismos.

Fue peor. Quienes están facultados para interpretar auténticamente las leyes son los legisladores y no el Poder Ejecutivo que carece de facultades para ejercer esa iniciativa. ¡Un milagro por gracia política! ¡Aleluya!

La ley interpretativa es inconstitucional según algunos especialistas a quienes consulté, aunque probablemente el gobierno haya encontrado otra biblioteca.

Una variedad de consultas avaló a la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) y con esa base el gremio presentó la acción de inconstitucionalidad. La firmaron 426 jueces, entre ellos 22 de los 49 ministros de los Tribunales de Apelaciones. Unos pocos la presentaron en forma individual. (Ver nota en esta página)

Simbólicamente, se presentó el 27 de junio para que coincidiera con la fecha del golpe de Estado de 1973 que degolló al Poder Judicial. Un directo a la mandíbula a los otros poderes para señalar que también en esta democracia hay desbordes institucionales.

“El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nos metieron la mano en el bolsillo para humillarnos como un poder de tercera. Si no fuera triste habría que reírse a carcajadas cuando el presidente Mujica, otros gobernantes y legisladores expresan dislates jurídicos sobre cualquier cuestión como si fueran el Oráculo de Delfos”, comentó un juez.

La acción de inconstitucionalidad no es irreflexiva ni se basa exclusivamente en intereses económicos. Es más profunda. Apunta a la vigencia plena del Estado de derecho. Afecta a todos los jueces —cada uno de los cuales es titular del Poder Judicial— y que, conjuntamente con el Ejecutivo y el Legislativo, conforman el Estado republicano.

Este reclamo significa defender la Constitución, o si se lo prefiere, evitar que la “ley interpretativa” desconozca la Carta y la garantía del artículo 85 de la ley 15.750. Por el camino legal, como corresponde, los jueces pretenden impedir el despojo de la forma republicana de gobierno.

Ese enfrentamiento no es el único. El 2 de mayo, en las preliminares del conflicto, la Unión Internacional de Magistrados —la mayor y más influyente asociación de jueces del mundo— le exigió al gobierno cumplir con la intangibilidad salarial y la Constitución. Nada menos. Pero el gobierno, como en muchos partidos, patea la pelota para adelante. Total, si se declara la inconstitucionalidad le corresponderá al próximo gobierno porque ejecutar la sentencia demorará hasta entonces.

Los jueces están en pie de guerra como pocas veces y preparan nuevas acciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). ¡Pavada de lío compró el gobierno con la “interpretativa”!